Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Venezuela


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

La evolución de Venezuela ha sido positiva en el valor de este índice, pues del Informe Mundial 2005 donde se mostraba un valor de IDH de 0,772, situando al país en la posición 75 entre 177 países. Para el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 pasa a la posición 72 (con un valor de 0,784), en un ranking de 177 países. Venezuela se ubica en la categoría de países calificados de desarrollo humano medio.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

El Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 coloca a Venezuela en la posición 60 entre un ranking de 136 países (con un valor de 0,780). Este Informe muestra que la esperanza de vida de las mujeres es seis años superior a la de los hombres (76,1 y 70,2 respectivamente). En cuanto a las tasas de alfabetización en adultos mayores de 15 años la diferencia es apenas de un punto en beneficio de los hombres (92,7% y 93,3%). Las mujeres, sin embargo, aventajan en tres puntos a los hombres en la tasa de matriculación combinada (76% y 73% respectivamente). Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Venezuela se observa que los ingresos de las mujeres representan algo más de la mitad de los ingresos de los hombres (4.083 $ PPA las mujeres y los hombres 7.982).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,770
0,764
Informe 2005 (datos 2003)
0,772
0,765
Informe 2006 (datos 2004)
0,784
0,780



Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,442
Informe 2005 (datos 2003)
0,441
Informe 2006 (datos 2004)
0,532



Venezuela presenta una evolución positiva con respecto al valor del IPG. En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 2006, Venezuela se posiciona en la casilla 46 en la clasificación mundial, entre 75 países (con un valor de 0,532). Se observa en este Informe, con base a los indicadores que conforman el IPG, que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos y administrativos es del 27%, sin embargo, la participación de las mujeres en los puestos profesionales y técnicos asciende al 61%. La proporción de mujeres en escaños parlamentarios es del 18.0%. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Perú es 0,51, lo que indica una cifra aún desfavorable para la mujer (alrededor de la mitad).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional



Los datos de las Naciones Unidas sobre los Indicadores del Milenio en Venezuela muestran que para 2001 la meta referida a niñas y niños en educación primaria, secundaria y superior básicamente se había cumplido al tener un acceso equiparado.

En cuanto a la relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, se detalla en el el estudio de Rosa Bravo para la Serie Mujer y Desarrollo de la CEPAL, titulado “Las Metas del Milenio y la igualdad de género. El caso de la República Bolivariana de Venezuela”, de 2005, que la expansión del sistema educativo en las últimas décadas ha permitido erradicar el problema del analfabetismo entre la población joven. En 2001, según información del Censo de Población de ese año, 98 de cada 100 mujeres y 96 de cada 100 hombres venezolanos entre 15 y 24 años estaban alfabetizadas.

La proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola en relación con el total de trabajadores en esas actividades se ha ido incrementando desde 1990. Según datos de las Naciones Unidas, para 2003, esta proporción era del 41.5%. La CEPAL afirma que en Venezuela el sector agrícola tiene baja representación relativa en la estructura productiva y del empleo. En 2002 menos del 10% de la población ocupada se concentraba en este sector, proporción que para las mujeres es sólo del 1,5%. Las mujeres trabajadoras se han ido incorporado por esta razón en sectores no agrícolas, lo que puede interpretarse como una mejora de sus condiciones laborales con relación a los hombres.

El Informe Nacional sobre los ODM agrega que “entre 1990 y 2003 la tasa de actividad económica de las mujeres ha pasado de 35.6% a 55.2% y en los hombres ha aumentado levemente de 80.6% en 1990 a 82.8% en el año 2003”. Sin embargo, se agrega, “el empleo femenino recientemente ha sido precario, se concentra en sectores de bajos salarios con malas condiciones de trabajo, carentes de seguridad social, y se localiza principalmente en el sector informal, de trabajo de domicilio y a tiempo parcial. El trabajo informal en las mujeres es mayor que entre los hombres: entre 1990 y 1998 el trabajo informal pasa de 19.2% a 35% de ellas, mientras que en los hombres la variación es mucho menor, va de 24.8% en 1990 a 28.2% en 1998”.


Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Venezuela muestra un avance constante en los tres años considerados, siendo la variación del 60.5% en 1995, 65.0% en el 2000, y 66.0% en el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). En este se observa que en Venezuela existen algunos avances en el logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa en Venezuela un importante avance al llegar al tercer año de los considerados, siendo: 8,7% en 1995, 0,0% en el 2000, avanzando a 26,3% en el año 2003, aunque todavía lejano de la paridad.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, los valores se mantienen sin avances o retrocesos en los dos últimos años: 6,4% en 1995, manteniéndose en 10,9% en el 2000 y 2003.

Respecto al poder local, se observan en Venezuela valores que muestran un leve avance, siendo: 6,7% en 1995, 6,6% en el 2000 y 7,0% en el 2003, porcentaje que mantiene a este país distante de la paridad.

En 1998 en la República Bolivariana de Venezuela, se activó el artículo 144 de la Ley de Sufragios que establece un sistema de cuotas en las listas de elegibles y que señala un mínimo de 30% para las mujeres. La ley fue aplicada en la elección de 1998, con lo cual la representación de la mujer aumentó del 6 a 12%. En el documento ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano, se detalla que a principios del 2000 se produjo la derogación de esta ley por considerarla contraria al principio de igualdad consagrado en la Constitución. En la siguiente elección la representación de mujer cayó al 9.7%. Esta decisión fue refrendada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tras un recurso presentado por las organizaciones de mujeres, sin que fueran respaldadas en ningún momento por parte de los partidos políticos.

El estudio de la CEPAL ofrece los siguientes porcentajes de participación femenina en el Parlamento:

1988
1993
1998
2000
Senadores

7.0

4.0

9.0

 

Diputados

10.0

6.9

11.1

10.5

Asambleas Legislativas

12.6

11.7

19.2

13.4

 

Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores generales de esta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 73,2%, 75,1% y 75,9% respectivamente; avances en los valores que sin embargo aún mantienen a Venezuela distante de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Venezuela muestra un avance constante en los años analizados, siendo la meta trazada para la región (100%). Las variaciones en este indicador se observan así: 70,0% en 1995, 74,0% en el 2000, llegando a 75,6% en el 2003, aunque todavía lejos de la meta.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Venezuela muestra porcentajes con avances, aunque distantes a la meta durante el período estudiado: 50,5% en 1995, 51,3% en el 2000, y 51,9% en el 2003.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto Venezuela se encuentra muy cerca de la meta dada la evolución: 97,8% en 1995; 98,6% en el 2000, llegando al 98,9% en el 2003.

Además de los datos anteriores, es importante observar que según estadísticas de género de la CEPAL, entre otros datos se muestra que la tasa de desempleo urbano en el 2002 era del 18.8% para la mujer y del 14.4% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 50% del ingreso per cápita urbano por hombre, siempre en el 2002.

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). La evolución en Venezuela, en torno a esta área, muestra nuevamente uno de los valores generales que tienden a retroceder en el último año, siendo: 73,1% en 1995, 84,7% en el 2000, y 76,1% en el 2003, ello a partir de los indicadores que lo constituyen:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%, de ahí que se observe un fuerte retroceso en Venezuela en tercer año, pues del 10,8% de 1995, pasó al 43,0% en el 2000, retrocediendo al 22,0% en el 2003.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en Venezuela leves retrocesos: siendo para 1995 el 80,2%, pasando en el 2000 a 78,4%, disminuyendo a 77,7% en el 2003.

3) Atención institucional al parto. Este es otro de los indicadores que muestran leves retrocesos para Venezuela, partiendo de que la meta establecida para este ha sido del 100%: 95,3% (en 1995), 94,7% (en 2000), pasando a 94,4% (en el 2003).

En Venezuela, actualmente el aborto terapéutico sólo es permitido cuando esté en peligro la vida de la mujer, según indica el Código Penal vigente, artículo 435.

Según una investigación realizada por Agnès Gillaume y Susana Lerner del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, titulada El aborto en América Latina y El Caribe, en Venezuela el aborto se permite solamente para salvar la vida de la mujer embarazada, en cuyo caso debe contarse con el consentimiento por escrito de la mujer, su esposo o su representante legal en caso de ser soltera o menor de edad. La sanción para la mujer que se practica un aborto o consiente que otro se lo induzca es de prisión de seis meses a dos años, a quien lo practica se le castiga con prisión de doce a treinta meses. Se señala que si el culpable del aborto fuera el marido, las penas establecidas se aumentarán en una sexta parte.

 

Educación


Las mujeres en la sociedad venezolana representan 50,5% del total de la población, lo que implica una proporción de 102 mujeres por cada 100 hombres, de acuerdo con los datos de los dos últimos Censos de Población y Vivienda de 2001. El informe Cumpliendo las metas del Milenio presentado por la oficina de Naciones Unidas en este país en el 2004, puntualiza que con respecto a la tasa de alfabetización, durante los últimos 11 años se ha mantenido una tendencia de crecimiento que para las mujeres pasó de 94,3% en 1990 a 98,1% en el año 2001 y en los hombres pasó de 92,4% en 1990 a 96,3% en 2001. Los datos registrados para el período escolar 2002-2003 reflejan un aumento en la tasa de matriculación en educación básica tanto para las mujeres (98,4%) como para los hombres (97,2%). Según las cifras, la relación entre hombres y mujeres matriculados en educación básica oscila en 101 mujeres por cada 100 hombres.

Al comparar la evolución de las tasas de matrícula en educación preescolar, básica y media, diversificada y profesional, esta última presenta los porcentajes más bajos de matriculación en todos los años escolares, aunque ha tenido un crecimiento positivo en el período 1990-2003, al pasar de 19,7% a 28,6% para los hombres y de 27,1% a 37% para las mujeres, lo cual refleja un avance importante de casi 10% en 12 años.

Violencia


El Informe alternativo de la CEPAL evidencia la elevada incidencia de la violencia contra la mujer en la República Bolivariana de Venezuela. Entre otros puntos se destaca en el Informe que: la Policía Técnica Judicial afirmó que en el último año (1998) se recibieron a escala nacional 7,836 denuncias por diferentes delitos relacionados con alguna forma de violencia sexual, y se estima que esto representa apenas un 10% de lo que ocurre realmente en el país. Se agrega que cada 12 días un hombre mata a una mujer en el contexto de la relación de pareja (CEPAL - SERIE Mujer y desarrollo N° 73). También señala que dos de cada cinco casos de lesiones atendidos en los centros de salud corresponden a mujeres víctimas de violencia familiar, presentándose una reincidencia en nueve de cada 10 casos (Sanjuán, 1997). Un estudio realizado por el Hospital Miguel Pérez Carreño, que atiende cuatro de cada cinco casos de emergencia por actos violentos ocurridos en el área metropolitana, reveló que el 22 % de las mujeres atendidas presentaban lesiones por ataques de tipo sexual.

Venezuela ha implementado el Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres, que incluye entre sus objetivos “profundizar las relaciones interinstitucionales para dar cumplimiento a la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia” y entre las líneas de acción plantea “fomentar la producción de datos estadísticos relacionados con la violencia hacia la mujer y la familia en las instituciones de la salud”. Se destaca en este sentido la "Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia", que entró en vigencia el 1 de enero de 1999, cuya normativa, en su Capítulo II, artículo 8 y siguientes, establece expresamente la competencia del Instituto Nacional de la Mujer en la rectoría de las políticas y programas de prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia.


Esfuerzos legales para la igualdad en el país


La República Bolivariana de Venezuela en la década del noventa creó una infraestructura legal básica para avanzar hacia la igualdad de género, así como se ha adherido a todos los compromisos que emanan de conferencias y cumbres internacionales.

Entre los hitos nacionales más importantes merece la pena mencionar la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en 2000, que ya había sido promulgada en 1993; la incorporación en la Constitución de 1999 de los derechos sexuales y reproductivos y la Ley contra la Violencia Doméstica (1998).

A escala internacional Venezuela ha firmado la Declaración y el Convenio de Acción de Viena (1993) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que se convirtió en Ley de la República, mediante Ley Aprobatoria decretada por el extinto Congreso de la República de Venezuela, el 16 de junio de 1982 y sancionada por el Presidente de la República, el 15 de diciembre de 1982. La CEDAW es, asimismo, el fundamento de la "Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer". Venezuela ha firmado (2000) y ratificado (2002) además su Protocolo Facultativo.

Cabe destacar asimismo la firma de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que se convirtió en Ley de la República mediante Ley Aprobatoria decretada por el extinto Congreso de la República de Venezuela, el 24 de noviembre de 1994 y sancionada por el Presidente de la República, el 16 de enero de 1995.

Al amparo de la CEDAW, y en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999, se creó el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) como ente adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Su finalidad es la de planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la mujer; intervenir en la formulación de políticas públicas que afecten a la mujer como salud, educación, formación, capacitación, empleo, ingreso y seguridad social; garantizar la prestación de los servicios necesarios en materia jurídica, socioeconómica, sociocultural, sociopolíticas y sociodoméstica, en los términos contemplados en la ley. Otra de las tareas encomendadas al INAMUJER es conocer sobre situaciones de discriminación de la mujer y formular recomendaciones administrativas o normativas a los órganos competentes del poder público y del sector privado; elaborar proyectos de ley y reglamentos que sean necesarios para la promoción de la igualdad y derecho de la mujer y para la igualdad efectiva de oportunidades.

Como antecedente del INAMUJER se puede mencionar al Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU, creado por ley en diciembre de 1992.

Las acciones principales del INAMUJER se orientan principalmente a garantizar la incorporación del enfoque de género en todas las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, además de estimular aquellas tendientes a superar la desventaja social, a fin de lograr la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Para ello INAMUJER ha diseñado, entre otros, los siguientes planes estratégicos:

- Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres, a través del cual se propone disminuir las desigualdades e inequidades que han afectado a las mujeres en Venezuela, mediante la orientación de políticas públicas centradas en un enfoque de género, bajo los principios de universalidad y equidad. Comprende acciones en las dimensiones: económica, social, territorial (promover la desconcentración) y política (promoción de la organización y participación sociales de la mujer).

- Plan de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer: busca crear un sistema nacional de intervención interinstitucional e intersectorial que permita al Estado venezolano prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Incluye acciones para la sensibilización de la sociedad y los funcionarios acerca del problema; capacitación de los servicios de educación, justicia, salud y comunidades organizadas; construcción de infraestructura para atención y albergue de las víctimas y sus familias; formulación de políticas; promoción de la legislación, creación de condiciones que aseguren su aplicación; incentivo a la investigación y generación de estadísticas; creación de un sistema para el seguimiento y la evaluación de la política.

Se destaca en este sentido la "Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia ", que entró en vigencia el 1 de enero de 1999, cuya normativa, en su Capítulo II, artículo 8 y siguientes, establece expresamente la competencia del Instituto Nacional de la Mujer en la rectoría de las políticas y programas de prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia.

- Plan de Fortalecimiento Protagónico y Participación Sociopolítica de la Mujer: promueve la organización y participación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, formando y capacitándolas en el ejercicio de su ciudadanía. En particular, a través de la organización de grupos de mujeres o “Puntos de Encuentro” con INAMUJER.

 

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