03 Junio 2014


El III Encuentro “Integradas con Seguridad” que se realizó en Nicaragua durante los días 26 y 27 de junio reunió a diferentes representantes institucionales de Centroamérica.



The third meeting of “Integrated with Security” united different institutional representatives from Central America. The event took place in Nicaragua on June 26-27.

Redacción | Ciudad de Panamá| 20 de Junio 2014

Con motivo de debatir sobre la situación actual de las políticas y leyes para la erradicación de la violencia contra las mujeres y hacer un balance subregional del cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará. También se presentó un Protocolo Complementario del Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA) relativo a la condena de toda forma de violencia.

Es el tercero de una serie de encuentros organizados por la Corte Centroamericana de Justicia, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y las Cortes Supremas de Justicia de los diferentes países en donde se han llevado a cabo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El primer Encuentro, desarrollado en Guatemala en el año 2010, dio lugar a la Declaración “Integradas con Seguridad”, sobre el acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia de género, con énfasis en la violencia sexual. El segundo, que tuvo lugar en Honduras en el año 2011, concluyó con la validación de las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género con énfasis en Violencia Sexual.

En el encuentro de Nicaragua realizamos la presentación del Estudio “El compromiso de los estados: planes y política para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”.El mismo muestra una radiografía de situación en cuanto a avances y desafíos en 32 países de la región.

América Latina es una de las regiones del mundo con mayores avances legislativos en relación a la violencia contra las mujeres. El 97% de los países analizados han aprobado leyes contra la violencia doméstica. En 10 países han sido aprobadas leyes “de segunda generación” que suponen importantes progresos respecto a las anteriores, en la medida en que amplían las distintas manifestaciones de violencia, consideran la diversidad las mujeres y reconocen una responsabilidad clara del Estado, por acción u omisión, entre otros aspectos. En el 28% de los países se ha incidido desde la institucionalidad y/o desde organizaciones de la sociedad civil en la formulación de nuevas leyes que tipifican penalmente nuevas expresiones de violencia, como el feminicidio/femicidio.

Sin embargo, menos de un tercio de los países de la región (el 28%) cuenta con un plan nacional específico para responder a la violencia contra las mujeres y la mayoría (un 78%) aborda este tema tangencialmente en otros planes o políticas de seguridad. La consecuencia de ello es que se difumina la respuesta estatal. La debilidad de los mecanismos de coordinación, de las capacidades técnicas y de los sistemas de información, la falta de coherencia entre los instrumentos legales y las políticas y la insuficiente asignación de recursos financieros son algunos de los nudos críticos que dificultan la obtención de mejores resultados en las acciones públicas. La magnitud del problema requiere de los Estados un abordaje institucional más holístico, más integral, con más recursos.

Desde este estudio proponemos promover la formulación e implementación de políticas y/o planes nacionales específicos de violencia contra las mujeres con un enfoque integral, cuyos objetivos estén centrados en los ejes de prevención, atención, sanción y reparación. La investigación nos muestra que la respuesta es más contundente en prevención y atención mientras que un 58% de los países define estrategias para abordar la sanción y tan sólo un 39% aborda el eje de reparación de los derechos de las víctimas/sobrevivientes y/o sus hijas/os.

En este momento estamos actualizando la información del estudio, con el objetivo de continuar su difusión, el intercambio de conocimiento entre países y la generación de diálogos nacionales en torno al tema. La propuesta requiere iniciar un profundo debate en el interior de los Estados que convierta a la violencia contra las mujeres en una auténtica política de Estado que dé sostenibilidad a los planes nacionales y que envíe a la sociedad un mensaje de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres.