Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Colombia


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006, Colombia se encuentra en la posición 70 del ranking mundial entre 177 países (con un 0,790), en la categoría de países con desarrollo humano medio, lo cual significa un leve avance pues según los datos presentados en el Informe Mundial del 2005 Colombia se ubicaba en la posición 69 del ranking mundial, siempre entre 177 países, con un valor del índice de 0,785.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

La esperanza de vida de las mujeres es aproximadamente de seis años superior a la de los hombres. En cuanto a la tasa de alfabetización en adultos se observa en Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 el logro de la igualdad (92.7 par las mujeres y 92.9 para los hombres). En torno a la tasa de matrícula combinada se muestra una situación favorable para las mujeres de cuatro puntos respecto de la tasa de matrícula de hombres (74% y 71%, respectivamente).
Respecto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), se observa que los ingresos de las mujeres representan la mitad de los ingresos de los hombres (5.365 $ PPA las mujeres y los hombres 9.202).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,773
0,767
Informe 2005 (datos 2003)
0,785
0,780
Informe 2006 (datos 2004)
0,790
0,787



Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,509
Informe 2005 (datos 2003)
0,500
Informe 2006 (datos 2004)
0,506



En Colombia, la evolución en el valor del indicador ha sido negativa. De la posición 42 en un ranking de 70 países (con un valor de 0,509) en el Informe Mundial de 2002, descendió hasta la posición 51 en un ranking de 75 países en el Informe Mundial de 2006 (con un valor de 0,506).

A partir de los indicadores que constituyen el índice vemos que mientras que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos y administrativos se mantuvo estancado en el 38%, la participación de las mujeres en los puestos profesionales y técnicos también se mantuvo en un 50%. La participación de las mujeres en escaños parlamentarios se mantuvo en 10.8% para ambos años. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1 en el caso de Colombia es 0,58, lo que indica una cifra aún desfavorable para la mujer (alrededor de la mitad).


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional


Según el documento titulado Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y El Caribe, publicado por Naciones Unidas, en torno a los ODM destaca la igualdad de acceso a la educación primaria, secundaria y superior alcanzada entre niñas y niños; además de haber alcanzado la paridad entre las tasas de alfabetización de hombres y mujeres (15 a 24 años).

La proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola, en relación con el total de trabajadores en esas actividades, ha experimentado un cambio positivo de unos 6 puntos, pasando de 42.6% en 1990 a 48.8% en 2003, muy próximos al alcance de la meta. El desafío que ahora se plantea es lograr equidad en cuanto a la remuneración obtenida, favorecer a la mujer que trabaja otorgándole servicios de apoyo a sus familias, así como dotarles de capacitación laboral que contribuya a la inserción laboral de las mujeres en los segmentos productivos más favorecidos, y en puestos tradicionalmente masculinos y de toma de decisiones.

En cuanto a la proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional, los datos para el indicador muestran un estancamiento en el 12% desde 1995.

 

Índices de compromiso cumplido (ICC)

El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Colombia muestra un avance hasta el segundo año considerado, siendo la variación del 58.2% en 1995, 68.0% en el 2000, sin presentarse datos para el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos


Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). En este se observa que en Colombia existen constantes, pero al mismo tiempo leves avances en el logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa en Colombia un importante avance al llegar al tercer año de los considerados, siendo: 26,7% en 1995, 23,5% en el 2000, avanzando a 31,3% en el año 2003, aunque todavía lejano de la paridad.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, se observa un retroceso en el último año analizado, respecto del segundo: 9,8% en 1995, 12,2% en el 2000, retrocediendo a 10,8% en el 2003.

Respecto al poder local, se observan en Colombia valores que muestran un leve avance, siendo: 5,6% en 1995, 5,5% en el 2000 y 7,5% en el 2003, porcentaje que mantiene a este país distante de la paridad.

Aunque en el 2000 Colombia había promulgado una ley de cuotas para el Poder Ejecutivo, la cual establecía una proporción de 30% de mujeres en los altos cargos de decisión de todos los organismos del Estado, fue declarada inconstitucional por el alto tribunal en 2001. En 2002 una nueva ley estipuló nuevamente un 30% de cuota para el poder administrativo, legislativo y la magistratura, excluyendo sin embargo los puestos electorales en el nivel legislativo (artículo 5).

Para el período 2002-2006 se observó un importante incremento de la aplicación de la ley de cuotas entre ministerios, ya que la representación femenina se incrementó de 25% para el período 1999-2002 a 46.15% en el siguiente. La nueva configuración del ejecutivo tras las elecciones de 2006 volvió a reducir al 30.7% la participación de mujeres. Para el período 2002-2006 la participación de la mujer en el Congreso de la República ha sido de 11% en el Senado y en la Cámara de Representantes. En el nivel local, tanto en gobernaciones como en alcaldías, la participación de las mujeres es muy baja en relación con la de los hombres, que ocupan aproximadamente el 90% de los cargos. La escasa representación también se refleja en la rama judicial, en donde las mujeres desempeñan el 16% de las plazas.

Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores generales de esta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 57,8%, 76,4% y 76,7% respectivamente; avances en los valores que sin embargo aún mantienen a Colombia distante de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Colombia muestra un avance constante en los años analizados, siendo la meta trazada para la región (100%). Las variaciones en este indicador se observan así: 68,0% en 1995, 75,0% en el 2000, llegando a 76,8% en el 2003, aunque todavía lejos de la meta.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Colombia muestra retrocesos en el período estudiado: 59,9% en 1995, 55,6% en el 2000, y 54,1% en el 2003, lo que significa que de 1995 al 2003 aumentaron los hogares con jefatura femenina en el rango de pobreza.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto Colombia se encuentra muy cerca de la meta dada la evolución: 96,7% en 1995; 97,5% en el 2000, llegando al 97,9% en el 2003.

Además de estos tres indicadores, el Boletín N°4 del Observatorio de Asuntos de Género “Mujeres colombianas en la fuerza laboral” presenta un marco general de la situación de las mujeres en relación con la población masculina en el mercado laboral. Muestra también las brechas de género representadas en la ubicación laboral (segmentarización horizontal caracterizada por condiciones laborales más precarias y con menor reconocimiento económico y social; mayoritarias en el empleo doméstico y en los trabajos familiares sin remuneración), en los ingresos diferenciales (promedio del período 2001-2004 de 0.75%) y en los niveles educativos; que si bien presenta una leve tendencia a mayores niveles educativos de las mujeres (excepto en los rangos más altos como doctorados), no se refleja en mayores ingresos ni en mejor ubicación en el mercado laboral para las mujeres.

Según estadísticas de género de la CEPAL, en Colombia, entre otros datos, se observa que la tasa de desempleo urbano en el 2002 era del 20% para la mujer y del 14.8% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 56.4% del ingreso per cápita urbano por hombre, siempre en el 2002.


Salud

Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). La evolución general en Colombia, en torno a esta área, muestra un avance en los valores, siendo: 76,3% en 1995 y 82,1% en el 2000, sin presentarse datos para el 2003, ello a partir de los indicadores que lo constituyen:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos, siendo para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%. Aunque no se presentan datos para el 2003 se observa un leve avance en Colombia en los dos años analizados, siendo 39,5% de 1995, y 43,8% en el 2000.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en Colombia un estancamiento en los dos últimos años considerados: siendo para 1995 el 78,3%, manteniéndose en el 2000 y el 2003 en el 77,9%.

3) Atención institucional al parto. Este uno de los indicadores que muestran constantes avances en Colombia, partiendo de que la meta establecida para este ha sido del 100%, siendo: 76,8% (en 1995), 87,5% (en 2000), pasando a 96,1% (en el 2003).

Resulta un avance pionero en la región la despenalización parcial del aborto por la Corte Constitucional colombiana. El fallo del 10 de mayo de 2006 precisa que no se aplicará pena de cárcel en tres supuestos: cuando el embarazo constituya peligro para la vida de la gestante, siempre y cuando sea certificado por un médico; cuando exista grave malformación del feto y cuando la mujer tenga un embarazo que sea resultado de una violación o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto.

Educación


De acuerdo al documento “Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe” en Colombia al menos el 95% de las niñas y niños que hoy tienen menos de 5 años concluirían la primaria para el año 2015.

América Latina (18 países): Personas que completaron
la educación Primaria, alrededor del 2002
(En porcentajes)

Grupo Etario
Colombia 2002

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 y más

Ambos
sexos

95,4

93,8

92,3

89,7

88,4

85,6

82,1

78,8

75,4

68,7

63,0

56,3

48,4

42,7

Hombres

93,5

92,0

90,5

88,0

87,0

84,2

81,6

77,6

73,8

69,7

64,1

56,3

49,7

43,6

Mujeres

96,0

94,5

93,0

91,5

89,6

86,9

82,5

79,8

76,9

67,9

62,0

56,4

47,2

42,0

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), La conclusión
universal de la educación primaria en América Latina: ¿estamos realmente tan cerca? Informe Regional sobre
los objetivos de desarrollo del Milenio vinculados a la educación, Santiago de Chile, Oficina Regional deEducación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), octubre del 2004.

Por su parte, en el documento El derecho a la educación: Una tarea pendiente para América Latina y el Caribe, publicado por UNICEF Colombia y CEPAL, se puntualiza que cerca de 1,6 millones de niños y niñas no asisten a la escuela, aunque el numero de matricula ha venido en aumento desde 1990. Este informe no presenta datos desagregados pero plantea que del total de matriculados en 1999 (5’162.260) sólo un 30% logra terminar el ciclo completo de educación básica (9 años).

A pesar de los avances y logros, siguen existiendo motivos de preocupación en cuestiones concretas como el analfabetismo”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agrega que las mujeres de 24 y más años de edad, que integran la población económicamente activa, siguen teniendo un nivel educativo inferior que el de los hombres del mismo grupo poblacional. Dicha situación incide en el acceso al trabajo, puesto que las mujeres se encuentran en inferioridad de condiciones respecto a los hombres, en cuanto a su calificación, para desempeñarse de manera competitiva.

Según datos de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia de Colombia entregados a la Comisión en su informe nacional de 1995, el 51,7% de la población universitaria en Colombia estaba integrado por mujeres. Sin embargo, también debe observarse que se mantiene una elevada proporción de mujeres inscritas en determinadas carreras, consideradas "tradicionalmente femeninas". Por ejemplo, en 1992, el 65,3% de los estudiantes del programa de ciencias de la educación eran mujeres, comparado con un 27,6% de inscritas en la carrera de ingeniería.

Violencia

La violencia contra las mujeres es uno de los problemas de género más preocupantes en Colombia. Un estudio regional del Banco Mundial de 2003 afirma que la violencia doméstica es la principal problemática de género en el país afectando al 20% de las mujeres colombianas.

El 4 diciembre de 2008 al Congreso aprobo la Lay 2257, en cuyo texto final se explicita que la reparación a las víctimas recae en primera instancia en el agresor. La ley también establece responsabilidades diferenciadas por parte de la comunidad y la familia, y crea alternativas para que las mujeres víctimas de violencias puedan salir del círculo de violencia, establece un incentivo fiscal para las empresas que contraten víctimas y ordena la creación de oportunidades educativas. también facilita soluciones para el alojamiento y manutención para que las víctimas tengan opciones de vivienda donde protegerse. Esta ley fue forjó durante dos años desde la "Mesa por una ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias", convocada por la Comisión Delegada para los Derechos de la infancia, la Juventud y la Mujer, y conformada por organizaciones de mujeres y humanitarias, entidades del Estado, y las agencias del Sistema de la ONU que trabajaron conjuntamente con las congresistas.

La Ley 575 del año 2000 modifica la Ley 294 de 1996 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar. Cabe mencionar también la existencia de la ley 360 (1997) sobre los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, además de la ley 679 (2001) por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores.

Entre las acciones afirmativas que ha promovido la Consejería Presidencial de la Mujer, se ha priorizado el área de violencia contra la mujer, implementándose políticas, estrategias y medidas como la política de seguridad ciudadana, la estrategia de democracia familiar, la red de mujeres contra la violencia o la alfabetización jurídica de las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de Profamilia, del año 2000, el 65% de las mujeres alguna vez con pareja ha sufrido violencia verbal, el 41% violencia física, el 11% ha sido violada por su pareja, el 26% ha sufrido trato desobligante y el 34% afirman haber recibido amenazas. Sin embargo, sólo el 22% de estos hechos han sido denunciados o han buscado ayuda. Entre las mujeres desplazadas, el 52% de ellas alguna vez reporta haber sufrido algún tipo de maltrato físico y el 36% ha sido forzada a tener relaciones sexuales por desconocidos. Además, 78 de cada 100 mujeres que son golpeadas no denuncian esa situación.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2000 el número de niños y niñas víctimas de maltrato fue de 4.297: 55% de los casos corresponde a niñas. En total, se han registrado más de 2 mil feminicidios en Colombia, entre el 96 y el 2004, afirma el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.


Esfuerzos legales para la igualdad en el país


En 1990 se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, con el objetivo de dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como a otros compromisos de orden internacional, y como respuesta a solicitudes del movimiento social de mujeres de Colombia.

En julio de 1995, mediante la Ley 188, se crea la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres. Paralelamente, en diferentes Ministerios y entidades descentralizadas, se crean instancias encargadas de promover la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres, muchas de las cuales no funcionan en la actualidad.

En junio de 1999, el Decreto 1182, establece la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tiene como objetivos generales la estructuración de la política nacional para las mujeres, la transversalización de esta política en la Administración Pública y el fortalecimiento de la institucionalización de la política.

En el editorial del Boletín N° 3 (Enero-Marzo 2005) se realiza un balance del proceso de institucionalización a diez años de Beijing manteniendo que existe una voluntad política para institucionalizar y elevar a Política de Estado la Equidad de Género y la Potenciación de la Mujer, como ha quedado ratificado en diversos mecanismos y decisiones (como el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, suscrito el 14 de octubre de 2003 por las máximas autoridades de todas las ramas del poder público, órganos de control, sector privado y academia, ciertas leyes aprobadas por el Congreso o el impulso de políticas públicas que integran la perspectiva de género, la Política de Reactivación Social y se estructura en torno a siete Herramientas de Equidad y de políticas a favor de la mujer)

Entre los compromisos internacionales a los que se ha suscrito el Estado colombiano y la legislación nacional en materia de equidad se destacan:

  • Acto legislativo 3 de 1954 - voto femenino
  • C100 Convenio sobre igualdad de remuneración
  • Convención americana sobre derechos humanos
  • Convención interamericana sobre la nacionalidad de la mujer
  • Convención sobre los derechos políticos de la mujer
  • Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer-Beijing
  • Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • Ley 248 de 1995 - Belem do Pará
  • Ley 294 de 1996 - violencia intrafamiliar
  • Ley 360 de 97 - delitos sexuales
  • Ley 387 de 1997- población desplazada
  • Ley 509 de 1999- beneficios a madres comunitarias
  • Ley 51 de 1981- CEDAW
  • Ley 575 de 2000- violencia intrafamiliar
  • Ley 581 de 2000- Ley de cuotas
  • Ley 679 de 2001 - turismo sexual
  • Ley 812 de 2003-Plan Nacional Desarrollo
  • Pacto internacional de derechos civiles y políticos
  • Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
  • Protocolo facultativo de Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
  • Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos
  • Resolución 1325 de 2000 - participación de las mujeres en procesos de paz

Cabe mencionar la firma del protocolo facultativo de la CEDAW y por otro lado, la no ratificación de los Convenios 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, ni el 183 sobre protección de la maternidad y tampoco el 89 sobre el trabajo nocturno de las mujeres.

 

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