Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Uruguay


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006, Uruguay se encuentra en la posición 43 entre 177 países del ranking mundial (con un valor de 0,851). Este valor ubica a Uruguay en el grupo de países latinoamericanos con desarrollo humano alto, junto con Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, México y Panamá.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 Uruguay ocupa la posición 39, entre 136 países (con un valor de 0,847). El mismo Informe detalla que la esperanza de vida de las mujeres es aproximadamente de ocho años superior a la de los hombres (79,2 y 71,9 respectivamente). Con respecto al componente educativo, en este Informe se omiten datos respecto a la tasa de alfabetización en adultos (en el Informe 2005 era de 98.1% la tasa de mujeres adultas alfabetizadas y el 97.3% de hombres). Una de las diferencias más importantes se observan en la tasa de matrícula combinada que presentan niveles considerablemente superiores para las mujeres, 95% sobre 84% de los hombres. Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Uruguay se observa que los ingresos de las mujeres representan algo más de la mitad de los ingresos que tienen los hombres (6.764 $ PPA las mujeres y los hombres 12.240).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,831
0,828
Informe 2005 (datos 2003)
0,840
0,836
Informe 2006 (datos 2004)
0,851
0,847

 

Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,519
  1. Informe 2005 (datos 2003)
0,504
Informe 2006 (datos 2004)
0,513

 

En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 2006, Uruguay ocupa la posición número 50 en la clasificación mundial, entre 75 países considerados (con un valor de 0,513). Las cifras de este Informe muestran que mientas las mujeres ocupan el 53% de los puestos profesionales y técnicos, sólo un 35% ocupan puestos de directoras, gerentes y administradores. En lo que respecta a la participación política, el porcentaje de mujeres parlamentarias es del 10.8%. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Uruguay es 0,55, lo que refleja una cifra aún muy desfavorable para la mujer (poco más de la mitad)


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

L
os ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

 

 

El Informe ODM en Uruguay. Documento base par a la discusión nacional de 2003, presentado por las Naciones Unidas en el país, realiza un análisis sobre el avance en la meta 4 e incorpora información complementaria a la que ofrecen los indicadores propuestos. En este se afirma que Uruguay tiene “bajas tasas de analfabetismo y que son menores para las mujeres que para los hombres”. Se agrega en este Informe que “los indicadores de cobertura de la educación indican que no existe una discriminación contra la mujer en esta área, señalándose además que la población femenina cuenta con mayor nivel educativo que la masculina desde hace varias generaciones. Si bien desde esta perspectiva puede decirse que la meta de desarrollo está alcanzada, ello no es suficiente para hablar de igualdad entre los géneros”.

En cuanto a la proporción de mujeres entre los empleados en el sector no agrícola en relación con el total de trabajadores en esas actividades, los datos de las Naciones Unidas ofrecen una proporción para el 2003 del 46.3% para las mujeres. Este Informe señala también los retos de la discriminación salarial y la segregación laboral como las principales problemáticas de género.

Un estudio sobre las últimas elecciones en Uruguay (2004 – 2005), titulado Cambia... ¿todo cambia? Las elecciones uruguayas, las mujeres y la equidad de género, publicado por CNS Mujeres, muestra que en los últimos años la participación política de las mujeres ha disminuido. El estudio presenta los siguientes datos en cuanto a la proporción de mujeres en el Parlamento nacional:

Mujeres titulares en el parlamento, 1984-2000

 

Parlamento

Diputados

Senado

Año

Total

Mujeres

%

Total

Mujeres

%

Total

Mujeres

%

1984

130

0

0,0

99

0

0,0

31

0

0,0

1989

130

6

4,6

99

6

6,1

31

0

0,0

1994

130

9

6,9

99

7

7,1

31

2

6,5

1999

130

15

11,5

99

12

12,1

31

3

9,7

2004

130

14

10,8

99

11

11,1

31

3

9,7

FUENTE: Elaboración propia con base a datos de la Corte Electoral.

 


Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, en Uruguay se omiten los datos de avance para 1995, 2000 y 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

 

Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (ver documento). Se observa que en Uruguay existe un avance considerable en cuanto al logro de la paridad esperada en la participación y acceso a poder de las mujeres, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo y local (de los cuales no se han registrado datos), y el poder legislativo.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, se observa en Uruguay un avance que sin embargo se estanca en los dos últimos años considerados: 6.9% en 1995, 11,5% en el 2000 y 2003.

La investigación promovida por la Comisión Nacional de Seguimiento, titulado Cambia... ¿todo cambia? Las elecciones uruguayas, las mujeres y la equidad de género, publicado por CNS Mujeres, presenta un estudio de los resultados de las últimas elecciones uruguayas (2004-2005). En cuanto a los cargos parlamentarios el porcentaje de mujeres es del 10.8%. En concreto, la distribución de bancas en el parlamento por sexo, para la legislatura 2005-2010, quedó conformada de la siguiente forma: del total de 130 parlamentarios/as, 14 mujeres y 116 hombres; 3 senadoras y 28 senadores; 11 diputadas y 88 diputados.

Señala el mismo estudio, respecto al Poder Ejecutivo, que antes de las últimas elecciones “nunca en la historia del país se había desempeñado más de una mujer ministra en una misma administración. Así, por primera vez el porcentaje de mujeres en los cargos más altos del Poder Ejecutivo (un 23,1% de ministras y un 15,4% de subsecretarias) supera la tasa de representación femenina en el parlamento”. Resulta interesante para el análisis, a partir de los anteriores datos, destacar que actualmente Uruguay no posee una ley de cuotas.

 

Economía y pobreza

Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores de ésta área temática para los años 1995, 2000 y 2005 fueron: 85,0%, 87,1% y 87,7% respectivamente; valores cercanos a la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Uruguay muestra una evolución constante en el logro de la meta trazada para la región (100%), siendo 61,0% en 1995, 67,0% en el 2000 y llegando a 71,8% en el 2003.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Uruguay muestra un leve retroceso al final del período estudiado: 95,1% en 1995, 95,2% en el 2000, retrocediendo a 92,0% en el 2003, a escasos tres puntos porcentuales de alcanzar la meta.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto, Uruguay se mantiene cerca de alcanzar la meta planteada, siendo: 99,2% en 1995 y manteniéndose en 99,4% en el 2000 y el 2003.

A pesar de los avances, el Informe sobre los ODM de 2003 señala que la discriminación salarial y la segregación ocupacional son todavía retos a superar en Uruguay, sobre todo en lo que se refiere a la segregación ocupacional, pues “en el sector de asalariados privados ha crecido”. En este sentido, se afirma en el Informe que “existen ocupaciones predominantemente femeninas o masculinas y una primacía de hombres en las posiciones jerárquicas al interior de una ocupación. Por ejemplo, en los “servicios personales y afines donde predominan empleos de peores condiciones en relación con otros sectores, se concentra la tercera parte de las trabajadoras, y las mujeres conforman el 71% de los empleados en este tipo de ocupación. Entre los gerentes, administradores y funcionarios directivos, la proporción de mujeres es minoritaria”, puntualiza dicho Informe.

Según señalan las estadísticas de género de la CEPAL el desempleo golpea particularmente a las mujeres, que presentan sistemáticamente una tasa mayor que los hombres. En el 2002 era del 21.1% para la mujer y del 13.4% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 60.6 % del ingreso per cápita urbano por hombre, para el 2002.

 

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (descargar documento). La evolución en Uruguay, en torno a esta área temática incluida en el ICC, muestra un leve incremento en algunos de los indicadores que lo constituyen, aunque no se presentan datos con relación a Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos.

1) En cuanto a Nacidos vivos de madres de 20 o más años este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en Uruguay leves avance en los datos presentados: siendo para 1995 el 83,5%, para el 2000 el 83,6% y pasando a 84,9% en el 2003.

2) Atención institucional al parto. Respecto a este indicador se observa un posicionamiento que favorece a las mujeres, pues los porcentajes se han mantenido cercanos al 100% establecido como meta, oscilando los valores de la siguiente manera: 95,8% (en 1995), 95,6% (en 2000), y a 95,8% (en el 2003).

El diagnóstico regional del Banco Mundial de 2003, titulado Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América Latina y El Caribe plantea que Uruguay, junto con Argentina y Chile, presentan las tasas más bajas de fertilidad de toda la región. Sin embargo, en el estudio titulado “Uruguay y políticas en salud sexual y reproductiva”, publicado por CNS Mujeres, se afirma que “el incremento sostenido de embarazos y partos en mujeres adolescentes pertenecientes a los sectores más pobres de la población, es una de las problemáticas emergentes de mayor impacto en la sociedad uruguaya. En el año 2003, el 17% de los nacidos vivos fueron hijos de mujeres entre 10 y 19 años, y el 27% de los nacimientos ocurridos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (principal Maternidad pública del país) corresponden a mujeres adolescentes pertenecientes a sectores pobres”.

Señala la investigación publicada por CNS Mujeres que “la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, han adquirido visibilidad y reconocimiento como nunca antes en el país”. Como ejemplo se cita el reciente proceso en torno al Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Este proyecto ubicaba al Estado como garante de los derechos sexuales y reproductivos, universalizaba los servicios de anticoncepción, postulaba el desarrollo de políticas de educación sexual, promovía la maternidad y paternidad elegida, y legalizaba el aborto por sola voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Dicho proyecto fue aprobado favorablemente en la Cámara de Diputados en diciembre de 2002, pero fue votado negativamente, por una diferencia de 5 votos, en Cámara de Senadores en mayo de 2004.

Recientemente, en noviembre de 2007, el Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que incluye despenalizar el aborto en todo el país. La iniciativa, que había sido rechazada tres semanas antes, fue aprobada por 18 votos a favor y 13 en contra, para luego comenzar a ser votada artículo por artículo. El proyecto permite a una mujer abortar antes de las 12 semanas de gestación por "circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso." En la actualidad, en Uruguay rige una ley de 1938 que permite el aborto en caso de violación o si peligra la vida de la madre o del feto, pero castiga con prisión a quienes se realicen el procedimiento fuera de esas causas. Según datos de los legisladores que presentaron la iniciativa, en Uruguay se realizan unos 30.000 abortos anuales en clínicas clandestinas. El costo de la operación llega hasta los 1.000 dólares. En mayo del 2004, meses antes de las elecciones presidenciales, el Senado rechazó la despenalización del aborto tras su aprobación entre los Diputados. El proyecto había llegado por primera vez al Congreso, luego de naufragar en comisiones legislativas durante años. FUENTE: CHOIKE (www.choike.org)

 

Educación


En cuanto a la educación superior se puede decir que Uruguay ha tenido una transformación importante al constatar que de los 23 servicios de la Universidad de la República, sólo cuatro tienen actualmente una presencia mayoritaria masculina en la matrícula: 1) Ingeniería, donde el porcentaje de hombres alcanza el 77%, aunque ha disminuido en los últimos treinta años, ya que históricamente era un servicio donde casi no existía la matrícula femenina. 2) En Agronomía ocurrió algo similar a lo anterior. Mientras en 1968 la matrícula masculina alcanzaba el 90%, en 1999 se ubica en el 68%. 3) Música. El proceso en este campo es diferente. En 1968 había una predominancia femenina en la matrícula, sin embargo, a partir de 1988 existe una leve predominancia masculina que se mantiene hasta 1999 (56%). 4) Arquitectura: en este caso la presencia masculina decae frente al 72% en 1968, colocándose en una situación casi de paridad (52%) en 1999.

A partir de los datos anteriores, Jorge Papadópulos y Rosario Radakovich, en su publicación titulada Educación superior y género en Uruguay, afirman que “aún persiste una cierta segmentación por sexo en la matrícula universitaria, que se hace evidente en algunos servicios”. En este caso, aclaran, son las carreras de ingeniería y agronomía las que se presentan como carreras “masculinizadas”. De todas formas, este proceso se viene revirtiendo en los últimos treinta años, existiendo una mayor presencia femenina en la matriculación de estas facultades y de forma generalizada en prácticamente todos los servicios, agregan.

Se destaca en esta publicación que la matrícula femenina se concentra en algunos sectores de la educación universitaria, donde duplican y triplican la presencia masculina, entre éstas: en el área humanística (facultad de humanidades y ciencias de la educación, ciencias sociales, derecho), y áreas médicas (odontología, enfermería y tecnologías médicas, también en menor medida medicina), así como en forma menos generalizada, en algunas áreas científicas como química. Existe también una tendencia a que las mujeres superen a la población masculina en las carreras “cortas”, asociadas a las escuelas universitarias como: enfermería, bibliotecología, administración, nutrición, tecnología odontológica, parteras, psicología, entre otras.

En los datos presentados en el documento Uruguay: indicadores de género 2001-2004, publicado por Instituto Nacional de las Mujeres, puede observarse que para el año 2004 entre la población de 15 a 24 años básicamente se había alcanzado la paridad en cuanto a los niveles de instrucción. Siendo para 2004, según Naciones Unidas, en las tasas de enseñanza media donde aparecen mayores diferencias favorables a las mujeres. En cuanto a la población con escaso o nulo nivel de instrucción, vemos que los porcentajes son similares y no muestra grandes brechas de género.

Porcentaje de población de 15 años y más con escaso o nulo nivel de instrucción, según sexo.

 

Tramo de edad

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

 

Hombres

15 a 24 años

1,0

1,8

1,4

1,3

25 a 34 años

2,1

1,7

1,6

1,8

35 a 44 años

3,5

2,3

2,3

2,0

45 a 54 años

5,8

5,7

4,1

4,1

55 a 64 años

11,9

9,6

8,8

9,7

65 y más años

25,3

21,6

20,9

21,6

Total

7,8

6,8

6,3

6,4

 

Mujeres

15 a 24 años

1,0

0,9

1,3

0,9

25 a 34 años

1,3

1,2

0,9

1,2

35 a 44 años

2,2

2,0

1,7

1,7

45 a 54 años

4,8

3,9

3,5

2,8

55 a 64 años

10,9

9,0

7,9

7,4

65 y más años

26,0

20,6

19,6

19,3

Total

8,5

6,9

6,6

6,3

 

Total

15 a 24 años

1,0

1,4

1,4

1,1

25 a 34 años

1,7

1,5

1,3

1,5

35 a 44 años

2,8

2,1

2,0

1,8

45 a 54 años

5,2

4,8

3,8

3,4

55 a 64 años

11,3

9,2

8,3

8,4

65 y más años

25,7

21,0

20,1

20,2

Total

8,2

6,8

6,4

6,4

Nota: Escaso o nulo nivel de instrucción se define como que nunca asistió o no supera tercer grado de nivel primario.
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares, 2001 al 2004.

 

Violencia


En cuanto a la violencia de género, según el estudio realizado en Montevideo y Canelones por María Teresa Traversa, titulado “Violencia en la pareja. La cara oculta de la relación”, en el 2001 46,4% de las mujeres vive algún tipo de violencia en su relación de pareja, aproximadamente un 36% sufre violencia psicológica, y un 10,8% experimenta violencia física y sexual. Este estudio mostró también que el 25% de las mujeres encuestadas denunció el abuso ante la policía y que el 20% lo hizo en los tribunales. Sin embargo, el 75% de las víctimas dijo que haber denunciado el hecho de violencia no ayudó a resolver el problema. De las mujeres que denunciaron, el 71% lo hizo inmediatamente después del episodio de violencia o durante el mes siguiente de la ocurrencia.

Desde 1995 Uruguay cuenta con laLey 16707 de Seguridad Ciudadana, que se incorpora al Código Penal en el Art. 321 (bis), tipificando la violencia doméstica e imponiéndole sanciones. Además, desde el 2002 está vigente la Ley 17514 sobre Violencia Doméstica.

 

Esfuerzos nacionales por la igualdad en el país


El mecanismo nacional para la igualdad en el Uruguay —el Instituto Nacional de la Mujer— se creó el 5 de mayo de 1987, por decreto 226/87 del Poder Ejecutivo, dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Su creación respondía a la recomendación emanada de la Conferencia Latinoamericana sobre Mujer Población y Desarrollo, convocada por el PNUD en Montevideo en diciembre de 1986. Según el decreto, el Instituto tenía tres objetivos principales, que definían su trabajo como analítico, consultivo y propositivo, por lo que no fue pensado inicialmente como ejecutor de políticas públicas sino como el órgano rector y coordinador de políticas de la mujer a implementar por otros organismos del estado.

Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) el Instituto se creó de nuevo por las Leyes de Rendición de Cuentas números 16.226 (artículo 234) de 1991 y 16.320 (artículo 253) de 1992, consolidándose su estructura jurídica. Se le cambió el nombre a Instituto Nacional de la Familia y la Mujer y pasó a convertirse en una dependencia de la Dirección General de Secretaría del MEC. Se le dotó asimismo de una función ejecutora y coejecutora de políticas públicas y se le asignó una partida propia dentro del presupuesto del MEC; esta suma se vio casi duplicada en el Presupuesto de 2001, a raíz de la presión ejercida por la llamada "bancada femenina" del parlamento, una coordinación interpartidaria de mujeres legisladoras.

En cuanto a los cambios legislativos a nivel nacional cabe mencionar la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación de la Violencia Doméstica (Ley 17.514) y el Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica (2004-2010).

Por lo que respecta la legislación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, Uruguay ha firmado y ratificado (1981) la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como su Protocolo Facultativo –firmado en 2000 y ratificado en 2001. A nivel regional, Uruguay ha firmado (1994) y ratificado (1996) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará.

En cuanto a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que cumplen el mandato en materia de igualdad entre los sexos, Uruguay ha ratificado el Convenio 100 sobre igual remuneración, el 111 sobre discriminación en el empleo y el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Sin embargo, no ha ratificado el Convenio 183, sobre la protección de la maternidad.

 

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