Contenido

Índice de Desarrollo Humano
ODM
Índice de Compromiso Cumplido
Participación Política
Economía y Pobreza
Salud
Educación
Violencia
Esfuerzos legales


Regional


Indicadores de Desarrollo Humano


En 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano iniciando un nuevo camino en la conceptualización del desarrollo, de su medición -a través de un Índice de Desarrollo Humano- y de las políticas que se requieren para su logro. El Informe, en buena medida, es el reflejo del trabajo de Amartya Sen cuyo “enfoque sobre las capacidades” humanas –definidas como los recursos y aptitudes que posibilitan a las personas llevar la vida que valoran y desean-, sitúa la capacidad de acción humana (human agency) en el centro del desarrollo. Desde esta perspectiva, el desarrollo se considera como el proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos, hombres y mujeres.

Según el Cuaderno Sobre Desarrollo Humano: Género. La equidad de género en El Salvador, publicado por PNUD El Salvador, este nuevo paradigma estableció el bienestar humano como objetivo central del proceso de desarrollo, ampliando considerablemente anteriores formulaciones centradas más en enfoques primordialmente económicos, en los cuales los aspectos de la desigualdad entre mujeres y hombres quedaban oscurecidos o subordinados a las prioridades económicas.

Esta publicación del PNUD El Salvador apunta que de los enfoques orientados a señalar la importancia de la participación de la mujer y tomarlas en cuenta (enfoque MED), se pasó al enfoque Género en el Desarrollo (GED), para hacer el énfasis en el contexto de relaciones donde se reproducen y refuerzan las desigualdades entre hombres y mujeres y visibilizar la cuestión de poder que subyace en las relaciones de género.

El nuevo enfoque GED encontró en el paradigma de desarrollo humano un espacio idóneo para su desarrollo. En 1995, el Informe sobre Desarrollo Humano, dedicado a la condición de la mujer, introduce dos nuevos índices –el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), el cual considera la información desagregada por sexo y mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero tomando en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH. Siempre en 1995, se introdujo el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades en tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Cuanto más cercano a uno sea el valor del IPG, menores son las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los tres ámbitos considerados, y cuanto más cercano a cero sea su valor, mayores son las desigualdades.

La incorporación de la equidad de género en el centro de la agenda del desarrollo se vio favorecida por la dinámica de Cumbres Internacionales convocadas por las Naciones Unidas en la década del 90. La participación de una pluralidad de actores de la sociedad civil (ONGs, ciudadanos y ciudadanas, personas del mundo de la academia, etc.) y especialmente movimiento feminista y grupos de mujeres, convirtieron estas Conferencias en auténticos foros mundiales.

Sin embargo, pese a que el desarrollo humano es un escenario mucho más favorable para visibilizar aspectos de la desigualdad entre hombres y mujeres antes ocultos, la incorporación de la dimensión de género en el desarrollo humano, sobretodo en la práctica cotidiana del desarrollo, continúa siendo un desafío.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

En cuanto al IDH, según el Informe Mundial de Desarrollo Humano del 2006, siete países de la región se encuentran en rango de países con desarrollo humano alto (Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba y Panamá) siendo Argentina la que posee un mejor valor del índice (0,863). El resto se ubica entre los países con desarrollo humano medio, en este caso siendo Guatemala la que se posiciona con el valor del índice más bajo (0,673); ningún país de la región se ubica en la categoría de países con desarrollo humano bajo.

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)

Por otra parte, al observar los datos presentados en el Informe Mundial 2006, de los 136 países clasificados con IDG, Argentina es el país latinoamericano mejor ubicado en relación con el resto de países de la región (posición relativa 32) con un valor de 0,859. Entre las posiciones más bajas en cuanto a su IDG se encuentra Guatemala, con un valor de 0,659 en el rango 90.

Índice de Potenciación de Género (IPG)

Similar situación al IDG se observa en cuanto al IPG en el Informe Mundial 2006. Argentina con la posición 19 y con un valor de 0,697 sigue siendo el país mejor posicionado por los logros alcanzados en torno a las oportunidades de las mujeres en su participación política, participación económica y poder sobre los recursos económicos. Seguidamente Costa Rica, que se ubica en el rango 21 con un valor de 0,675. Brasil es el país que presenta mayores disparidades, ubicándose en el rango 61 con un valor de 0,486, seguido de Bolivia que se ubica en el rango 56 con un valor de 0,499.


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)


Pprocesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad. Los ocho ODM –concretos, medibles y exigibles- tienen su origen en la Declaración del Milenio (septiembre 2000) donde se formulan las prioridades de desarrollo para el siglo XXI, prioridades que nutren sus raíces en el mismo marco filosófico que inspira los Derechos Humanos.

De los ocho ODM formulados, sólo el Objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género. Numerosas voces han señalado la “ceguera de género” de los ODM y el reto ineludible que supone la transversalización del enfoque de género en todos ellos.

Objetivo 3 Meta 4 Indicadores
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional

 

Como se publica en el documento Objetivos de desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe, la relación entre niñas y niños en el nivel primario muestra que, con excepción de Guatemala y República Dominicana, la mayoría de los países de la región han alcanzado la meta o se encuentran muy cerca de alcanzarla. Para el nivel secundario la información disponible para el inicio del siglo XXI muestra que la relación entre las tasas netas de matrícula favorece a las niñas, excepto en Guatemala y Perú, donde aún existe una brecha en la cobertura educacional en perjuicio de las niñas. En el caso de la educación terciaria, aunque la información disponible es bastante escasa, se observa que sólo México no supera la meta. Por su parte, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay muestran una relación altamente favorable a las jóvenes.

Según el mismo documento, si se analiza la situación de las mujeres que acceden a la educación terciaria, ya sea universitaria o técnica, se observa la persistencia de la concentración en carreras tradicionalmente consideradas “femeninas” o más apropiadas para mujeres. El hecho de que las mujeres prefieran un tipo determinado de carreras a las que son impulsadas, aminora el impacto de su amplia participación en el sistema educativo y demuestra que no es suficiente asegurar su acceso sino que es imprescindible reorientar su participación en beneficio de ellas mismas y de la sociedad en su conjunto.

En cuanto a la evolución de las tasas de analfabetismo de la población joven en el tramo de edad de 15 a 24 años, el documento Objetivos de desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe muestra, que se han ido cerrando las brechas que históricamente ponían a las mujeres en desventaja. A lo anterior se agregan estimaciones de la UNESCO en la que se afirma que este patrón se invertiría para el año 2005. Sin embargo, si se amplía el indicador a todas las mujeres mayores de 15 años, se observan tasas de analfabetismo femenino siguen siendo mayores, y la brecha por lo tanto persiste.

El indicador en el que se analiza la relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años señala la importancia de elaborar políticas de reducción del analfabetismo también entre mayores de 24, particularmente entre las mujeres, considerando los efectos positivos que tiene la educación sobre su propia autonomía, el bienestar familiar y comunitario. Además, según el documento Objetivos de desarrollo del Milenio, es necesario considerar que los valores basados en promedios nacionales o regionales encubren determinadas situaciones que enfrentan aquellos segmentos de la población femenina afectados por otros sistemas de discriminación, como los que sufren las mujeres indígenas. Según la última información censal para cinco países latinoamericanos, estos grupos presentan, en todos los casos, tasas de analfabetismo superiores a las de los hombres de igual pertenencia racial, étnica y grupo etario, así como también a las registradas por las mujeres “blancas” o no indígenas.

Con el indicador 11 se introduce una dimensión fundamental de la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género. Se trata de la brecha en el mercado de trabajo, excluida la participación de la mujer en actividades agrícolas. Uno de los fenómenos mas impactantes de las dos últimas décadas es el aumento de la población femenina económicamente activa. Este fenómeno, en el que irreversiblemente radica un conjunto de transformaciones culturales, sociales y económicas, se presenta junto con tasas de desempleo mayores para las mujeres, tanto en América Latina como en el Caribe

La composición por sexo de la población ocupada en empleos no agrícolas no ha cambiado significativamente en la última década en los países de América Latina y el Caribe donde se observa una heterogeneidad en el valor de este indicador, que oscila en el año 2001 entre un 31,2% para El Salvador y un 51,7% para Honduras. La evolución entre 1990 y 2001 exhibe diferentes patrones. Mientras que en la mayoría de los países (14 de 26) del tercer grupo aumentó la participación de las mujeres, siete países prácticamente han mantenido su composición por sexo (grupo II), mientras que el primer grupo conformado por cinco países muestra un rezago.

En cuanto a la proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional, en el documento Objetivos de desarrollo del Milenio se asegura que la presencia de mujeres en los parlamentos da cuenta de procesos más amplios de participación en las distintas esferas de toma de decisiones. Este indicador señala un fenómeno recurrente en otros poderes del Estado, como el judicial, donde las cifras son aún más negativas en todos los países; los poderes locales, como los municipios, así como las cúpulas empresariales, sindicales y académicas.

Destaca, en torno al indicador 12, el aumento de la representación parlamentaria en la región, el cual está vinculado a la adopción de medidas de acción positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales, conocidos como leyes de cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países: Argentina y Costa Rica, en los que las mujeres ocupan más del 20% de los cupos parlamentarios; Bolivia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana (entre 10% y 20%); Brasil, Panamá y Paraguay (hasta 10%) La CEPAL sostiene que, para que las cuotas tengan el efecto esperado, es necesario: 1) se adecuen al sistema electoral y estén consagradas en la ley correspondiente; 2) estén bien reglamentadas, y 3) el organismo electoral vele activamente por su cumplimiento. Estas tres condiciones se han dado, entre otros países, en Argentina, Costa Rica y México, en los que se observa un notable incremento de la participación de las mujeres. En ciertos casos, como el de la República Bolivariana de Venezuela, las cuotas fueron derogadas tras una corta vigencia. En Paraguay, la cuota del 20% solo rige para las listas en las elecciones internas partidarias, según se publica en “Global Database of Quotas for Women”

 

Índices de compromiso cumplido (ICC)


El ICC constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing. Este Índice se desarrolla ampliamente en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano 1995-2000, elaborado por FLACSO Chile y UNIFEM (descargar documento).

Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Nicaragua muestra un estancamiento, con los valores más bajos de la región, con el 59.6% en 1995, 50.4% en el 2000, y 56.1% en el 2003.

El ICC considera tres áreas temáticas, las cuales están constituidas por una serie de indicadores regionales que permiten medir los avances en el cumplimiento de las metas establecidas. Estas áreas temáticas son:

1. Participación y acceso al poder
2. Autonomía económica y pobreza
3. Salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos

 

Participación política


La participación y el acceso al poder, como cada una de las tres áreas que componen el ICC, es una dimensión estratégica para el avance en la condición femenina. La presencia de mujeres en los más altos niveles de decisión y representación política constituye un indicador de la equidad de género real y simbólica y contribuye a avanzar en otros ámbitos de la sociedad.

La plena participación de las mujeres es un prerrequisito para una gobernabilidad verdaderamente democrática y una asignatura pendiente en la región latinoamericana.

En cuanto a la inclusión de mujeres en los gabinetes de ministros, queda en evidencia que esta depende exclusivamente de la decisión del gobierno de turno y de la trayectoria de visibilidad de las mujeres en la vida pública nacional. El único país que no ha tenido nunca una mujer ministra es Uruguay, mientras que las mayores inclusiones las han tenido Chile en el 2000 y Colombia en el 2003, en ambos casos siendo un tercio de sus ministros mujeres, se afirma en el documento titulado ¿Han avanzado las mujeres? Índice de compromiso cumplido Latinoamericano.


Desde la perspectiva del paradigma de desarrollo humano, la gobernabilidad democrática –entendida como los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales las ciudadanas, los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos, enfrentan sus obligaciones y median sus diferencias- constituye uno de los pilares básicos en los que se sustenten los procesos de desarrollo de la región.

Según el PNUD en los últimos años, el ritmo de incremento de la participación de las mujeres latinoamericanas ha sido muy importante: el promedio de representación en los parlamentos ascendió del 8% al 15.5% desde fines de la década de los 80 hasta la actualidad. Destacan los porcentajes de Cuba (36%), Costa Rica (35%) y Argentina (31%). Esta representación se encuentra sin embargo muy por debajo de su peso demográfico, presenta grandes desigualdades intrarregionales y no ha trascendido otras esferas del poder político, especialmente en los cargos electivos ejecutivos, tanto nacionales como subnacionales (gobernaciones o municipalidades).

También han comenzado a surgir propuestas de acciones positivas para impulsar la equidad en los cargos designados en el Poder Ejecutivo, aunque solamente Colombia cuenta con una ley del 30% al respecto. Costa Rica ha introducido acciones positivas para fomentar la equidad de género en la judicatura y cuenta con una ley de cuotas para el Poder Judicial.

Leyes de cuotas y composición por género de las Cámaras de Diputados en 12 países de América Latina
Pais Año de la reforma Cuota mínima por ley Ubicación específica en la lista Tipo de listas
Argentina 1991 30% Cerrada
Costa Rica 1997/2000 40% Cerrada
Perú 1997 25% No Abierta
Rep. Dominicana 1997 25% No Cerrada
México 1996 30% No Cerrada
Ecuador 1997 20% Abierta
2000 30%
Bolivia 1997 30% Si Cerrada

Colombia*
2000 30% No Cerrada
Panamá 1997 30% No Abierta
Venezuela** 1997 30% No Cerrada
Brasil 1997 30% No Abierta
Paraguay 1996 20% Cerrada
*La disposición de cuotas se refiere a cargos administrativos
** La cuota fue rescindida posteriormente
Fuentes: Adaptado de Mala Htun y Mark Jones. 2000. Cuotas y mujeres en América Latina; “Leyes de
cuotas”. Comisión Interamericana de Mujeres - Organización de Estados Americanos; [Internet]:
http://www.oas.org/CIM/spanish/leyesdecuotas.htm


Economía y pobreza


El ICC relacionado con la AUTONOMÍA ECONÓMICA Y LA POBREZA lo componen
indicadores que hacen visible las inequidades del mercado respecto de las mujeres y expresan las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan para el logro de su autonomía económica.

Actualmente, la tendencia económica de la región muestra una doble cara: por un lado, tras la situación de estancamiento de los últimos años, en los primeros años del siglo XXI se observaron señales de crecimiento económico; así por ejemplo, según datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y por primera vez desde 1997 no se proyectó un crecimiento negativo en ninguna economía latinoamericana en 2004. Sin embargo, paralelamente, la evolución de la distribución del ingreso durante la década reafirma el carácter concentrador de las economías de la región, que se expresa en un aumento de la brecha entre ricos y pobres.

La dimensión más visible de la pobreza es la desigualdad, y América Latina junto al Caribe son las regiones más desiguales del planeta. Según datos de la CEPAL, el ingreso per cápita del 20% más rico del la población es 19 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre en ambas regiones.

Por otro lado, el número de personas en situación de pobreza ha ido aumentando en las áreas tanto urbanas como rurales; así, para el año 2003, el número de habitantes en la región que vivía en la pobreza alcanzó a 227 millones, de los cuales 102 millones eran indigentes, cifras que representan el 44.4% y el 20% de la población respectivamente, según se detalla en Caminos hacia la Equidad de Género en América Latina y El Caribe, CEPAL, Abril 2006.

El índice de feminidad ajustado a la pobreza para América Latina (CEPAL, 2003) muestra que hay una mayor presencia femenina en los hogares pobres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La proporción de hogares con jefatura femenina ha aumentado en casi todos los países y estratos de pobreza, especialmente en los más bajos.

Por otro lado, según el diagnóstico del Banco Mundial del 2003 “la evidencia empírica sugiere que en América Latina y El Caribe, las mujeres ancianas y las indígenas son las más vulnerables a la pobreza”. La incorporación de la perspectiva de género al análisis de la pobreza ha permitido entender el fenómeno como un proceso en el que ocurren relaciones de poder y no como un mero síntoma (perspectiva estática); y ha permitido asimismo visibilizar dimensiones tan relevantes como la pobreza de tiempo, la pobreza de oportunidades y de trabajo, la pobreza al interior de los hogares, etc.

La situación de las mujeres en la región se caracteriza por una entrada masiva al mercado de trabajo en las últimas décadas como resultado, tanto de cambios culturales, como de demandas asociadas a la necesidad de contribuir a los ingresos familiares según el documento ¿Han avanzado las mujeres? Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano. Las tasas de participación femenina en las economías de la región en todos los rangos de edad han ido ascendiendo aceleradamente hasta alcanzar un valor cercano al 50%. Sin embargo, como plantea Sonia Montaño en el documento Los caminos hacia la igualdad: Logros y desafíos se ha incrementado el desempleo femenino y todavía en 2002, alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 15 años de edad no tenía ingresos propios, mientras que sólo cerca del 20% de los hombres se encontraba en tal situación.

En los países de la región, las actividades económicas de las mujeres tienen lugar, principalmente en el sector no asalariado de la economía, ya sea como trabajo no pagado con el propósito de la subsistencia del hogar, o como trabajo pagado en el sector informal. Además, en detrimento de su autonomía económica, las mujeres tienen acceso desigual a la vivienda, a la tierra, al crédito y a otros recursos productivos que les ocasionarían un mayor ingreso. El Diagnóstico Regional del Banco Mundial de 2003 muestra algunos avances: “el acceso de la mujer rural a la tierra se ha incrementado significativamente durante las últimas dos décadas. En Colombia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua existen dispositivos legales para la titulación conjunta de tierras. Y en Chile y El Salvador la proporción de mujeres que obtuvieron sus títulos después de la contrarreforma ha sido significativa. La mayor brecha de género en el acceso a la tierra se encuentra México, donde las mujeres representan sólo el 21% de los propietarios de las tierras ejidales”

En la región hay 17 países que ejecutan iniciativas desde las cuales se aborda e implementa el presupuesto público con un enfoque de género. De éstos, Brasil y México son los que mayor número de iniciativas implementan, tanto a escala municipal como nacional.

 

Salud


Para el análisis vinculado a la salud se parte de los datos que se formulan - por país - con relación al Índice de Compromiso Cumplido (ICC), el cual constituye un instrumento técnico-político que busca medir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales suscritos por los gobiernos en materia de equidad de género y adelanto de las mujeres, como una forma de control ciudadano que busca evidenciar con datos confiables la situación de las mujeres y su evolución en los 10 años establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing.

Partiendo del Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 2004 la salud es entendida hoy en el mundo no sólo como la ausencia de enfermedades, sino como un estado pleno de bienestar físico, mental y social. En el ámbito de la salud, la igualdad de género significa que las mujeres y los hombres disfruten de las mismas oportunidades para mantener su salud, contribuir al desarrollo de la salud colectiva, y beneficiarse de este desarrollo.

A pesar de que durante la década de los 90 la mortalidad materna ha disminuido en la mayoría de los países de la región, ésta continúa siendo el problema de salud más importante que afecta a la mujer en América Latina y el Caribe. En algunos países como Bolivia, Perú y Ecuador los altos índices de mortalidad están relacionados principalmente con la falta de servicios de salud materna (400 muertes por 100.000 nacidos vivos en el caso de Bolivia, 160 para Ecuador y 270 para Perú). En países como El Salvador y República Dominicana, la combinación de altas tasas de mortalidad materna y acceso generalizado a servicios de salud materna (87% y 96% de los nacimientos en El Salvador y República Dominicana respectivamente son atendidos por profesionales) apunta a serios problemas en la calidad de estos servicios, según se afirma en el documento titulado Género, Salud y Desarrollo en las Américas. Indicadores Básicos, de la OPS. Se amplia en este mismo documento que los embarazos no deseados son otro factor que contribuye a la alta tasa de mortalidad en la región pues las hemorragias severas y las infecciones por abortos en condiciones inseguras provocan una quinta parte de las muertes.

En el campo de la salud, la mayoría de los países establecen en sus legislaciones y políticas el derecho de las personas a la planificación familiar. Asimismo, en las legislaciones y políticas recientes en Bolivia, Brasil y Perú, se reconoce la salud reproductiva y la planificación familiar como derechos humanos fundamentales.

El reconocimiento de los derechos reproductivos se ha incorporado en los marcos constitucionales en Brasil, Cuba y Ecuador, en la Ley de salud reproductiva y procreación responsable en Argentina y en la Ley General de Población en México. Además, en muchos países se han registrado avances en cuanto a normativas que garantizan la provisión de métodos anticonceptivos sin restricción, la consejería, reglamentan la anticoncepción quirúrgica, reconocen el uso de la anticoncepción de emergencia (Brasil y Ecuador) y abogan por la atención humanizada del aborto (Brasil, Perú, Bolivia o Colombia). Sin embargo. sólo Cuba, Puerto Rico y Guayana tienen legislaciones liberales respecto del aborto; en el otro extremo se encuentran Chile y El Salvador que lo prohíben totalmente.

En la última década, el SIDA se ha convertido en uno de los problemas de salud más importantes de la región, especialmente en el Caribe. Según ONUSIDA, en el informe sobre la epidemia mundial de 2005, en América Latina se eleva a 1.6 millones de personas las que se encuentran viviendo con SIDA y en el caso del Caribe, las mujeres constituyen el 53% del estimado.


Educación


En el ámbito educativo se ha producido uno de los mayores logros con relación a la equidad de género. En los últimos veinte años, la brecha entre el nivel de educación de hombres y mujeres se ha ido reduciendo en todos los países de la región e incluso en algunos de ellos (Brasil, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Nicaragua y Colombia) el grado de educación alcanzado por la mujer es superior a la del hombre. Sin embargo, en países como Guatemala, con una gran proporción de población indígena y donde la educación de mujeres y niñas es muy inferior a la de los hombres, la brecha continua cerrándose, según información del 2003 del Banco Mundial.

Pese a lo anterior, el Informe sobre el Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano afirma que ello ha ocurrido en el contexto de una profundización de la brecha entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, fenómeno cuyos efectos desfavorecen principalmente a las mujeres. El hecho de que sus logros educacionales no se traduzcan en una mejor inserción en el mercado de trabajo (precariedad, segmentación ocupacional del mercado de trabajo en el que las mujeres se concentran en le sector terciario, etc.), en una reducción de la brecha salarial –más notoria en el caso de mujeres con estudios superiores- y en una mayor equidad en la toma de decisiones, revela carencias en la calidad de la educación y la debilidad de su impacto en cuanto a la redistribución de las responsabilidades familiares y la eliminación de valores y prejuicios que fomentan la discriminación.

La región de América Latina y el Caribe se sitúa a la cabeza de todas las demás regiones en desarrollo del mundo en lo que respecta a la oferta de educación preprimaria o preescolar, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2007, que es editado por UNESCO.

Estadísticas procedentes del último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con datos disponibles en 2005
País
Años
de escolaridad obligatoria
Menores
de 5 a 14 años como porcentaje de la población (%)
Gasto
público por alumno en educación primaria (US$)

 

Gasto
público por alumno como porcentaje del PIB per cápita (%)

CHILE
12
18,2
822
11,2
ARGENTINA
10
18,0
1197
11,0
URUGUAY
9
25,0
565
12,3
BRASIL
8
8,6
1553
15,8
PARAGUAY
11
22,3
318
6,4
BOLIVIA
8
25,2
381
15,5
PERÚ
11
25,0
565
12,3
COLOMBIA
10
21,2
1013
15,9
PANAMA
6
20,2
644
10,4
MEXICO
10
21,8
1279
14,3
SALVADOR
9
22,8
488
10,0
NICARAGUA
6
26,7
221
8,9
COSTA RICA
10
20,8
1429
16,2
VENEZUELA
10
21,8
-
-
HONDURAS
6
26,3
-

 

 

Violencia


Según CIMAC la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe es una de las manifestaciones más evidentes de las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y mujeres, lo que determina que una de cada cinco mujeres de la región sufre este fenómeno que les impide disfrutar de sus derechos humanos fundamentales. Así, el Banco Mundial estimó, en 1993, que en los países en desarrollo la violencia de género causaba la pérdida del cinco por ciento de las vidas de mujeres saludables en edad reproductiva.

Las acciones impulsadas por el Sistema de Naciones Unidas y otros organismos internacionales han constituido un importante aporte para el tratamiento de la violencia contra las mujeres en la región, tanto desde los organismos gubernamentales como no gubernamentales. Por una parte se encuentra el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, aún cuando ocurra en el ámbito privado, reconociendo que la violencia ejercida sobre las mujeres al interior de sus hogares es tan relevante como la ejercida en los espacios públicos. El nombramiento de la Relatora Especial es una expresión de este reconocimiento y un paso demostrativo en el camino de integrar los derechos humanos de las mujeres a los mecanismos de derechos humanos.

Si bien la mayor parte de los países ha ratificado la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, pocos han ratificado el Protocolo Facultativo. Estos instrumentos se constituyen en un marco jurídico en la medida que está establecido, de modo que la jerarquía de los mismos obliga a los Estados parte a adecuar su legislación y normativa al respecto, a excepción de países como Brasil y México donde se plantea que éstos instrumentos tienen rango de Ley y, por lo tanto, no pueden estar por encima de la Constitución ni originar su modificación. En el resto de los países, al menos discursivamente, se considera la jerarquía de estos instrumentos, pero ello no siempre se refleja en la práctica y no siempre hay una aplicación coherente y consistente de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el ámbito judicial

ISIS internacional plantea que develar el número real de asesinatos de género ocurridos en la región choca con la falta de información. Los sistemas de registro que operan en los distintos países no ofrecen datos precisos acerca de la víctima, su relación con el victimario, la causa específica de la muerte, el móvil del crimen, o la existencia de antecedentes de violencia doméstica. Esta situación ha provocado que gran parte de las investigaciones realizadas hayan tomado como fuente la información publicada en la prensa para contabilizar los asesinatos, lo que supone un subregistro de los casos reales que ocurren en cada uno de los países.

A pesar de la adopción de importantes mecanismos y políticas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, los Estados no han observado adecuadamente sus obligaciones de ejercer la debida diligencia para la prevención, investigación, persecución y sanción de los asesinatos de mujeres. Entre los desafíos más grandes se encuentran:
• Falta de una adecuada atención y voluntad política para afrontar el femicidio/feminicidio.
• Desconocimiento o no aplicación de los tratados internacionales de protección a los derechos humanos y derechos de las mujeres.
• Ausencia de sistemas de registro adecuados que proporcionen datos precisos para el abordaje de la problemática.
• Debilidad en las investigaciones, incluyendo omisiones, errores y negligencia, falta de elementos para inculpar a los presuntos culpables, y en algunos casos, la fabricación de pruebas.
• Revictimización de la víctima por su asesinato mostrando mayor interés en su vida privada que en el esclarecimiento de los hechos.
• Ausencia de un acceso efectivo de la justicia y de asistencia a los familiares de las víctimas para la debida persecución penal de los agresores para eliminar la impunidad de la violencia contra las mujeres.
• Ausencia de un marco y una estrategia institucionales integrales y coordinados para garantizar la seguridad pública y reducir la violencia contra las mujeres.

 

Esfuerzos legales para la igualdad en el país


En cuanto a los esfuerzos legales para la igualdad destaca el hito que significó la Plataforma de Acción Mundial, aprobada por al Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), el cual aportó al proceso de definición de la institucionalidad de género. Hay que agregar que el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, junto a la Plataforma de Acción Mundial, tienen en cuenta los avances de la investigación sobre género y las demandas elaboradas por las organizaciones feministas y las redes temáticas a escala internacional e identifica asimismo a los distintos actores responsables del cambio de las relaciones de género, entre los cuales los Estados de la región juegan un papel fundamental.

Hay que destacar que todos los países de la región cuentan con un organismo para el adelanto de la mujer. Un porcentaje significativo de los mismos se encuentran en una posición jerárquica que permite a su autoridad máxima participar en el gabinete ministerial (Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), tener acceso directo a la secretaría de la presidencia o de gobierno (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, México) o intervenir en instancias de coordinación, sobre todo de carácter social, en lo relativo a la planificación de políticas públicas, y se relacionan con mayor frecuencia con los ministerios de salud, trabajo, agricultura y educación, afirma la CEPAL. En varios países, además de las oficinas nacionales de la mujer, existen instituciones de género que defienden los derechos de las mujeres, como las defensorías del pueblo, las comisiones parlamentarias de mujeres y foros de mujeres políticas, etc. conformándose una verdadera trama institucional que muchas veces trasciende los Estados nacionales y se proyecta en espacios internacionales y públicos no estatales. En este contexto, las políticas públicas que han respondido a las demandas de igualdad de género en América Latina se dividen en dos grandes grupos: políticas de igualdad de oportunidades (lo que ha incluido la eliminación de las formas más directas de discriminación legal y la promoción de planes de igualdad de oportunidades) y las políticas de acción positiva (como las leyes contra la violencia, el acoso sexual o las leyes de cuotas)

1989
México - Reforma al Código Penal (norma federal), que incrementa la sanción para el delito de violación; define el concepto de “cópula” y tipifica la violación impropia.
1991
Perú - Nuevo Código Penal. Modifica el tratamiento a delitos de violencia sexual.
1993
Perú - se promulga la Ley 26.260, que establece la política del Estado frente a la violencia familiar.
1994
Argentina - se promulga la Ley 24.417 de protección contra la violencia familiar.
Chile - se promulga la Ley 19.325, que establece normas y sanciones respecto a la violencia intrafamiliar.
1995
Bolivia - se promulga la Ley 1.674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica.
Brasil - se promulga el Decreto Legislativo 107, que da estatus legal a la Convención de Belém do Pará.
Costa Rica - se promulga la Ley 7.476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
Ecuador - se promulga la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia.
Panamá - se promulga la Ley N° 27 sobre Delitos de Violencia Intrafamiliar y Maltrato de Menores.
Uruguay - se promulga la Ley 16.707 de Seguridad Ciudadana, criminalizando la violencia doméstica.
1996
Costa Rica - se promulga la Ley 7.586 contra la Violencia Doméstica.
Colombia - se promulga la Ley 294 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar.
El Salvador - se promulga la Ley 902 contra la Violencia Intrafamiliar..
Paraguay - se promulga Ley 1.160 que reforma el Código Penal. Contempla modificaciones que se refieren a los delitos contra la autonomía sexual y tipifica el delito de acoso sexual y el de trata de personas.
Perú - se promulga la Ley 26.763, que establece mecanismos para la protección de las víctimas de la violencia. Se promulga también la Ley 26.770, que revisa el Código Civil para incluir la acción penal frente a los crímenes contra la libertad sexual dentro del matrimonio.
1998
Venezuela - se promulga la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que reconoce el maltrato de mujeres como crimen y castiga el acoso sexual.
Ecuador - se promulga la Ley 105. Enmiendas al Código Penal en delitos de violencia sexual.
El Salvador - Reforma del Código Penal. Definición del delito de violación sexual y tratamiento a delitos de violencia sexual.
Guatemala - se promulga la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Decreto 97-96.
México - se promulga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Nicaragua - se promulga la Ley 230 para la Prevención y Sanción de la Violencia Intrafamiliar.
1997
Bolivia - se promulga la Ley 1.678, modificando el Código Penal para incluir la violencia sexual como delito.
Colombia - se promulga la Ley 360 de Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana.
Guatemala - se promulga el Decreto 79-97. Entre los delitos de acción pública “dependientes de instancia de parte”, se incluye el estupro, el incesto, los abusos deshonestos y la violación de mayores de 18 años.
Honduras - se promulga la Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Decreto 132-97.
Honduras - Enmiendas y adiciones al Código Penal en el tratamiento de los delitos de violencia sexual.
México - se promulga el Decreto para reformar el Código Civil y el Código Penal, que se refiere a la violencia intrafamiliar y la violación.
1999
Argentina - se promulga la Ley 25.087 que modifica el Código Penal (Título III) de delitos contra la honestidad por delitos contra la integridad sexual.
Bolivia - se promulga la Ley 2.033 de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual.
Chile - se promulga la Ley 19.617, modificando el Código Legal respecto a los crímenes sexuales.
Costa Rica - se promulga la Ley 7.899 que reforma el Código Penal, Título III sobre delitos sexuales.
Guatemala - se promulga la Ley 97-96 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
2000
Paraguay - se promulga la Ley 1.600/00 de Violencia Intrafamiliar.
2001
Brasil - se promulga la Ley 10.224 a través de la cual el asedio sexual pasa a ser un delito tipificado en el Código Penal.
Panamá - se promulga la Ley 38. Reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995.
2002
Colombia - se promulga la Ley 747 que hace reformas y adiciones al Código Penal.
Uruguay - se promulga la Ley 17.514 sobre Violencia Doméstica.
El Salvador - Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Decreto 892. Incorpora la Violencia Patrimonial.
2003
El Salvador - Reformas al Código Penal. Decreto 210. Reforma y adiciones a los delitos sexuales y definición del delito de trata de personas.
Perú - se promulga la Ley 27.942 de Prevención contra el Hostigamiento.
2004
Brasil - se promulga la Ley 10.778 que establece la notificación obligatoria de los casos de violencia contra la mujer que fueron atendidos tanto en servicios de salud públicos como privados.
Brasil - se promulga la Ley 10.886 que agrega párrafos al art. 129 del Código Penal tipificando la violencia doméstica.
Colombia - se promulga la Ley 882, modifica el art. 229 de la Ley 599 del año 2000. Violencia intrafamiliar.
El Salvador - Reformas al Código Penal. Decreto Nº 457. Referidas a la explotación sexual comercial. Incluye agravantes al delito de trata de personas.
Panamá - se promulga la Ley 16 que dicta disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la libertad sexual y modifica y adiciona artículos a los Códigos Penal y Judicial.
2005
Brasil - se promulga la Ley 11.106 que modifica e incorpora artículos al Código Penal en materias de delitos sexuales, lenocinio y tráfico internacional de personas.
Chile - se promulga la Ley 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar (deroga la Ley 19.325).
Chile - se promulga la Ley 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo.
Colombia - se promulga la Ley 985 que modifica el art. 188-A del Código Penal. Adopta medidas de prevención, protección y asistencia necesaria para víctimas o posibles víctimas de la trata de personas.
Guatemala - se promulga el Decreto 14-2005: Reforma el Código Penal en su artículo 194, define el delito y las penas relativas a la trata de personas.
Honduras - se promulga el Decreto 234-2005: Reformas al Código Penal. Se reforman delitos sexuales y se adicionan los delitos de explotación sexual comercial.
Uruguay - se promulga la Ley 17.861 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
2006
Brasil - se promulga la Ley 11.340. Crea mecanismos para coartar la violencia contra la mujer; dispone la creación de Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer.
Colombia - se promulga la Ley 1.010 sobre medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Perú - se promulga la Ley 28.704 que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual.
Uruguay - se promulga la Ley 17.938. Deroga el artículo 116 que establecía la extinción del delito o de la pena por el matrimonio del ofensor con la ofendida, en los delitos de violación, atentado violento al pudor, estupro y rapto.