09 Mayo 2017

Mayo 2017

En la mayoría de los países de la región, la violencia política contra las mujeres se ha convertido en un grave contrapeso a los avances en materia de equidad de género y acceso al poder político. Abusos, amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, psicológicas, sexuales e incluso secuestros para obligarlas a dimitir de sus cargos forman parte de un repertorio de prácticas que buscan reforzar la esfera pública como dominio masculino y trasladar a ella las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres.

 

América Latina Genera entrevistó a Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará)


ALG: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Violencia Política contra la mujer? ¿De qué formas se expresa la violencia política contra las mujeres en América Latina y el Caribe?

LPMG: La Violencia política no es un fenómeno nuevo en la región, más bien podríamos decir que es un fenómeno extendido que no se agotó con el fin de las dictaduras y también habría que decir que no es un fenómeno novedoso en el caso de las mujeres. Recordemos que el 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha simbólica que nace con el reconocimiento de un femicidio colectivo, como lo fue el de las Hermanas Mirabal, tres mujeres activistas en contra de una dictadura, sin hablar de Olympia de Gouges quien también murió en la guillotina por defender los derechos de las mujeres en la Constitución del Estado Moderno.

Sin embargo, queremos llamar la atención sobre las diferentes formas de violencia que se ejercen hoy en día como un fenómeno que si se ha ido extendiendo en la región y que resulta más novedoso y es la violencia que están experimentando las mujeres políticas en el del ejercicio directo del poder político ya que estamos viendo porcentajes de participación nunca antes experimentados en la región y que además tiene un crecimiento exponencial desde la Conferencia de Beijing. Como sabemos esta conferencia, tiene con claridad un impacto decidido en las legislaciones sobre participación política de toda la región. 

Este fenómeno de ampliación de la participación política de las mujeres y de expansión de las mujeres en cargos de decisión política en diferentes ámbitos, ha tenido como efecto negativo, la ampliación de los mecanismos de violencia de los que las mujeres históricamente hemos sido víctimas y eso incluye desde la violencia física y femicidios políticos hasta múltiples manifestaciones que incluyen, las amenazas, la extorsión, la violencia patrimonial, la calumnia e injuria y en general atentados contra la reputación, el corte de fondos o recursos políticos, el engaño, la manipulación, el uso de la imagen de las mujeres políticas para desprestigiarlas y un largo etc.

La Ley Modelo de Violencia Política contra las Mujeres, establece que debe entenderse por violencia política contra las mujeres, cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

ALG: ¿Cómo obstaculiza la violencia política el liderazgo de la mujer y la igualdad sustantiva?

LPMG: La violencia política se expresa como fenómeno para afectar los derechos políticos de las mujeres. Pero, sobre todo, da un discurso que anima la inhibición de las mujeres en el ámbito público cuando esos hechos de violencia no son condenados, sancionados y resarcidos de manera inmediata. La condena pública y los órganos de administración de justicia, son los mecanismos que pueden aminorar el impacto de la violencia en la participación política de las mujeres, pero si esto no ocurre, puede haber además de otros efectos negativos, un efecto inhibitorio muy claro en las mujeres que hacen política.



ALG: ¿Cómo se puede combatir la violencia política contra las mujeres? ¿Qué herramientas y buenas prácticas existen para eso?

LPMG: Como toda la violencia basada en género, el primer gran desafío es la transformación cultural. Así que ese es el primer elemento que hay que fortalecer en todos los niveles del Estado y en general de la sociedad. La visibilización de las mujeres de una manera que esté libre de estereotipos de género en los medios de comunicación social es otro gran desafío pendiente en la región, en tanto de la manera como somos retratadas las mujeres hoy en día, impacta en la sociedad en general de una manera que profundizan los estereotipos de género y con ello, la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Estos ejercicios deben reforzarse y profundizarse, tanto a nivel de partidos políticos como a nivel de los órganos electorales, los sindicatos, las organizaciones políticas de diversa naturaleza y por su puesto en el sector justicia. En la medida que se advierta la participación política de las mujeres como el ejercicio de un derecho pero también como mecanismo de enriquecimiento y fortalecimiento de la democracia, en esa medida, se disminuirá la lucha por el espacio de privilegio que en el mundo de la política han venido ocupando los hombres.

Como buenas prácticas tenemos en México el establecimiento de protocolos de actuación para atender la violencia política contra las mujeres y también en varios países el avance de las leyes de cuotas a las leyes de paridad. Ello permite el avance sistemático y progresivo de las mujeres en los distintos espacios electorales y algunos han avanzado en los espacios de designación, a mayor participación de las mujeres, mayor será la posibilidad de que ese piso se amplíe y progresivamente se asuma ese terreno como un terreno ganado por las mujeres de manera irreversible.

Ampliar la participación, visibilizar a las mujeres que hacen política, formar a mujeres en liderazgo y garantizar fondos para la participación en la arena política, son algunas de las acciones que se están llevando a cabo en algunos de los Estados. Falta aún profundizar en la erradicación de los estereotipos de género y en el papel que juegan los medios de comunicación en este ámbito, como también profundizar el trabajo de democratización de los partidos políticos de la región, históricamente liderados por hombres.

ALG: “Nos puede hablar sobre la iniciativa de la OEA Ley Modelo Interamericana de Violencia Política contra las Mujeres.”

LPMG: La ley Modelo es una iniciativa que sale de las Ministras de las Mujeres y que se discute y analiza a partir de la Declaración de Violencia Política que hacen las Ministras en el seno del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en la VI Conferencia de Estados Parte. En dicha Conferencia, las ministras manifestaron su preocupación con el tema con la Declaración de Violencia Política contra las Mujeres, a partir de la cual, las Expertas del Comité (CEVI) trabajaron para preparar lo que hoy conocemos como la Ley Modelo. En esta iniciativa, participaron además de las expertas del Comité, un conjunto de mujeres políticas, organizaciones de la sociedad civil, expertas de diversos organismos, autoridades nacionales de Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, Perú, así como otros organismos regionales. La idea de la Ley Modelo, es tener un marco de referencia y acción para los Estados Americanos que se encuentran discutiendo leyes similares y también para las mujeres, activistas, organizaciones y demás actores relevantes que han identificado este fenómeno, como un elemento vital para avanzar en la ampliación de la participación política de las mujeres en la región y en el avance de la democracia.

 

Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará). Anteriormente se ha desempeñado como Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Comisionada y Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, fue anteriormente Directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela, y trabajó en la Defensoría del Pueblo de ese país

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