A medida que COVID-19 se extendió por todo el mundo, fue seguido de cerca por varias políticas de cuarentena y confinamiento. Sin embargo, aunque las órdenes de quedarse en casa pueden ser necesarias para mantener a las personas a salvo del virus, también pueden poner inadvertidamente a otros en mayor peligro de otros riesgos mortales—como el peligro de la violencia doméstica y de género. Como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, a principios de abril, luego de su llamado a un alto el fuego global para enfocarse en abordar la pandemia: “La violencia no se limita al campo de batalla. Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras. En sus propios hogares... Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para suprimir el COVID-19. Pero pueden atrapar a mujeres con parejas abusivas.”

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ATENEA: Mecanismo para acelerar la participación política paritaria de las mujeres en América Latina que busca contribuir al ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, y así coadyuvar en el progreso y consolidación de democracias paritarias. 

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La violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos histórica y actualmente agravada debido a la pandemia por COVID-19. Las medidas de aislamiento impuestas por los gobiernos como esfuerzo para prevenir la propagación del virus forzó a las víctimas a convivir con sus agresores y los mecanismos de contención y asistencia institucionales se vieron afectados. En este sentido, el cierre temporal de las escuelas puso en riesgo mayor a las niñas y niños, quienes no pudieron acceder al equipo docente para que puedan identificar y atender situaciones de violencia. En este contexto, las llamadas telefónicas y consultas a los números habilitados por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se incrementaron, lo que indica un aumento del número de casos de violencia doméstica denunciados en esta emergencia sanitaria. 

 

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80% de las grandes empresas que participaron cuentan con una política de igualdad de oportunidades de empleo frente a un 67% en las MIPYMES participantes, según el informe "Contribución de empresas en Honduras a la Agenda 2030"

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EGE Haina y el Grupo Universal obtuvieron la certificación por su desempeño en promover transformaciones en sus estructuras de trabajo. Foto: Alina Flores, PNUD R.D.

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