Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Chile


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

En el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 se observa que Chile, en las últimas décadas, ha tenido un incremento constante de su nivel de desarrollo humano, manteniéndose en la categoría de países calificados de desarrollo humano alto, y coherentemente en la posición 38 (0,859) entre 177 países.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

Con relación al IDG, Chile se encuentra en uno de los primeros puestos de la región, con una posición relativa de 38 (0,846) en un ranking de 140 países, según el Informe Mundial del 2005-, y de 37 (0,850), en un “ranking” de 136 países, según el Informe de Desarrollo Humano del 2006.

El Informe del 2006 también detalla que para el 2004, la esperanza de vida de las mujeres era aproximadamente de seis años superior a la de los hombres y la tasa de alfabetización en adultos era prácticamente similar (en torno al 95%). Por otra parte, la tasa de matrícula combinada es todavía dos punto inferior el de las mujeres con respecto a la de los hombres (80% y 82%, respectivamente). En cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), se observa que en Chile las mujeres reciben aproximadamente la tercera parte de lo que reciben los hombres (15.715 los hombres y 6.134 las mujeres).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,843
0,824
Informe 2005 (datos 2003)
0,854
0,846
Informe 2006 (datos 2004)
0,859
0,850



Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,467
  1. Informe 2005 (datos 2003)
0,475
Informe 2006 (datos 2004)
0,506

A pesar de la evolución positiva de los valores IPG hay evidentes desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los ámbitos económico y político. Según el Informe de 2006, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos y administrativos es del 24%, sin embargo, la participación de las mujeres en los puestos profesionales y técnicos asciende al 52%. Por otra parte la proporción de mujeres en escaños parlamentarios es del 12,7%. Finalmente, tomando en cuneta que la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Chile según el Informe Mundial 2006 es 0,39, una cifra muy desfavorable para la mujer.


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

 

Se observa en el Primer Informe del Gobierno de Chile sobre el avance de los ODM de 2005, en lo que ser refiere a la relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior, que no existen diferencias de género en el acceso al sistema escolar e incluso, en la educación media, se observa una relación levemente favorable para las mujeres en los años 1990 y 2000 de 1.05 y 1.02 respectivamente.

La relación mujeres/hombres en educación superior creció desde 0.81 a 0.87 entre el año 1990 y 2000. Por otra parte, y como señala este Primer Informe, existe una marcada diferencia en cuanto al tipo de enseñanza por la cual optan hombres y mujeres. La distribución en las profesiones por sexo, según especialidad, indica que el 68% de los profesionales en enseñanza son mujeres, el 18% de los profesionales en ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingeniería son mujeres y el 56% de los profesionales en ciencias biológicas, medicina y salud son mujeres. También existe una mayor concentración de mujeres en los Centros de Formación Técnica (54.2%) e Institutos Profesionales (53.6%), lo que también influye en su inserción laboral y socioeconómica.

Este Primer Informe del Gobierno de Chile sobre el avance de los ODM de 2005, plantea sin embargo, que algunos de los principales desafíos en la educación parvularia es el establecimiento de estándares de calidad para la evaluación de aprendizajes de los niños y niñas, avanzar en la institucionalidad actual e instalar en la ciudadanía las condiciones para comprometer al país en el cuidado y atención oportuna de la primera infancia.

 

Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Chile muestra un avance constante en los tres años considerados, siendo la variación del 68.4% en 1995, 74.0% en el 2000, y 75.2% en el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

 

Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). En este se observa que en Venezuela existen algunos avances en el logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa en Chile un retroceso al llegar al tercero de los años considerados, siendo: 11,1% en 1995, 31,5% en el 2000, y 17,6% en el año 2003.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, los valores se mantienen con leves avances en los años estudiados: 7,2% en 1995, 9,5% en el 2000, y 10,1% en el 2003.

Respecto al poder local, se observan en Chile valores que no sufrieron modificaciones en los dos últimos años, siendo: 7,2% en 1995, 12,3% en el 2000 y el 2003, porcentaje que mantiene a este país distante de la paridad.

En cuanto a la representación femenina, destaca el Primer Informe del Gobierno de Chile sobre los ODM de 2005, que de los 49 senadores que componían la Cámara Alta y más concretamente, de los 38 que fueron electos democráticamente, solamente 2 eran mujeres (5%). Mientras que en la Cámara Baja, de 120 diputados, las mujeres representaban el 12.5% del total (15), una proporción que está por debajo del promedio mundial.

En el Poder Ejecutivo es imprescindible señalar el hito que para el avance de la paridad política de género en la región supuso la proclamación de Michelle Bachelet como Presidenta de la República en las elecciones de 2005. En la conformación de su gabinete Bachelet designó 10 ministerios a cargo de mujeres y la misma cantidad bajo el mando de hombres.

Chile no cuenta sin embargo con una ley de cuotas que contrarreste los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de decisión. A este respecto, comenta el Primer Informe del Gobierno de Chile sobre los ODM de 2005 que ya en 1997, un grupo de parlamentarias presentó un proyecto que promueve tres modificaciones centrales en las que se establecen que los partidos deberán consultar procedimientos y fórmulas electorales que permitan, que ningún sexo supere el 60% del total de los miembros de la respectiva instancia (en la composición de sus órganos colegiados internos incluida su directiva central). Asimismo, plantea que en la declaración de candidaturas de cada partido ningún sexo podrá superar el 60% de las candidaturas presentadas a cargos de elección popular. El proyecto fue presentado nuevamente a inicios del año 2003.

Las leyes de cuotas logran su máxima eficacia en los sistemas de representación proporcional, sin embargo, a pesar de que el procedimiento electoral en Chile sea considerado proporcional, las listas son abiertas y la baja representación por distritos (con dos escaños por cada uno) dificulta el acceso de la población femenina.

El resultado de las elecciones de 1989 permitió que en el Congreso chileno hubiera 6% de presencia femenina, porcentaje que después de cinco parlamentarias ha llegado a 12,6%, índice que sin embargo se mantiene bajo ante 15% correspondiente al promedio regional. Chile cuenta con un gabinete paritario, gracias a la elección de la primera mujer Presidenta de la República. Sin embargo, presenta una de las más bajas proporciones en representación femenina en cargos de elección popular en comparación con los países vecinos.

Marcela Ríos Tobar, investigadora de la FLACSO, asegura en “Participación y Ley de Cuotas” que “desde el punto de vista de la representatividad femenina, al ritmo actual en Chile se llegaría a una paridad hombres-mujeres al año 2050”.

Cabe destacar que en 2002 y 2004 diputadas y diputados oficialistas y de oposición presentaron dos proyectos para regular la materia, pero como ha sucedido en otras ocasiones, sus mociones fueron archivadas. El tema está ahora en la Comisión Boenninger, que analiza una reforma electoral y la eliminación del sistema binominal, por el compromiso del gobierno de Chile con relación a las Metas del Milenio.

Entre los indicadores alternativos ofrecidos por el Primer Informe sobre los ODM, se destaca la proporción de mujeres en cargos locales de elección popular. De acuerdo con las últimas elecciones de 2004, las alcaldesas representaban el 12.1% y las concejalas representan el 21.1% de los puestos.

En cuanto a la proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional el porcentaje de mujeres ascendió del 6% en 1990 al 9.5% en el 2000; siendo actualmente del 12,7% según el último informe de desarrollo humano. Para el año 2015 se espera aumentar dicho porcentaje a un 40%.

 

Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores generales de esta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 80,9%, 81,2% y 88,4% respectivamente; avances en los valores que sin embargo aún mantienen a Chile aún distante de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Chile muestra un avance, siendo la meta trazada para la región (100%). Las variaciones en este indicador se observan así: 67,0% en 1995, 61,1% en el 2000, llegando a 77,2% en el 2003, aunque todavía lejos de la meta.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Chile muestra porcentajes con avances, aunque distantes a la meta durante el período estudiado: 76,8% en 1995, 83,6% en el 2000, y 88,7% en el 2003.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto Chile se encuentra muy cerca de la meta dada la evolución: 98,7% en 1995; 99,0% en el 2000, llegando al 99,2% en el 2003.

De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2003, la relación de los ingresos medios de las mujeres urbanas para el año 2003 respecto de los hombres era de 77,2%. Sin embargo, comenta el Informe que la situación que se da en torno al año 2000, antecedida por un doble momento de crisis, ha podido determinar la reducción de la brecha pero, más que por una mejora en los ingresos de las mujeres, por un deterioro general de los salarios, produciéndose una “nivelación hacia abajo” de los ingresos de unas y otros. El Primer Informe sobre los ODM afirma asimismo que la brecha salarial tiende a hacerse más amplia en los quintales de ingreso superiores y entre personas con mayores niveles educacionales. Según información de la CASEN en el 2000 las mujeres recibían remuneraciones por su trabajo un 39% inferior a los hombres, brecha que aumenta a 52% para aquellas con más de trece años de estudio.

Entre los cambios culturales que apuntan a aspectos más estructurales de las relaciones de género, el Informe destaca la mayor presencia de hombres en el trabajo doméstico no remunerado, pues una proporción bastante elevada de hombres declaró los “quehaceres del hogar” como la principal actividad realizada la semana anterior al Censo. Si bien para el 2002, las mujeres aportaban con el 39% a la fuerza de trabajo mercantil y con el 85% al trabajo doméstico no remunerado.

Otra transformación positiva para las mujeres es su mayor incorporación al mercado laboral. Sin embargo, los indicadores muestran una gran desigualdad entre las mujeres en el acceso al mercado de trabajo pues persisten los estereotipos que limitan las oportunidades de las mujeres a una menor gama de ocupaciones, las asociadas a menor productividad y remuneraciones. Las mujeres están asimismo escasamente representadas en cargos directivos y empresariales, y se concentran en ramas de actividad económica de menor productividad.

La tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica según tramos de edad, en zonas urbanas en Chile 1999-2004

 

País:Chile

 

Año

Edad

Hombres

Mujeres

Total

15 a 24 años

25a 34 años

35 a 49 años

50 años y más

Total

15 a 24 años

25a 34 años

35 a 49 años

50 años y más

 

1990

72

47

94

95

56

35

29

47

46

20

1994

75

49

94

96

62

38

32

50

50

23

1996

74

44

94

96

62

39

29

53

51

23

1998

74

44

93

97

64

41

30

57

54

26

2000

73

39

92

96

64

42

28

57

56

26

2003

73

40

92

96

64

45

31

61

59

29

Fuente: CEPAL. Sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). La evolución en Chile, en torno a esta área, muestra avances en los valores generales, siendo: 84,2% en 1995, 88,4% en el 2000, y 88,6% en el 2003, ello a partir de los indicadores que lo constituyen:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%, de ahí que se observe un avance en Chile, siendo 30,09% de 1995, 41,7% en el 2000, y 41,9% en el 2003.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose retrocesos en Chile: siendo para 1995 el 85,4%, pasando en el 2000 a 83,8%, disminuyendo a 84,3% en el 2003.

3) Atención institucional al parto. Este es otro de los indicadores que muestran avances en Chile, partiendo de que la meta establecida para este ha sido del 100%: 99,2 (en 1995), 99,8% (en 2000 y 2003).

Por otra parte, el Informe Mujeres Chilenas: estadísticas para el nuevo siglo, publicado por el Servicio Nacional de la Mujer del gobierno de Chile,señala que el descenso en la tasa de fecundidad es otra dimensión que puede ser considerada positiva desde el punto de vista de género, pues puede interpretarse como la mayor capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

En contrapunto, en el informe Rugidos y murmullos, publicado en el 2005 por Social Watch, en cuanto a la salud sexual y reproductiva se afirma que a “diferencia de otros países de la región, en Chile los derechos sexuales y reproductivos no constituyen derechos reconocidos a nivel constitucional o legal”, por lo cual, se puntualiza, hay falta de acceso a la información, la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva. También se asegura que un avance legislativo posterior a Beijing lo constituye la norma legal que garantiza el derecho a continuar estudiando a las jóvenes embarazadas y madres. Esta normativa es de gran relevancia, ya que el embarazo y la maternidad son la primera causa de la deserción escolar de las adolescentes.

En Chile el aborto está penalizado en todas sus formas, no existen excepciones legales a esta prohibición. Las leyes contra el aborto se encuentran en el Código Penal, Artículos 342 A y 245, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”, caracterizándose como una de las más restrictivas del mundo.

El Código Penal castiga todo aborto intencional, así como los causados por un acto violento contra una mujer embarazada. También se castiga al que practicá el aborto como a la mujer que consiente a ello. La pena por este delito es de 3 a 5 años por abortar, y de 541 días a 3 años a quien realice un aborto. Según datos extraidos de la investigación realizada por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, un importante segmento de los casos de mujeres denunciadas por aborto no recibió defensa legal alguna: en promedio solo un 38% del total de mujeres en proceso recibió defensa legal y un 60% no tuvo en su proceso ningún tipo de intervención de un profesional. La penalización a las mujeres por practicarse un aborto libera de toda responsabilidad al hombre.

El aborto terapéutico fue permitido en Chile por el Código de Salud entre 1931 a 1989, en este período toda mujer cuya vida estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos. En 1989 se eliminó la excepción del aborto terapéutico. En consecuencia, actualmente la regulación penal en Chile “considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico, subordinado al feto en gestación”.

Enrique Donoso S. y Enrique Oyarzún E., del departamento de obstetricia y ginecología, de facultad de medicina de la pontificia Universidad Católica de Chile, publican en el documento titulado Mortalidad Materna, Chile 2003: ¿Continúa el gran descenso?, “en América Latina sólo Argentina, Chile y Costa Rica pudieron demostrar reducciones sostenidas del indicador en el decenio de los 90. Chile, en el período 1990-2000 redujo significativamente la mortalidad materna de 39,9 a 18,7/100.000 nacidos vivos”, como se observa en el siguiente cuadro.

MORTALIDAD MATERNA (X 100.000 NACIDOS VIVOS),
CHILE 2000-2003

Año

Nacidos vivos

Muertes maternas

Mortalidad materna

Mujeres
10-50 años

2000

261.993

49

18,7

4.698.595

2003

246.827

30

12,2

4.846.474


Recientemente el Tribunal Constitucional de Chile decidió sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios autodenominados "por la vida", en contra de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad alegando que atentan contra el derecho a la vida protegido constitucionalmente en el país. Aunque aún no se oficializa el fallo, trascendió que se habría acogido en su totalidad dicho recurso.

Las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, preparadas por profesionales del Ministerio de la Salud y organizaciones de la sociedad civil, son una respuesta de alta calidad técnica, científica y ética que, respetando los estándares internacionales, aborda las urgentes necesidades de las personas en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el Tribunal acogió la demanda y aceptó el requerimiento en su totalidad. Lo que afecta a la distribución del dispositivo intrauterino T de Cobre, píldoras anticonceptivas combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (es decir, todas las que se entregan en los consultorios públicos) y anticoncepción de emergencia. (Actualizado 3 abril - ver más en Choike http://www.choike.org/nuevo/informes/6164.html )

 


Educación


Entre los indicadores adicionales que ofrece el Primer Informe del Gobierno de Chile sobre el avance de los ODM de 2005 se destaca la tasa de conclusión de enseñanza media de la mujer que para 1990 fue del 52.7% y para el año 2000 correspondió a 67.9%.

Por lo que se refiere a la relación entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres de 15 a 24 años muestra este Primer Informe que el analfabetismo femenino disminuyó desde 5.5% en el año 1990 al 4.1% en el año 2000. En el año 2000, la relación de la tasa de alfabetización de mujeres y hombres (siempre de 15 a 24 años) se encuentra prácticamente equiparada para ambos sexos (0.99).

Datos publicados por UNESCO en el 2006 muestran esa equiparación en la tasa de alfabetización entre hombres y mujeres (alrededor del 95%), la cual ya se hacía evidente en el 2000.

Instituto de estadística de la UNESCO (UIS)
Tasa de alfabetismo y población analfabeta de 15 y más años
Por país y género / abril 2006

Tasa de alfabetismo (%)
Población analfabeta de
15 y más años
País o territorio
Hombre Mujer Total
Hombre
Mujer
Total
% de mujeres
Fuente
Brasil

95,8

95,6

95,7

238.071

257.408

495.479

52,0

c2002

FUENTE: Naciones Unidas - División de Población. El estimado de población
usado corresponde al año del Censo o la Encuesta.
SIMBOLOS USADOS: c: CENSO


Violencia


En el documento publicado por el PNUD en 1999 “Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres – Informe Nacional Chile-” se afirma que en 1992 la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica de Chile, en una investigación realizada para SERNAM, estimaba que en este país se cometen alrededor de 20.000 delitos sexuales, denunciándose el hecho sólo entre un 15% a 20%. De cada 10 casos 9 correspondería a mujeres, dándose el mayor porcentajes en víctimas entre 5 y 14 años de edad. Más del 70% de las agresiones son hechas por personas conocidas o familiares de la víctima, lo cual, incide en que sea menos probable que se haga efectiva una denuncia, al mismo tiempo que el impacto afectivo en la víctima sea mayor.

Este informe finaliza asegurando que la violencia sexual es un grave problema en Chile y que “aún existen prejuicios y posturas conservadoras que impiden abordar el tema de manera directa y clara, siendo insuficientes los recursos para tratarlo”.

Del trabajo que se ha venido desarrollando en Chile, destaca, entre otros: la promulgación de la Ley de Delitos Sexuales; presencia de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual; el compromiso de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en la materia; la visión multidisciplinaria y sistémica con que el Centro de Asistencia de Víctimas de Atentados Sexuales, interviene en los casos; la atención permanente que brinda el Instituto Médico Legal.

Este Informe señala la persistencia de mitos y creencias sobre el tema, y la visión de la sexualidad como un tema tabú que impiden que la mujer tenga igualdad de oportunidades que el hombre, viendo a la mujer muchas veces como la culpable de ser víctima de estos delitos.

Esfuerzos nacionales por la igualdad en el país


La acción del Estado se inició en 1949 con el establecimiento de la Oficina Jurídica de la Mujer. En 1951 nació la Oficina de la Mujer, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno del presidente Eduardo Frei recogió la recomendación de organismos internacionales tales como la OIT, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Mujeres y en 1969 creó la Oficina Nacional de la Mujer, dependiente del Presidente de la República. En septiembre de 1972, el Presidente Allende creó la Secretaría Nacional de la Mujer.
El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) se creó bajo la presidencia de Patricio Alwyn (1990-1994), en respuesta a las demandas formuladas por la Concertación de Mujeres por la Democracia y como un ente de gobierno con rango ministerial para la formulación y coordinación de políticas para mejorar su situación.

Con la formulación del “Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999”, el Servicio Nacional de la Mujer consagró la necesidad de incorporar la equidad de género en el conjunto de las políticas públicas. Este principio fue acogido por el Ejecutivo al asumir este Plan, en 1995, como parte de su programa de gobierno. El “Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010. Lineamientos Generales” busca consolidar durante la próxima década las políticas de género en la institucionalidad pública, a la vez que promover la participación de las mujeres y el control ciudadano en torno a estas políticas.

Chile ha suscrito y ratificado un conjunto de tratados e instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que abordan la igualdad entre hombres y mujeres. Entre otros, la Convención par la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer – Beijing, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo – El Cairo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Belém do Pará, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que consignan la igualdad entre hombres y mujeres.

Chile ha ratificado también los Convenios 103, 100, 111 y 156 de la OIT, no así el Convenio 183 (2000) sobre la protección de la maternidad. Por lo que se refiere a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Chile la ha firmado y ratificado la Convención, sin embargo no ha ratificado su Protocolo Facultativo.

Entre algunos de esfuerzos más recientes de la legislación nacional destinada a superar las inequidades entre hombres y mujeres están:

  • Ley n° 20.086 introduce modificaciones a la aplicación de los procedimientos de la ley de tribunales de familia. Publicada en el diario oficial 15 de diciembre de 2005
  • Ley nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Publicada en el diario oficial el 07 de octubre de 2005
  • Ley nº 20.047 establece permiso paternal en el Código del Trabajo. Publicada en el diario oficial el 02 de septiembre de 2005
  • Ley nº 20.030 sobre modificación a las normas para demandar la paternidad o maternidad, que facilita los trámites judiciales, publicada en el Diario Oficial el 5 de julio de 2005
  • Nº 20.005, tipifica y sanciona el acoso sexual. Publicada en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005
  • Ley nº 19.968 que crea los tribunales de familia. Publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto de 2004
  • Ley 19.947 nueva Ley de matrimonio civil. Publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2004
  • Ley n° 19.741 modifica la ley n° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, publicada el 24 de julio de 2001
  • Ley n° 19.711 que regula el derecho a visita a los hijos sometidos a la tutela de uno de los padres. Publicada el 18 de enero de 2001

Ley n° 19.688. Modifica la ley 18.962 orgánica constitucional de enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a los establecimientos educacionales. Publicada el 05 de agosto de 2000

 

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