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En los últimos treinta años ,todos los países de América Latina y el Caribe han ido adoptado leyes y modificado sus códigos penales y civiles para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La respuesta de los Estados frente a esta lacra social ha nacido en muchos países a partir de propuestas del movimiento de mujeres y feminista.

En este espacio queremos destacar especialmente las últimas leyes, las llamadas de segunda generación, por los avances que suponen respecto a las anteriores. En estas, se ha superado el concepto de violencia intrafamiliar, y se nombra directamente la violencia contra las  mujeres y, en algunos casos, se tipifica el femicidio como figura penal. ¿Qué implica esto?

Las nuevas leyes amplían y toman en cuenta las distintas manifestaciones de violencia  (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, obstétrica, simbólica, mediática…);  algunas consideran la diversidad etaria, sexual, étnico-racial, etc. de las  mujeres; enfatizan la atención integral a las personas afectadas y establecen más medidas de protección y acciones en caso de  incumplimiento. Otro aspecto destacado es que reconocen una responsabilidad clara del Estado, por acción u omisión; asignan, con más precisión, las competencias de los diferentes actores y responsables de aplicación de la ley.

Muchos países todavía no tipifican explícitamente la violación conyugal como un delito

Fuente: El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2011; ONUMUJERES.
Nota: Los datos de este gráfico se refieren a la existencia de legislación que tipifica de manera específica cada forma de violencia como delito. En América Latina y El Caribe, casi el 100% de los países reconocen la violencia doméstica como un delito, sin embargo solo el 65 % de los países considera el acoso sexual como delito y menos de la mitad de los países tiene la figura de violación conyugal contemplada específicamente como un delito.

En algunos casos prevén mecanismos especiales para la coordinación o aplicación de  la ley e incluyen programas de recuperación y atención a agresores, incluso en algunos casos señalan  la necesidad de diseñar sistemas de información que permitan dar  seguimiento al cumplimiento de la ley (establecimiento de indicadores  para el monitoreo).

Leyes de segunda generación contra la violencia hacia las mujeres