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Compromisos

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fundamenta los derechos humanos en la "dignidad intrínseca" de todas las personas.

La Declaración consagra el principio de igualdad de los derechos humanos al proclamar que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2)

Aunque la Declaración carece del carácter vinculante de un tratado, ha adquirido aceptación universal como autoridad moral en materia de derechos humanos. Muchos países han citado la Declaración o incluido sus disposiciones en sus leyes básicas o constituciones, y muchos pactos, convenios y tratados de derechos humanos posteriores se han basado en sus principios.

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951

Este Convenio establece que todos los países miembro “deberán, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” (Artículo 2).

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965

Reafirma el compromiso de todos los países de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966, su Protocolo Facultativo, 1966, y su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte, 1989


El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1966. Sin embargo, no fue hasta 10 años que recibió las firmas suficientes para entrar en vigor. Al ser un Pacto tiene fuerza de ley para los países que lo han ratificado.

El PIDCP desarrolla una serie de derechos civiles y políticos que tienen como finalidad  fijar los límites del poder estatal, protegiendo a las personas frente a los excesos del poder del Estado. El principio de igualdad queda recogido en el Artículo 3 que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.

Las obligaciones que resultan del PIDCP son de carácter inmediato, es decir, desde el momento que un Estado lo ratifica asume la obligación de “respetar y garantizar” todos los derechos reconocidos en él (Artículo 2).

Cuenta con un Protocolo Facultativo por el cual el Comité de Derechos Humanos, además de recibir y evaluar los informes de los Estados, puede recibir y evaluar denuncias de individuos contra un Estado parte.

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 1966 y su Protocolo Facultativo, 2008

El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) fue aprobado el mismo día que el PIDCP e igualmente entró en vigor 10 años más tarde.

Este PIDESC reconoce el derecho al trabajo, a un salario equitativo, a la sindicalización, a la seguridad social, a condiciones dignas de existencia, a la salud, a la educación y a la protección contra el hambre. El inciso i) del artículo 7 remarca especialmente que “debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual”.

A diferencia del PIDCP, las obligaciones que emanan de este Pacto son de carácter gradual y progresivo. Esto es, los Estados ya no se comprometen a “respetar y garantizar” los derechos, como ocurría en el PIDCP, sino que tan sólo asumen la responsabilidad de tomar medidas para buscar una satisfacción paulatina de esos derechos socioeconómicos en función de los recursos del Estado, dado que suele tratarse de derechos que conllevan políticas con un alto coste presupuestario. Además, dada la escasez de medios de muchos países, para la satisfacción de estos derechos humanos se atribuye un papel importante a la cooperación internacional.

Cuenta con un Comité de Derechos Económicos y Sociales establecido para vigilar la aplicación del Pacto. Además, estos instrumentos conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969

Su Artículo 1 establece que: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Declaración sobre la protección de la mujer y del niño en estados de emergencia o de conflicto armado, 1974


Preocupados por los sufrimientos de las mujeres y los niños que forman parte de las poblaciones civiles que en períodos de emergencia o de conflicto armado en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la independencia muy a menudo resultan víctimas de actos inhumanos y por consiguiente sufren graves daños, los países se comprometen a proporcionar una especial protección a mujeres y niños.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 y su Protocolo Facultativo, 1999 (Ver CEDAW)

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa el estatuto internacional de derechos para las mujeres y referencia obligatoria en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fue aprobada en por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, entrando en vigor en 1981.

En el preámbulo de la Convención se constata que, a pesar de los instrumentos jurídicos existentes que consagran la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las sociedades y se reafirma que ésta atenta contra la dignidad humana y obstaculiza el bienestar de la sociedad y la familia. El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Al ratificarla, los Estados parte de la Convención se obligan jurídicamente a adoptar una serie de  medidas dirigidas a lograr: el pleno desarrollo y adelanto de la mujer (art. 3); la igualdad de facto entre hombres y mujeres (art. 4); la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres (art. 5); la supresión de todas las formas de trata y explotación en la prostitución de las mujeres (art. 6); la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país (art. 7); la promoción de la participación de la mujer en la esfera internacional (art. 8); la no discriminación en cuanto a la nacionalidad (art. 9); igualdad de derechos en el ámbito de la educación (art. 10); en el empleo (art. 11); en la atención médica (art. 12); en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares (art. 16) y; en la promoción de la mujer en el mundo rural (art. 14), entre otros.

Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981


Este Convenio complementa el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, que no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades familiares. En el mismo se establecen una serie de medidas dirigidas a permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo y a tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social, con el fin último de crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras.

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 1984 y su Protocolo Facultativo, 2003

Si bien el texto de la Convención Contra la Tortura no hace referencia explícita al género, el Comité Contra la Tortura ha ido integrando cada vez con mayor fuerza el enfoque de género en su trabajo. A este respecto, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Novak, dedica su II informe a mostrar los vínculos entre la tortura y las distintas formas de violencia contra las mujeres -ya sea esta ejercida por actores estatales o privados - en el ámbito público o privado.

Declaración sobre el derecho al desarrollo, 1986

Afirma que “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

Convención sobre los derechos del niño, 1989 , su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados, 2000 y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2000

Garantiza una serie de derechos que los Estados deben aplicar a cada niño sin distinción de raza, sexo o cualquier otro. Entre los compromisos asumidos, los Estados parte convienen que la educación del niño deber estar orientada a preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, 1990

Reconoce una serie de derechos que los Estados Partes se comprometen a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993


La Declaración y Programa de Acción de Viena resultante de la Conferencia celebrada en Viena en junio de 1993 reafirma el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales.

La Declaración señala el vínculo entre desarrollo y derechos humanos: “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.”

La Declaración asigna un papel preponderante a la comunidad internacional en el logro del desarrollo: “La comunidad internacional debe propiciar una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo”.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993


Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1993, su importancia fundamental radica en que por primera vez en un instrumento internacional se reconoce “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La Declaración establece un vínculo directo entre la violencia contra la mujer y la desigualdad de poder entre los géneros: “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

La Declaración entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, y urge a los Estados a condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla y a adoptar una serie de medidas dirigidas a erradicarla.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará, 1994

La Convención de Belem do Pará, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1994, es el primer instrumento legal internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.

Todos los países de América Latina y el Caribe la han ratificado, con lo que se han comprometido jurídicamente a adoptar la diversidad de políticas y programas indicados en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Convención contempla la posibilidad de que una persona, grupo de personas u organización no gubernamental presente ante la omisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias por violaciones a lo derechos en ella enunciados. (Ver Mecanismos de protección)

V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994

La V Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró en septiembre de 1994 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, teniendo como uno de sus principios guía: “Promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo”.

En esta Conferencia se reconocen por primera vez los derechos reproductivos de todas las personas y se reafirma el derecho fundamental de todas las parejas y todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los nacimientos de sus hijos, y a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para hacerlo. Se reconoce el derecho de todas las personas a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y se define el aborto que ocurre en condiciones de riesgo como un problema de salud pública. (Ver derechos sexuales y reproductivos).

El Programa de Acción resultante de la Conferencia dedica el capítulo IV a la “igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer”, e introduce por primera vez en un instrumento de derechos humanos el concepto de género, lo que supone pasar de un enfoque centrado exclusivamente en las mujeres a un enfoque centrado en las capacidades de las mujeres para ejercer sus derechos humanos dentro de un contexto de normas y estereotipos de género y en el que es necesario involucrar a los hombres.

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, representantes de 189 gobiernos aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con el objetivo de eliminar los obstáculos que dificultan la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En ella se articulan por primera vez la agenda de desarrollo con la de los derechos de las mujeres y se definen dos estrategias claras para lograr los objetivos: el “mainstreaming” de género y el empoderamiento de las mujeres.

La Plataforma define 12 esferas de especial preocupación: pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos para la igualdad, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y los derechos de las niñas.  El texto combina el análisis de la situación de las mujeres en el mundo en esas áreas particulares con la definición de cincuenta objetivos estratégicos y más de cien medidas para la acción.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998


El Estatuto de Roma por el cual se crea la Corte Penal Internacional entró en vigor en julio de 2002. En él se define expresamente la violación y otros abusos sexuales (tales como la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada) por razones de género como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Además de sus disposiciones jurídicas sustantivas, en el Estatuto de Roma se tratan diversas cuestiones estructurales consideradas decisivas para que la Corte funcione como un mecanismo progresivo de justicia para las víctimas de la violencia por razones de género. En la selección del personal jurídico, los Estados Partes deben tener en cuenta la necesidad de que haya una “representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres” y “magistrados que sean juristas especializados en temas concretos, entre otros la violencia contra las mujeres o los niños”. El Estatuto prevé también específicamente el establecimiento de una Dependencia de Víctimas y Testigos que contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual”.

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, 2000

Protocolo adoptado con la finalidad de: prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las  mujeres y los niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, 2000

La Resolución 1325 reconoce que las mujeres, los niños y las niñas son la inmensa mayoría de las víctimas de los conflictos armados. Por ello, solicita la integración del género y la participación completa y equitativa de las mujeres en todas las iniciativas de paz y seguridad: incremento de la representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión relativos a la prevención, gestión y solución de conflictos; incorporación de la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz; capacitación en género y VIH/SIDA para personal de mantenimiento de la paz; incorporación del enfoque de género en la negociación y aplicación de los acuerdos de paz; adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género; compromiso de poner fin a la  impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; incorporación del enfoque de género en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, entre otras.

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban, 2001. Declaración y el Programa de Acción de Durban, Sudáfrica

Esta Conferencia, que concitó el compromiso de 170 Estados, constituye uno de los hechos más significativos del siglo XXI para las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia en el mundo y de manera muy especial para las Américas. La misma marcó un cambio de paradigma, al reafirmar la urgencia de protección de los derechos fundamentales para las víctimas del racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y al reconocer las nuevas modalidades del racismo y sus interconexiones con otras formas de exclusión social.

En abril de 2009, se revisaron los avances y la implementación del Plan de Acción. El Documento Final de la Conferencia de Examen de Durban, Reafirma la Declaración y el Programa de Acción de Durban, celebra los avances logrados en algunas materias y condena las numerosas formas todavía existentes de discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, cabe destacar el artículo 70, en el que “Insta a los Estados a que refuercen las medidas destinadas a eliminar las barreras y a dar a las personas de ascendencia africana y asiática, a los pueblos indígenas y a las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas oportunidades de participar en mayor medida y más eficazmente en las esferas política, económica, social y cultural de la sociedad, y a que presten especial atención a la situación de la mujer, en particular su integración en la práctica en el mercado laboral y en programas de generación de ingresos y de empleo”.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006 y su Protocolo Facultativo, 2006

Esta Convención busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Reconoce las discriminaciones múltiples que sufren las personas con discapacidad por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición.

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006, pero todavía no ha recibido el número de firmas suficientes para entrar en vigor.

Afirma el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin. Establece que ningún Estado parte está obligado a conceder una extradición si éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud, se causara un daño a esta persona por cualquiera de estas razones.


Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos armados, 2008


En la Resolución 1820, el Consejo de Seguridad observa con preocupación que a pesar de la repetida condena de la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado, incluida la violencia sexual, “tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado un grado alarmante de brutalidad”. En consecuencia, la Resolución “exige que todas las partes en conflictos armados pongan fin sin dilación y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles, con efecto inmediato” y que adopten de inmediato “medidas apropiadas para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de todas las formas de violencia sexual”.

 

 

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