Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


El Salvador


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

El Salvador se encuentra en una ubicación cada vez más precaria en la escena mundial con la posición relativa 101 entre 177 países (con un valor de 0,729), según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006, que lo ubica en la categoría de países con desarrollo humano medio.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

El Salvador se ubicaba en la clasificación 80 en el Informe del 2005, de un total de 140 países clasificados según IDG (con un valor de 0,715), pasando en el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 a la clasificación 76 entre 136 países (con un valor de 0,725).

En el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 se observa que la esperanza de vida no muestra datos negativos, pues las mujeres viven aproximadamente seis años más que los hombres (74.1 y 69.0 respectivamente); este último Informe Mundial no presenta datos referente a la tasa de alfabetización de adultos, sin embargo, el Cuaderno dedicado a la equidad de género en El Salvador muestra que la tasa de alfabetización de los hombres es en promedio 5.5 puntos porcentuales mayor que el de las mujeres. Se agrega que la tasa de matrícula combinada es de 65.4% para los hombres y de 64.3% para las mujeres. Este indicador estaría mostrando que las brechas entre hombres y mujeres en El Salvador se está reduciendo, aunque a diferente velocidad en los distintos departamentos del país. Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en El Salvador se observa que las mujeres tienen aproximadamente la mitad de los ingresos que obtienen los hombres (3.077 $ PPA las mujeres y los hombres 7.074).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,706
0,696
Informe 2005 (datos 2003)
0,722
0,715
Informe 2006 (datos 2004)
0,729
0,725



Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,454
Informe 2005 (datos 2003)
0,467
Informe 2006 (datos 2004)
0,529

 

El Informe del 2005 ubicaba a El Salvador, en cuanto al IPG, en la clasificación 62 de un total de 80 países clasificados según el IPG, pasando en el Informe Mundial 2006 a la clasificación 48, entre un total de 75 países. Con respecto a la participación de las mujeres en los puestos profesionales y técnicos el IPG observó un leve aumento entre el dato del Informe del 2005 al Informe del 2006, pasando de 44% al 45%. El porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos y administrativos pasó del 32% al 33% en los datos proporcionados en ambos Informes. La única variable donde se produjo un progreso fue en la proporción de mujeres en escaños parlamentarios, que fue de 10,7% para el año 2003, como se detalla en el Informe del 2005, y alcanzó el 16,7% para el 2004 según el Informe del 2006. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de El Salvador es de 0,43, lo que indica una cifra muy desfavorable para la mujer (menos de la mitad).


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional


El Primer Informe de país sobre el avance de los ODM, de 2004, coordinado por el PNUD El Salvador, realiza un análisis en la evolución de los indicadores propuestos.

Por lo que ser refiere a la relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior (indicador 9) se comenta que “en El Salvador no existen mayores desigualdades entre sexos en el acceso a la educación”. La relación entre niñas y niños en educación primaria y secundaria se mantuvo desde 1991 hasta 2002, ya que pasó de 99% a 100% respectivamente. La situación es similar tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Con relación a la educación parvularia y la educación superior, en ambos casos es mayor la proporción de niñas que de niños, inclusive desde 1991, pasando de 105% a 107% en parvularia y de 104% a 108% en la educación superior, en el período 1991- 2002.

Como señala el mencionado informe, “la tarea pendiente es realizar mayores esfuerzos para cambiar las estructuras y el modelo educativo a través de una educación de calidad y no sexista, para que no se reproduzcan los roles en que se han encasillado hasta el momento a las niñas y a las mujeres”.

En cuanto al indicador 10, que se refiere a la relación entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres de 15 a 24 años, muestra el Informe que el índice de paridad de alfabetización ha pasado de 99% a 100% entre los años 1991 y 2002. Con los porcentajes alcanzados en ambos indicadores (9 y 10) se ha logrado la meta propuesta, que se refiere a eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria.

Por otra parte, en el Informe El Salvador 2006:Impostergable aumento sostenido de la inversión por una década, se asegura que el porcentaje del PIB dedicado a educación (3.14%) es la mitad de lo recomendado por la UNESCO (6.0%) y está por debajo del promedio de América Latina (4.5%). Para cumplir con los ODM se requiere una inversión adicional de 1.8 % del PIB en los próximos 10 años. El “Plan 2021” pretende llegar hasta un 6.29 % del PIB, meta coherente con los ODM.

La proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola en relación con el total de trabajadores en esas actividades, experimentó un cambio positivo, 3.4 puntos porcentuales, pasando de 45% en 1991 a 48.4% en 2002, muy próximos al alcance de la meta. El desafío que ahora se plantea es lograr equidad en cuanto a la remuneración obtenida, favorecer a la mujer que trabaja otorgándole servicios de apoyo a sus familias, así como dotarles de capacitación laboral que contribuya a la inserción laboral de las mujeres en los segmentos productivos más favorecidos, y en puestos tradicionalmente masculinos y de toma de decisiones.

Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, este informe elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM El Salvador muestra un avance continuo durante los tres años considerados, aunque todavía lejano de alcanzar la meta: siendo el 58.4% en 1995, el 66.2% en el 2000, y 68.2% en el 2003

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). En El Salvador existen algunos retrocesos en cuanto al logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman a esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observan los siguientes porcentajes: 0,0% en 1995, 30.0% en el 2000, retrocediendo en el 2003 hasta el 10,0%.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, se observa en El Salvador la siguiente fluctuación: 10,7% en 1995, retrocediendo al 6,0% en el 2000, alcanzando nuevamente en el 2003 el 10,7%.

Respecto al poder local, si bien se observan resultados que muestran un aumento en los tres años estudiados, aún son muy desfavorables para las mujeres, siendo: 6,6% en 1995, 5,0% en el 2000 y llegando al 9,0% en el 2003.

El Cuaderno sobre Desarrollo Humano del PNUD, dedicado a la equidad de género en El Salvador, ofrece un panorama muy completo sobre el estado de la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión para el período 2003-2006. Señala dicho Cuaderno que la participación de mujeres en puestos claves de los poderes del Estado es aún muy baja: únicamente 2 de cada 10 de esos espacios eran ocupados por mujeres.

Es importante destacar como resultado de las ultimas elecciones legislativas y municipales, correspondientes al período 2006-2009, la representación femenina en la Asamblea legislativa, con un total de 14 diputadas propietarias de 84 escaños legislativos, lo que significa 16.7% de representación femenina en la Asamblea Legislativa.

Durante el período presidencial 1999-2004, el porcentaje de mujeres en la dirección de las instituciones gubernamentales fue de 11.76%. Pasando durante el actual período (2004-2009) al 28.76%, representando un incremento muy significativo. Según datos proporcionados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en su Boletín No. 7, año 2006, la representación de las mujeres en los gobiernos locales ha alcanzado un 8.3% en el período electoral 2006-2009. Lo anterior representa un marcado retroceso ya que para el período 1997-2000 las mujeres habían alcanzado el 22% de representación en los gobiernos locales.

La participación de las mujeres en los gobiernos locales está concentrada principalmente en los cargos de regidoras propietarias y suplentes, representando aproximadamente un 92.02% del total de participación en el periodo 2003-2006 y un 90.39% del total de participación en el periodo 2006-2009. El total de alcaldesas y sindicas electas se ha incrementado entre el período 2003-2006 y el período 2006-2009, pasando de 17 a 22 alcaldesas y de 29 a 32 sindicas, respectivamente. La participación de las mujeres en cargos que implican mayor toma de decisión es mínima y limitada, puntualiza el ISDEMU.

A pesar de los avances en la participación y acceso al poder y los desafíos aún pendientes, en El Salvador no existe actualmente una ley nacional de cuotas.

Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores de ésta área temática muestran avances continuos para los años 1995, 2000 y 2005: 68,5%, 74,7% y 79,2% respectivamente; aunque todavía lejano a la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, El Salvador muestra una evolución positiva en el logro de la meta trazada para la región (100%), siendo 63,1% en 1995, 74,6% en el 2000 y llegando a 87,0% en el 2003.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, El Salvador avanza en los porcentajes del período estudiado, pero se mantiene lejos de la meta trazada, siendo: 56,2% en 1995, 61,5% en el 2000, y 61,5% en el 2003.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto, los datos evidencian en El Salvador una evolución ascendente, muy cerca de alcanzar la meta: 85,2% en 1995; 87,3% en el 2000, llegando al 88,1% en el 2003.

El Cuaderno sobre Desarrollo Humano de 2004 ofrece otro indicador estratégico para comprender la equidad de género en el ámbito económico: la asignación del tiempo dentro del hogar, especialmente de las horas de trabajo dedicadas a labores que no son remuneradas. En El Salvador la carga del trabajo doméstico es llevada primordialmente por las mujeres (menos del 1% de los hombres se dedican a estas actividades) quienes además de no contar con una remuneración ni con prestaciones por el trabajo realizado, se convierten en dependientes de quién provee el ingreso al hogar reduciéndose su capacidad en la toma de decisiones al interior del mismo.

En un país donde las y los migrantes constituyen ya más del 20% de su población y donde las remesas representan más del 16% del PIB, el 65,5% de la inversión extranjera directa, el 91% del presupuesto general de la nación o el 20,2% del gasto social, es necesario analizar el fenómeno de la migración desde una perspectiva de género, así como profundizar en el impacto de las remesas sobre el trabajo y los derechos económicos de las mujeres y sobre los roles y las relaciones de género al interior de las familias.

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). La evolución en El Salvador muestra un incremento continuo: 72,0% en 1995, 77,9% en el 2000, llegando a 84,8% en el 2003, alcanzando básicamente la meta ponderada total para la región (84,9%), observándose además avances en cada uno de los indicadores que lo constituyen:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%, de ahí que se afirme que El Salvador muestra un avance considerable, pues pasó del 48,3% de 1995, al 55,6% en el 2000, superando la meta en el 2003 al alcanzar el 61,8%.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose también en este indicador avances significativos para El Salvador, aunque todavía sin alcanzar la meta: siendo para 1995 el 84,3%, manteniéndose en el 2000 y el 2003 en el 85,0%.

3) Atención institucional al parto. Siendo del 100% la meta establecida para este indicador, y si bien se observan avances en El Salvador en los tres años estudiados, aún se encuentra lejos alcanzar la meta: 51,0% (en 1995), 58,0% (en 2000), y 69,4% (en el 2003).

Señala el Cuaderno sobre el Desarrollo Humano 2004 sobre la equidad de género que la tasa de mortalidad materna, al igual que la infantil, presenta niveles aún preocupantes. Las cifras varían desde las ofrecidas por la encuesta nacional de salud familiar FESAL (2002/03) de 172 por 100 mil nacidas/os vivas/os en 2002 hasta la tasa de mortalidad materna institucional reportada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que fue de 63 por 100 mil nacidos vivos en 2001.

En abril de 1998, la modificación a la ley sobre aborto de El Salvador entró en vigencia, penalizando el aborto sin excepciones. La legislación penal salvadoreña no admite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la mujer embarazada ni cuando el embarazo resulta de violación o incesto. En esta revisión al Código Penal también se aumentaron las penas a los proveedores del aborto y a cualquier mujer que se lo practique, las cuales varían entre dos y 12 años. La Constitución de El Salvador sufrió otra reforma en enero de 1999, en la que expresamente se plantea la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

En el reporte Perseguidas: proceso político y legislación sobre aborto en El Salvador: un análisis de derechos humanos, publicado por Centro de derechos reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera", se asegura que durante la implementación de las nuevas restricciones por parte de las autoridades judiciales, en los 16 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, 69 casos relacionados con abortos ilegales fueron abiertos. La mayoría de ellos involucran a mujeres pobres y jóvenes sin más educación que la escuela primaria.

Educación


La meta sobre educación relacionada con el objetivo 3 de los Objetivos del Milenio no refleja datos sobre analfabetismo y educación de adultos. La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en su Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2004, afirma que la tasa de analfabetismo para 2004 fue de 15.5%, es decir, que 811,735 personas de 10 años y más no saben leer y escribir a escala nacional. El análisis por área la brecha entre el área urbana y rural es significativa pues la primera es de 9.6% y en el área rural es del 24.7%.

Con relación al analfabetismo por sexo, la misma investigación de la DIGESTYC afirma que son las mujeres quienes presentan a escala nacional el mayor porcentaje con el 17.7%, respecto a la proporción de los hombres que fue de 13.0%. En el área urbana la tasa de analfabetismo de las mujeres es de 12.1% y la de los hombres es menor (6.7%), en el área rural las mujeres tienen una tasa del 27.1%, mucho mayor que la de los hombres que fue de 22.2%. En el Área Metropolitana de San Salvador, aunque presenta las menores tasas de analfabetismo, siempre es mayor el nivel de analfabetismo de las mujeres (9.2%), que la de los hombres (4.7%).

Violencia


La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas de género en El Salvador.

Según ISIS Internacional, de 134 mujeres asesinadas entre septiembre de 2000 y diciembre de 2001, el 98.3% fue producto de una relación de pareja. El 26,7 por ciento, fue a manos del esposo; 21,4 por ciento el ex-esposo; 27,4 por ciento el conviviente; 18,3 por ciento el ex-conviviente; 2,7 por ciento el novio; y 17 por ciento el ex-novio. (Fuente: CEMUJER, Clínica de Atención Integral y monitoreo de medios escritos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 2002).

En cuanto a los casos atendidos por violencia Intrafamiliar entre 1995 y 1998, se asegura que el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar atendió 11.313 casos por violencia intrafamiliar, 11.691 por maltrato a menores, 14.798 de consejería y atención emocional y 1.334 casos de delitos sexuales.

ISIS Internacional también presenta datos sobre violencia contra las mujeres y niñas, detallándose que en el período enero-octubre de 2001 se registraron 434 casos por violencia física contra mujeres y niñas; 634 casos por violencia psicológica; 117 casos por violencia sexual (violación, acoso sexual); y 445 casos por violencia económica.

Por otra parte, se asegura en el documento Violencia de Género en El Salvador: Un Reporte Alternativo, según un sondeo (febrero de 2005) el 64.4% de la población salvadoreña considera que la violencia en contra de las mujeres es algo natural, así como en lo que se refiere a los estratos sociales, el 63,9 considera que la violencia de género se da por igual entre los ricos y los pobres, mientras que un 28.4% considera que se da más entre los y las más pobres.

Las cifras sobre violencia se han incrementado considerablemente en los últimos años, hecho que también puede interpretarse como una mayor visibilidad del fenómeno en la sociedad salvadoreña. En este último año, las cifras del Instituto de Medicina Legal indican que de enero hasta agosto de 2006, 286 mujeres fueron asesinadas en el país. Contrariamente a lo que marca la tendencia en los últimos años, el porcentaje es menor que en el 2005, cuando se registraron 366 asesinatos. Aún así, las cifras siguen siendo alarmantes.

Esfuerzos nacionales por la igualdad en el país


A raíz de los Acuerdos de Paz en enero de 1992 y gracias a la fuerza y visibilidad crecientes de las organizaciones de mujeres y feministas, así como a la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa, el Estado salvadoreño adoptó en la década de los noventa los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres:

  • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, (1979). Suscrita por el Gobierno y Ratificada por la Asamblea en 1981. (No su protocolo de acción)

  • Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952). Suscrita por el Gobierno y Suscrita por la Asamblea en 1993.

  • Convenio 111 de la OIT, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958). Suscrita por el Gobierno y Suscrita por la Asamblea en 1994.

  • Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993). Suscrita por el Gobierno en 1993.

  • Plataforma de Acción, Beijing (1995)

  • Convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Suscrita por el Gobierno en 2000.

  • Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los y las trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificada por la Asamblea en 2000.

  • Convenio 89 de la OIT relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria. Ratificada por la Asamblea en 2000.

Sin embargo, es necesario señalar algunas limitaciones tanto jurídicas como institucionales que determinan la existencia de una brecha entre la norma y su cumplimiento. Así por ejemplo el Estado salvadoreño no ha ratificado todavía el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Por otro lado, no siempre la legislación secundaria o la jurisprudencia traducen estos compromisos internacionales en el nivel nacional y todavía persisten carencias en la institucionalidad requerida para el cumplimiento de los tratados.

El principio de igualdad entre hombres y mujeres queda establecido en el artículo 3 de la Constitución de 1983. También existen otras normas constitucionales que garantizan este derecho, como son la igualdad de los cónyuges (art. 32), la igualdad de los hijos (art. 36) y la igualdad de salario (art. 38).

La igualdad formal consignada en la Constitución se ve plasmada en la legislación secundaria que experimentó avances importantes en la década de los noventa, sobre todo, con la entrada en vigencia del Código de Familia en 1994, si bien, persisten elementos discriminatorios como el art. 38 que reconoce el valor del trabajo doméstico y cuidado de los hijos e hijas en términos de aportación, pero lo limita sólo a aquellas mujeres que no tienen bienes o salario.

La violencia contra las mujeres es uno de los problemas de género más acuciante en el país. Señala el Cuaderno sobre la equidad de género que además de la ratificación de tratados internacionales relacionados con el tema, también encontramos avances importantes que modernizan la legislación penal en este campo: en noviembre de 1994, se promulga por decreto legislativo el 25 de noviembre como Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer; en noviembre de 1996, se adopta la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y en julio de 2002, las reformas a dicha ley, la cual responde al espíritu y sustancia de la Convención Belem do Pará. Asimismo, en abril de 1998, tienen lugar unas reformas penal y procesal penal que han beneficiado a las mujeres porque tipifican nuevos delitos relacionados con el derecho a una vida libre de violencia física, psíquica y sexual, tanto en el ámbito público como en el privado.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, es el ente rector de la Política Nacional de la Mujer y fue creado en febrero de 1996. La Junta Directiva está encabezada por la presidenta, quien es al mismo tiempo titular de la Secretaría Nacional de la Familia y Primera Dama de la República; está conformada asimismo por los titulares de los Ministerios de Ecuación, Salud, Trabajo, Gobernación, Agricultura y Ganadería, los titulares del Ministerio Público (Procuraduría General y Procuraduría de Derechos Humanos), la delegada titular de la Comisión Interamericana de la Mujer y dos representantes electas por las organizaciones de mujeres. En consonancia con la Plataforma de Acción aprobada en Beijing en 1995, la Política Nacional de del Mujer, aprobada en 1997, contiene diez áreas temáticas y 250 acciones. Dicha política se ha traducido hasta la fecha en tres planes de acción. El último plan (2004-2009) se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros.

 

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