Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Guatemala


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 la evolución de Guatemala ha sido positiva en el valor del indicador, logrando la posición 118 entre 177 países (con un valor de 0.673), en la categoría de países con desarrollo humano medio. Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2005, el valor del IDH para Guatemala era 0.663 y se ubicaba en la posición 117 entre 177 países.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

El valor del IDG de Guatemala en el Informe del 2005 fue de 0,649, ocupando la posición 94 en un ranking de 140 países. En el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006,llegó a la posición 90 entre un ranking de 136 países, con un valor de 0.659.

El Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2006 detalla que la esperanza de vida para las mujeres era aproximadamente de siete años superior a la de los hombres (71.3 y 63.9 respectivamente). La tasa de alfabetización en adultos a partir de 15 años indica todavía una gran brecha de género de casi siete puntos (63.3% para mujeres y 75.4% para hombres). En cuanto a la tasa de matriculación combinada en enseñanza primaria, secundaria y terciaria, es también inferior para las mujeres: 63% frente al 69% para los hombres. En cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Guatemala se observa que los ingresos de las mujeres representan alrededor de un tercio de los ingresos de los hombres (2.130 $ PPA las mujeres y 6.604 los hombres).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0.631
0.617
Informe 2005 (datos 2003)
0.663
0.649
Informe 2006 (datos 2004)
0.673
0.659


Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

La ausencia de datos disponibles impide calcular el valor del indicador para los Informes Mundiales de 2005 y 2006. En el último Informe encontramos información referida a la proporción de mujeres en escaños parlamentarios (que alcanzó el 8,2% para el año 2004). Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Guatemala según el Informe Mundial 2006 es 0,32, lo que refleja una cifra muy desfavorable para la mujer (poco más de un tercio).


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

 

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

 

Por lo que ser refiere a la relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior, los últimos valores oficiales son: en educación primaria, 0.94 para 2004; en secundaria (ciclo básico) 0.92 para 2003; en secundaria (ciclo diversificado) 1.08 para 2003 y en educación superior, 0.86 para 2004.

Estas cifras indican una aparente paridad, pero esconden la existencia de un grave problema de acceso para hombres y mujeres, sobre todo en la educación secundaria. La educación superior sigue siendo limitada en el país tanto para hombres como para mujeres, pues poco más de 1% de la población tiene acceso a ella. A pesar de que cada vez más mujeres acceden a este nivel, es donde se encuentran los mayores niveles de desigualdad. La relación entre las tasas de alfabetismo de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años, muestran una evolución positiva. Según el Segundo Informe de Avanceel indicador pasó de un valor de 0.82 en 1989, a 0.91 en 2002. Sin embargo, señala que deben considerarse las disparidades que aún se registran por variables tales como la zona de residencia (urbana o rural), la región, el departamento y el origen etnocultural, sin incluir sin embargo datos desagregados.

La proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola en relación con el total de trabajadores en esas actividades, presenta una evolución más lenta respecto al resto de indicadores de la meta. Si en 1989 la proporción era de 35%, en 2000 este valor era de 36.9%. Según el Informe de CEPAL, este leve incremento se debió principalmente a la mayor participación de las mujeres en la industria manufacturera –especialmente en la maquila-, y en los servicios financieros. En cambio, en el comercio la proporción de mujeres entre los empleados remunerados disminuyó de 41% a 34%, entre 1989 y 2000; por lo que no se puede hablar de una evolución positiva del indicador.

Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, este informe elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM muestra para Guatemala sólo el dato del 2000 (51.8%) omitiendo los porcentajes de logro de metas para 1995 y el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y accesos al poder (ver documento). Al respecto Guatemala experimenta algunos retrocesos en cuanto al logro de la paridad esperada en la participación y acceso a poder de las mujeres, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman a esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observan los siguientes retrocesos en los porcentajes: 25,0% en 1995, 16,7% en el 2000, llegando en el 2003 hasta el 15,4%.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, se observa en Guatemala los siguientes datos: 7,5% en 1995, 9,7% en el 2000, retrocediendo nuevamente en el 2003 al pasar al 8,2%.

Respecto al poder local, en Guatemala se observan los porcentajes más bajos de la región en los tres años estudiados: 1,7% en 1995, 1,8% en el 2000, y 2,4% en el 2003.

En 1945 se otorgó derecho a voto a las mujeres, excluidas las analfabetas. Veinte años más tarde la Constitución extendió el voto femenino la totalidad de las mujeres.

A diferencia de algunos países latinoamericanos, no existe ley cuotas que garantice una proporción mínima de mujeres en el Congreso de la República. Este es uno de los factores que han determinado la escasa e irregular participación de mujeres a partir de la apertura democrática desde 1986. En las cuatro últimas elecciones realizadas (1990, 1995, 1999 y 2003), la proporción de mujeres electas como diputadas no ha superado el 10%. Un caso excepcional e histórico sucedió en 1995 cuando tres de 15 mujeres electas al Congreso fueron indígenas, sobre un total de 80 diputados. A escala local se observan mayores brechas: en 1995 se eligieron cuatro alcaldesas y en 2003 ocho, de un total de 331 municipios.

Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Aunque Guatemala no cuenta con información en 1995 en esta área temática los valores del 2000 y del 2005 (63,4% y 63,2% respectivamente) están muy por debajo de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Guatemala ha experimentado un leve avance, aunque muy por debajo de la meta trazada para la región (100%), siendo 55,0% en el 2000 y 57,8% en el 2003.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Guatemala retrocede en los porcentajes durante el período estudiado, siendo: 62,3% en el 2000, y 57,5% en el 2003 (es decir, un 4,8% más de hogares con jefaturas femeninas que entraron a la categoría de pobres respecto al 2000)

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto, los datos evidencian una leve evolución en Guatemala: 72,7% en el 2000, llegando al 73,8% en el 2003, todavía lejos de la meta.

Según estadísticas de género de la CEPAL, se observa entre otros datos que la tasa de desempleo urbano en el 2002 era del 7% para la mujer y del 5.2% para los hombres. Además, agrega que el salario medio por mujer es el 70.4% del salario medio por hombre, con trece y más años de instrucción, en el área urbana para el año 2002.

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). En esta área temática incluida en el ICC se observa una leve evolución en Guatemala en 1995 y en el 2000 (54,1% y 57,9% respectivamente), sin mostrar datos para el 2003. Lo anterior muestra la distancia que hay con la meta ponderada total para la región (84,9%), observándose algunos avances y retrocesos en los indicadores que lo constituyen:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Siendo para este indicador la meta establecida a escala regional de 60%, se observa que Guatemala retrocede en el último de los años analizados: 26,9% en 1995, 30,9% en el 2000, retrocediendo en el 2003 al 29,8%.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en este indicador leves avances: siendo 76,8% en 1995, 76,4% para el 2000, y 87,5% para el 2003.

3) Atención institucional al parto. Siendo del 100% la meta establecida para este indicador, los datos de Guatemala en 1995 y en el 2000 (34,3% y 40,4% respectivamente) lo ubican como el país con menor atención institucional al parto en la región.

El diagnóstico regional de género que ofrece el Banco Mundial, titulado Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América Latina y El Caribe, considera que la mortalidad materna y la violencia doméstica son las principales problemáticas de género para el país. Los datos que dicho estudio ofrece en cuanto a mortalidad materna son de 190 por cada 100.000 nacidos vivos.
En el artículo La extensión de los servicios de cuidados postaborto en Guatemala, de la Organización Panamericana de la Salud (2006), se asegura que en Guatemala los abortos representan 10%, o más, de las muertes maternas y por su frecuencia constituyen la cuarta causa de mortalidad para las mujeres.

El Código Penal de este país especifica textualmente, en el capítulo III, artículo 134 que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de uno a tres años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de prisión”. El artículo 135, que trata lo referente al aborto con o sin consentimiento textualmente aclara que “quien, de propósito causare un aborto, será sancionado: 1o. con prisión de uno a tres años, si la mujer lo consintiere, 2o. con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de cuatro a ocho años de prisión”. El aborto terapéutico no es sancionado siempre y cuando, como se detalla en el artículo 137, sólo cuando la vida de la madre está en peligro y previo diagnóstico de por lo menos otro médico.

Educación


Una investigación del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe -IESALC/UNESCO-, titulado Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior de Guatemala, revela que un 96.4% de la población entre 25 y más años de edad, no tiene estudios terciarios, incluyendo los definidos como no universitarios. La relación de género no es muy marcada en lo que respecta a personas con educación universitaria completa: para los hombres entre 25 y 64 años, es de 2.0% y para las mujeres es de 1.6%.

Por su parte el Instituto de estadísticas de la UNESCO presenta en su página web la información referida a la tasa de alfabetismo y analfabetismo de la población de quince años y más, en la que se observa cómo la población femenina duplica a la masculina en el rango de analfabetismo.

Instituto de estadística de la UNESCO (UIS)
Tasa de alfabetismo y población analfabeta de 15 y más años
Por país y genero / abril 2006
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta de 15 y más años
País o territorio
Hombre Mujer Total
Hombre
Mujer
% de mujeres
Total
Fuente
Guatemala
75,4
63,3
69,1
770.146
1.264.358
62,1
2.034.504
c2002
FUENTE: Naciones Unidas - División de Población.
El estimado de población usado corresponde al año del Censo o la Encuesta.
SIMBOLOS USADOS: c: CENSO

 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 “Diversidad étnico-cultural. La ciudadanía en un Estado plural” del PNUD Guatemala abarca diferentes aspectos que son resultado de la vinculación desigualdad y etnicidad, y aborda cómo la desigualdad atenta contra el desarrollo humano y la ampliación de las capacidades de las personas. Entre otros datos muestra que el promedio de escolaridad en jóvenes a nivel nacional es de 5.4 años, contra los 3 años de escolaridad promedio de los jóvenes Q´eqchi´. El Informe muestra las disparidades existentes en los año de escolaridad promedio de mujeres y hombres jóvenes (indígenas y no indígenas) de 15 a 24 años, como se observa en el siguiente cuadro.

Escolaridad promedio en jóvenes(*)
1994 y 2002
Indígena
No Indígena
Total
1994 2002 1994 2002 1994 2002
Total
2.7
3.8
5.8
6.5
4.5
5.4
Hombre
3.3
4.4
6
6.6
4.9
5.7
Mujer
2.1
3.2
5.6
6.4
4.2
5.1
Brecha de género
-1.2
-1.2
-0.4
-0.3
-0.7
-0.6
FUENTE: Elaborado con datos de los Censos Nacionales de Población y Habitación 1994 y 2002.
(*) 15 a 24 años de edad.

 

Población con educación superior(*) según edad
En porcentajes
Indígena
No Indígena
Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

20 a 30

2.3

1.3

11.4

9.8

7.8

6.5

30 a 30

2.1

0.9

11.7

8.3

8.0

5.5

40 a 50

1.4

0.4

11.1

6.7

7.4

4.4

21 o más

0.5

0.1

6.7

2.9

4.4

1.9

Total

1.6

0.8

10.2

7.3

7.0

4.8

FUENTE: Elaborado con datos del Censo de Población y Habitación 2002.(*)
Por lo menos un año de educación superior aprobado.

Según se puede observar en este Informe titulado “Diversidad étnico-cultural. La ciudadanía en un Estado plural” el acceso a la educación superior continúa siendo limitado para las mujeres. Los datos correspondientes al Censo 2002, publicados en el Informe, reportan poco más de 309 mil personas de más de 20 años que cuentan con algún año aprobado de educación superior. Al desagregar la información por rangos de edad, se observa, en la población indígena, una proporción ligeramente mayor de personas jóvenes con educación superior. Esta situación, se afirma, “sugiere que en las últimas décadas se dio una pequeña ampliación de oportunidades de acceso al nivel terciario de la educación”.

Violencia


Por otra parte, según datos de ISIS Internacional, en1999 la Defensoría de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 5.000 denuncias por violencia contra las mujeres, de las cuales 3.484 fueron por violencia intrafamiliar. Por su parte la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público denunció que en el año 2000 se presentaron 5.029 denuncias por violencia intrafamiliar y 949 por violaciones sexuales y otros tipos de agresión. Informaciones de prensa dan cuenta de que un 60% de los asesinatos de mujeres son resultado de la violencia doméstica. (Fuente: Periódico Siglo XXI, 4 de febrero de 2001).

Hasta agosto de 2006 el total de mujeres asesinadas llegaba a 420, según declaraciones de la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de la Mujer, Nineth Montenegro, publicadas en la edición No. 35 de boletín electrónico de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la violencia Doméstica y Sexual. En noviembre la cifra de mujeres asesinadas en Guatemala ascendía a 500 casos, aseguró por su parte, a CIMACNOTICIAS, Alma Odette Chacón, coordinadora de la Organización de Mujeres Tierra Viva. Estas cifras superan a las de años anteriores, puesto que en el 2002 Guatemala ocupó el quinto lugar, a escala mundial, de países con mayor número de asesinato de mujeres, con 317 muertes en ese año, números que colocaban al país con 5.52 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes. Dicho dato aumentó a 8.66 asesinadas por cada 100 mil habitantes en 2004, llegando a 10 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes en el 2005.

Según información publicada por CIMACNOTICIAS al finalizar el 2006 se reportaron 572 mujeres guatemaltecas asesinadas, “en su mayoría jóvenes y niñas de escasos recursos”, asegura esta agencia de noticias.

Esfuerzos legales para la igualdad en el país


La Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM) fue creada según acuerdo gubernativo en mayo del 2000. Tiene como misión promover con la participación de las instituciones del Estado, organizaciones y agrupaciones de mujeres de la sociedad civil, el desarrollo integral de las mujeres a través del impulso de políticas públicas y el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, acuerdos de paz y compromisos adquiridos por el gobierno en convenios y convenciones internacionales relativos a las mujeres.

Otros mecanismos y acciones institucionales son: la SOSEP, Secretaría de obras sociales de la Esposa del Presidente de la República; el programa de prevención de la violencia Intrafamiliar (PROPEVI); la creación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar -CONAPREVI- por decreto gubernativo No.831-2000; la Oficina Nacional de la Mujer, -ONAM-; y el Foro Nacional de la Mujer, el cual surge como uno de los compromisos adquiridos de los acuerdos de la paz, y ha permitido la participación de mujeres a escala nacional.

En Guatemala existe un marco general de política que promueve la equidad de género y la autonomía de las mujeres: la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad y Oportunidades 2001-2006, cuyo seguimiento e implementación está bajo la responsabilidad directa de la SEPREM.

El Segundo Informe de Avances de las Metas del Milenio realiza una compilación de la legislación relativa a la equidad de género y autonomía de la mujer en Guatemala. En cuanto a los compromisos internacionales, el Estado de Guatemala ha ratificado una serie de compromisos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres y que, por tanto, obligan a tomar las medidas legales correspondientes. Los principales compromisos y el año de su ratificación son:

  1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1947)
  2. Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1959)
  3. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida más por sus siglas en inglés, CEDAW (1982)
  4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 1994
  5. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, más conocida como Plataforma Beijing (1995)
  6. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1996)

En cuanto a la legislación nacional, existen leyes nacionales, desde el nivel constitucional hasta el de disposiciones menores, que promueven el respeto y la equidad de género. En ese sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala expresa en el título II, capítulo I, artículo 4º, que “en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbres y menoscabo de su dignidad. [...]”.
También se han introducido cambios en otros tipos de legislación. Entre la legislación emitida o reformada desde 1996 a 2005, son destacables los siguientes:

  • Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-96);
  • Artículo 25, literal a) de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado (Decreto 99-97), que garantiza licencias y prestaciones por maternidad;
  • Modificación del Código Civil (Decreto 80-98): derogación del artículo que reservaba al cónyuge el derecho de decidir si la esposa trabajaba o no fuera del hogar;
  • Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99);
  • Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2000);
  • Ley de Consejos de Desarrollo (Decreto 11-2002);
  • Código Municipal (Decreto 12-2002);
  • Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002);
  • Ley de Idiomas Nacionales (Decreto 19-2002);
  • Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (De cre to 81-2002);
  • Reforma al Código Penal (Decreto 57-2002), que crea el delito de discriminación por cualquier motivo;
  • Ley de Protección Integral de la Niñez (Decreto 27-2003);
  • Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005).
 

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