Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Argentina


Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el IDH constituye una medida básica de comparación para evaluar los avances de todos los países del mundo en algunas dimensiones relevantes del desarrollo humano como son la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria y el PIB real per cápita.

El IDH se mide en una escala de 0 a 1, y a partir de esa escala se consideran tres rangos de desarrollo humano: a) desarrollo humano alto, cuando el valor del IDH en una región o país es mayor o igual a 0.80; b) desarrollo humano medio, cuando el valor del IDH está entre 0.50 y 0.79; c) desarrollo humano bajo, cuando el valor del IDH es menor a 0.50

El Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2005 ubicaba a Argentina en la posición 34 en un ranking 177 países (con un valor de 0,863), pasando en el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 a la posición 36 del ranking mundial, manteniéndose el valor y siempre entre un ranking 177 países. Argentina permanece en el rango de países de desarrollo humano alto.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Éste considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.

Para el 2004, según el Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006, la esperanza de vida de las mujeres argentinas era aproximadamente de ocho años superior a la de los hombres y la tasa de alfabetización en adultos era similar (97.2% para ambos casos), mientras que la tasa de matrícula combinada de las mujeres era superior a la de los hombres (94% y 85%). Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), se observa que los ingresos de las mujeres argentinas representan aproximadamente la mitad de los ingresos de los hombres (17.518 los hombres y 9.258 las mujeres).

Valor IDH
Valor IDG
Informe 2002 (datos 2000)
0,856
0,836
Informe 2005 (datos 2003)
0,863
0,854
Informe 2006 (datos 2004)
0,863
0,859

 

Índice de Potenciación de Género (IPG)

El IPG mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2006, Argentina posee un valor alto en el IPG pues ocupa el puesto 19 en una clasificación de 75 países (con un valor de 0,697), la mejor posición para la región, seguida de Costa Rica. Este mismo Informe señala que en Argentina el porcentaje de mujeres legisladoras, altas funcionarias y directivas ocupan el 25% (del total), además, que mujeres en puestos profesionales y técnicos asciende al 55%, y que la proporción de mujeres en escaños parlamentarios asciende al 36.5%. Finalmente, siendo que la relación equitativa en los ingresos percibidos estimados entre hombres y mujeres sería 1, que en el caso de Argentina es 0,53 indica una cifra todavía desfavorable para la mujer (poco más de la mitad).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Los ODM suponen un respaldo político sin precedentes al impulso compartido de procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que hunden sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

 

Claudia Giacometti, consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el estudio “Las metas del Milenio y la Igualdad de género. El Caso Argentina”, afirma que este país del cono sur enfrenta un reto importante para cumplir los compromisos asumidos ante los ODM, y que en algunos casos la estrategia del Estado deberá estar orientada a mitigar las diferencias extremas, pero básicamente los esfuerzos deben encaminarse a garantizar derechos e igualdad de oportunidades. Agrega que si bien es cierto Argentina logró avances significativos en materia de igualdad de género, es importante consolidarlos y ampliarlos; pero también se deberá trabajar para que esos beneficios se trasladen a todas las mujeres, además de tomar en cuenta que los altos niveles de fragmentación social que presenta la Argentina requieren ser superados para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, este informe elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM muestra para Argentina sólo el dato del 2000 (75.9%) omitiendo los porcentajes de logro de metas para 1995 y el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos


Participación política


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a participación ciudadana y acceso al poder (Ver documento). En este se observa en Argentina algunos retrocesos en el logro de la paridad, siendo el 50% la meta trazada para los indicadores que conforman esta área temática: representación en el poder ejecutivo, legislativo y local.

En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa un retroceso en el último año, siendo: 0,0% en 1995, 16,7% en el 2000, descendiendo a 7,7% en el 2003.

En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, se observan valores que en los tres años considerados muestran un avance en Venezuela: 20,4% en 1995, 21,9% en el 2000, llegando en el 2003 a 31,3%, aunque todavía lejos de la meta trazada para estos indicadores (50%).

Respecto al poder local, existe un avance constante que sin embargo aún posiciona a este país lejos de la meta, siendo 7.0% en 1995, 6,5% en el 2000, llegando a 8,4% en el 2003.

Hay que puntualizar que las mujeres argentinas lograron el sufragio en 1947, sin embargo, los sucesivos Golpes militares impidieron el ejercicio del sufragio tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres tuvieron altos índices de representación en las tres primeras elecciones en las que participaron (1951, 1953 y 1955). Junto con la democracia, en 1983, volvieron las mujeres al Parlamento. Un cambio sustantivo se produjo a partir de la aplicación de la ley electoral, conocida como “ley de cupos”, que fijó en 1991 para el poder legislativo una representación mínima de 30% de mujeres entre candidatas en elecciones nacionales. Además, esta ley especifica que las mujeres deben ser colocadas en las listas de las posiciones que más probablemente serían electas. Hacia 1999, 22 de 24 provincias argentinas habían adoptado reglas de cuota a la legislatura estatal y a la mayoría de los consejos municipales. Además, las nuevas reglas requieren que todos los partidos políticos encabecen sus listas en cada provincia con dos candidatos, un hombre y una mujer. Sin lugar a dudas, esta ley de cupos -al igual que en otros países de la región- se ha traducido en un aumento importante de la presencia de las mujeres en las instituciones Estatales, siendo en el caso de Argentina incluso superior a lo establecido por la ley.


Economía y pobreza


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a autonomía económica y pobreza (Ver documento), que está conformada por indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Los valores generales de ésta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 86,9%, 83,1% y 76,7% respectivamente; valores mantienen a Argentina lejos de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.

Respecto a la relación de ingresos medios, Argentina muestra un retroceso constante en el logro de la meta trazada para la región (100%), siendo 71,0% en 1995, pasando a 65,0% en el 2000, descendiendo hasta 58,5% en el 2003.

En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Argentina muestra significativos retrocesos a lo largo de los tres años estudiados, pasando de 91,1% en 1995, a 85,4% en el 2000, descendiendo hasta 72,6% en el 2003. Esto quiere decir que para este último año, en relación al anterior, habían 12,8% nuevos hogares con jefatura femenina en la categoría de pobres.

En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Este es uno de los Indicadores en los que Argentina ha avanzado constantemente, quedando muy cerca de alcanzar la meta, siendo: 98,6% en 1995; 98,8% en el 2000, llegando al 98,9% en el 2003.

Para el análisis de los datos anteriores hay que tener en cuenta la crisis económica sin precedentes que se agudizó en Argentina al inicio de la presente década y que provocó, entre otras cosas, que durante el 2001 las necesidades de financiamiento del déficit fiscal fueran de 20.000 millones, pasando a ser un año después de 30.000 millones. Además de enfrentar una devaluación de la moneda, casi el 60% de la población pasó a estar en la categoría de pobreza en términos de sus ingresos.

Según estadísticas de género de la CEPAL, se observa entre otros datos que la tasa de desempleo urbano en el 2002 era del 20% para la mujer y del 18% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 47.5 % del ingreso per cápita urbano por hombre, siempre en el 2002.

En el informe Avances recientes en la reducción de la pobreza, Panorama social de América Latina - 2005, de la CEPAL, se asegura que las tasas de crecimiento económico más elevadas se registraron en la República Bolivariana de Venezuela (15,8%), Uruguay (11,5%) y Argentina (8,0%), países que siguieron el proceso de recuperación económica iniciado en el 2003, tras la crisis de los años anteriores. En Argentina, se detalla, fue donde se produjo un incremento del salario real superior al 10% -en el 2004-, pese a lo cual el salario medio aún no recupera el poder adquisitivo anterior a la crisis de comienzos de la década.

Salud


Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (Ver documento). En la evolución general en Argentina en torno a esta área, sólo se presenta el dato del año 2000 (94,5%), omitiéndose el porcentaje de meta general alcanzad en 1995 y el 2003, sin embargo, se incluyen datos algunos indicadores que constituyen esta área:

1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%. Al respecto sólo se incluye en el documento elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM el porcentaje del año 2000 (58,7%), el cual está cercano a la meta.

2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en Argentina avances en los años analizados: siendo para 1995 el 84,3%, para el 2000 el 84,8%, pasando a 85,4% en el 2003.

3) Atención institucional al parto. Este es uno de los indicadores donde se observan en Argentina los porcentajes de avances más altos de la región, partiendo de que la meta establecida para éste ha sido del 100%, observando así los avances: 95,8% (en 1995), 97,5% (en 2000), ascendiendo a 98,6% (en el 2003).

Según el diagnóstico regional de 2003 del Banco Mundial, titulado Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América Latina y El Caribe, el embarazo adolescente constituye el mayor reto de género en Argentina con 63 nacimientos de cada 1000 provenientes de madres adolescentes.

Leonor Faur, en el informe “La Igualdad de Género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio Aportes para la definición de un programa conjunto para el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina”, amplía la información en cuanto a la tasa de mortalidad materna en el país, puntualizando que es de 46 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Haciendo posteriormente dos consideraciones al analizar la magnitud de la mortalidad materna en la Argentina. En primer lugar, destaca que, “aun cuando la tasa nacional sea inferior a la que registran los países clasificados como de alta mortalidad materna (cincuenta a cien muertes por 100 mil nacidos vivos), es, sin embargo, relativamente elevada en relación con otros indicadores de salud sexual y reproductiva presentes en la Argentina, como la baja tasa de natalidad, el amplio número de mujeres embarazadas que asisten a controles prenatales y el alto porcentaje de partos institucionales”. En segundo lugar, se agrega, “la tasa nacional encubre disparidades muy significativas entre las provincias del norte y las de otras regiones del país. El 31% de las muertes maternas se produce por complicaciones de abortos; el 54%, por causas obstétricas directas y el 15%, por causas obstétricas indirectas”, finaliza al respecto.

América Latina y el Caribe (15 países): defunciones por aborto
Como proporción de las defunciones por causas maternas
País
Año
Defunciones por causas maternas
(15 a 44 años)
(1)
Defunciones por aborto
(15 a 44 años)
(2)
Indicador (%) por aborto (2)/(1)
Argentina
1993
287
174
61
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), La Salud en las Américas, Edición 1998.

Educación


E “Segundo Informe del Gobierno de Argentina sobre el avance de los ODM” de 2005 destaca, entre los logros más significativos del sistema educativo nacional, el nivel de alfabetización prácticamente universal para los jóvenes de 15 a 24 años, y la equidad de género en todos los niveles de enseñanza. El informe Situación de las mujeres en la Argentina, INDEC-UNICEF 2000, se señala que las tasas de participación en el sistema educativo tienden a reducirse a medida que aumenta la edad, presentando indicadores diferenciales según inscripción social y regional.

El informe “La Igualdad de Género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio Aportes para la definición de un programa conjunto para el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina”, de Leonor Faur, presenta en torno a la temática educativa algunos datos estadísticos a tomar en cuenta: dentro de la población en edad escolar del ciclo primario (6 a 12 años), el nivel de escolarización es de 98.3% para las mujeres y 98% para hombres. En la educación secundaria, se reduce el nivel de participación y se abre una pequeña brecha, en detrimento de la participación masculina. Así, los datos del Censo de 2001 muestran una participación escolar del 82,7% de mujeres y 79,3% de hombres de entre 13 y 18 años, lo que indica un camino por recorrer para alcanzar la cobertura universal tanto de hombres como de mujeres.

Estas tasas diferenciales requieren a su vez, agrega el informe, “un diagnóstico más afinado que dé cuenta de las brechas sociales y regionales, observando no sólo las causas diferenciales del abandono escolar en hombres y mujeres, sino también sus consecuencias”. Concluye Faur en este Informe que “si la igualdad y la universalidad en el acceso a la educación requieren aún de esfuerzos, también es crucial impulsar procesos educativos tendientes a la igualdad de derechos de hombres y mujeres, trabajar en pos de un desarrollo curricular que contemple contenidos de género, así como el abordaje de la educación sexual, lo cual es una de las estrategias pendientes de ser institucionalizadas en el ámbito de las políticas públicas”.

Violencia


El estudio del Banco Mundial “Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América Latina y El Caribe (2003)” señala que la violencia doméstica afecta a entre 10 y el 20% de las mujeres de Argentina.

Por otra parte, el documento “Equidad de género en Argentina: datos, problemáticas y orientaciones para la acción”, elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld con el apoyo del PNUD Argentina, puntualiza que en el 42% de los casos las mujeres fueron asesinadas por su pareja y que en el 37% llevaba 20 años o más soportando abusos por su pareja.

Este informe presentado por el PNUD Argentina afirma que en los últimos años este país avanzó en la creación de normas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Entre ellas se destaca la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como la Convención de Belem do Pará) En el mes de diciembre del año 1994, se promulga la Ley Nacional 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Aunque este hecho es un importante antecedente para visualizar la especificidad de la violencia de género, esta ley - reglamentada dos años después- no recogió totalmente el desarrollo conceptual de la Convención de Belem do Pará y suscitó controversias por la ambigüedad contenida en algunos de sus artículos. En particular, se cuestiona que presente a la familia como un todo homogéneo, tratando a todos sus integrantes de manera similar, lo que se traduce en un marco limitado para la comprensión de las causas y consecuencias de la violencia, así como para los modelos de intervención y las políticas adecuadas para su prevención, sanción y erradicación.

Esta ambigüedad fue subsanada con la sanción, en 1996, de la Ley 24.632, que ratifica la "Convención Interamericana sobre sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer - Convención de Belem do Pará" y mejora la anterior al concebir a la violencia contra la mujer como violencia de género. En cuanto al Código Penal (que data de 1921), fue modificado en el año 1999 en aspectos sustantivos relacionados con los derechos de las mujeres. Entre los cambios más destacables se modificaron conceptos claves relacionados con la violencia sexual. La ley reformada considera que la violencia sexual no es una serie accidental de eventos individuales, sino que está institucionalizada: es una práctica socialmente coercitiva que en lugar de ser natural e inevitable, es social y alterable.

Esfuerzos legales para la igualdad en el país


En el estudio “Equidad de género en Argentina: datos, problemáticas y orientaciones para la acción”, elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld con el apoyo del PNUD Argentina, detalla se afirma que la recuperación de las instituciones democráticas “posibilitó la apertura de nuevos canales para las demandas de las mujeres hacia y en el ámbito estatal, promoviendo una reflexión crítica sobre la asimetría entre las normas jurídicas existentes y su efectiva vigencia en una realidad social profundamente transformada”. Con lo anterior la igualdad legal y social entre hombres y mujeres pasó a integrarse al debate público y, más adelante, a las agendas políticas.

En los primeros años del gobierno democrático, se eliminaron la mayoría de las leyes discriminatorias hacia las mujeres, especialmente en el derecho de familia: sanción de las leyes de patria potestad y filiación. Sin embargo, es necesario destacar que, aunque Argentina había firmado, en 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), éste fue ratificado por la Cámara de Diputados y Diputadas de Argentina hasta noviembre de 2006, sin restricciones y por una amplia mayoría -116 votos a favor y 30 en contra-. Con este nuevo acto de la Cámara de Diputados y Diputadas el Protocolo pasa a tener aprobación definitiva, quedando abierta la vía para su ratificación por el Poder Ejecutivo.

Actualmente la acción estatal en materia de género es promovida por el Consejo Nacional de la Mujer que fue creado en 1992 como espacio gubernamental responsable del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el país, ratificada por Ley 23.179, que adquirió rango constitucional en la Reforma de 1994. Sin embargo, Argentina ya era precursor en la promoción de la igualdad, como lo demuestra la Ley de Cupos de 1991, la primera de la región.

El Consejo Nacional de la Mujer tiene como propósito fundamental “promover un nuevo modelo de contrato social basado en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país”. Entre algunos de sus objetivos específicos están: legitimar ante la sociedad la relevancia de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia, impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promover las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos.

Y entre algunas de las líneas estratégicas del Consejo Nacional de la Mujer se destacan:

- Impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales: i) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, en nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 1994; y ii) Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia: "Convención de Belém do Parà, ley 24 632, aprobada por el Congreso Nacional, en 1996.

- Interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro de intercambio, debate y promoción de propuestas, para el diseño y el monitoreo de políticas con perspectiva de género.

- Transversalidad en las políticas públicas en los distintos ministerios sectoriales: salud, trabajo, educación, desarrollo social, justicia e interior, a partir de actividades y programas conjuntos.

- Federalismo en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las áreas mujer jurisdiccionales (provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires)

- Fortalecimiento de vínculos con el Poder Judicial y el Poder Legislativo (nacionales y provinciales)

Principales avances legislativos en Argentina

Año Contenidos Leyes y decretos No.
1985 Dispone que el uso del apellido del marido será optativo para la mujer Ley 18.248
1985 Se ratifica la Convención internacional contra toda forma de discriminación contra la mujer –CEDAW- Ley 23.179
1985 Adhiere al Pacto San José de Costa Rica que instituye la Convención americana sobre Derechos Humanos en 1969 Ley 23.054
1986 Se deroga la prohibición de asesoramiento en materia de anticoncepción, interpretando esta cuestión bajo el concepto general de Derechos Humanos Decreto 2274
1987 Establece el divorcio vincular. La llamada Ley de Matrimonio civil. Ley 23.515
1987 Convenio sobre igualdad de Oportunidades y Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con responsabilidades familiares Ley 23.451
1990 Se aprueba la convención Internacional por los Derechos del Niño Ley 23.849
1991 “Ley de cupos”. Fijó para el poder legislativo una representación mínima de 30% de mujeres entre candidatas en elecciones nacionales.
1993 Sobre el acoso sexual en la Administración Pública Nacional Decreto 2.385
1994 Reforma Constitucional
1994 Se promulga la Ley de Protección contra la Violencia Familiar Ley 24.417
1994 Se ratifica los Convenios de la OIT relacionados al trabajo de las mujeres
1996 Se ratifica la “Convención Interamericana sobre Sanción Prevención y Erradicación de la Violencia contra la mujer – Convención de Belem do Pará”. Mejora la anterior Ley de 1994, al concebir a la violencia contra la mujer como violencia de género Ley 24.632
1997 Incorporación de las amas de casa al sistema integrado de jubilación y pensiones Ley 24.828
1999 Reforma al Código penal
2002 Sanciona y promulga el Cupo sindical femenino Ley 25.674
2002 Promulga el Programa de Salud Sexual y Reproductiva Ley 25.673


La Asamblea Constituyente aprobó en mayo de 2007 artículos especiales referidos a igualdad de género y derecho de familia, incluyendo una modificación al art. 125 de la Constitución. Con respecto a la igualdad de género se puntualiza que “el Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones en lo cultural, económico, laboral, político, social y familiar, incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y estimula la modificación de los patrones socioculturales con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Reconoce el trabajo en el hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.” Se agrega que "toda mujer tiene derecho a una protección especial durante los estados de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su función familiar". En el Artículo 1-c. también se “reconoce a varones y mujeres, el derecho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva preservando el derecho a la vida”.

 

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