En 2014, cinco países de la Región de América Latina - Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay- han sido caso de estudio de una investigación realizada en el marco del proyecto "Promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a través de mejores políticas" con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).Esta investigación tuvo como objetivo principal profundizar el análisis de las desigualdades de género en el mercado de trabajo utilizando el marco analítico de Naila Kabeer (2015), el cual distingue restricciones intrínsecas, relacionadas con diferentes roles y responsabilidades asignadas a hombres y mujeres, niños y niñas, e restricciones impuestas por las rutinas, normas, procedimientos y prácticas de mercado laboral y de las instituciones supuestamente neutrales al género como los Estados, así como las actitudes y comportamiento de los diferentes actores institucionales. Para realizar la investigación se aplicó una metodología con base en modelos de probabilidad (logit multinomial), sobre la base de cuatro etapas que corresponden a las instancias en que las mujeres pueden encontrar obstáculos para obtener un empleo de calidad: 1) decisión de participar en el mercado de trabajo, 2) obtener un empleo, 3) la categoría de ocupación en que se ubican, y 4) la intensidad horaria y el nivel salarial obtenido.

Entre los principales hallazgos se detectó que:

En Uruguay, las brechas de género en las tasas de actividad y empleo se explican principalmente por las llamadas restricciones impuestas, es decir, aquellas que corresponden a la esfera de los Estados y los mercados, los cuales reflejan y reproducen ideas preconcebidas sobre la masculinidad y la feminidad, tomando estos como aspectos dados de las reglas, los procedimientos, las prácticas y las construcciones sociales. Estas restricciones corresponden a asuntos tales como las preferencias de los/las empleadores/as, las normas culturales y las regulaciones legales.

En el contexto de Chile, la educación no aparece como un factor limitante de las posibilidades de inserción laboral, por el contrario, la evidencia sugiere su efecto positivo en el empleo y las remuneraciones. Por su parte, el estudio confirma la prevalencia de restricciones intrínsecas en todas las etapas analizadas para la inserción de las mujeres en el mercado laboral: pese a los cambios culturales verificados en la sociedad y al aumento en los derechos de las mujeres, la división sexual del trabajo asociada a restricciones intrínsecas –según el marco de análisis– contribuye a mantener diversas brechas en el mercado laboral. Ello se aprecia particularmente en los resultados de los modelos estimados para las parejas que reflejan la incidencia de los patrones de género predominantes en los hogares con respecto al trabajo remunerado y no remunerado.

En el caso de Bolivia, se evidencia que la participación laboral de las mujeres rurales es mayor que la de las urbanas, pero en ambos casos la presencia de hijos pequeños y estar en pareja impone limitaciones a la participación laboral. El cierre de brechas en escolaridad se ha venido produciendo a mayor velocidad en el último tiempo. No obstante, debe mejorarse la calidad de la educación en cuanto a contenido y a métodos de aprendizaje. En lo rural, no basta con mejorar aspectos de infraestructura y de idioma, es importante idear la forma de que las mujeres rurales aprovechen el mayor nivel de capital humano, porque de otro modo, se ven forzadas a migrar, no solo hacia áreas urbanas dentro de Bolivia, sino también al exterior.

En Argentina, la probabilidad de un mejor desempeño laboral para la mujer, está asociada con los niveles de educación más altos y con la pertenencia del hogar a estratos de ingresos superiores. Esto pone en evidencia la necesidad de generar medidas compensatorias para las mujeres en situaciones más desventajosas. Las mujeres que están casadas, tienen hijos/as pequeños/as o conviven en el hogar con personas adultas mayores de 80 años, enfrentan mayores limitaciones especialmente en la etapa inicial de participación laboral. Factores como la asistencia de los/las niños/as pequeños/as al sistema de educación preescolar aumentan la probabilidad de una inserción más equitativa. Por otro lado, circunstancias como ejercer la jefatura de hogar o formar parte de una familia monoparental se asocian a la probabilidad de aumento en la participación y de mayor dedicación horaria al trabajo remunerado.

Para el caso de Ecuador, Las variables relacionadas con el trabajo de cuidados, así como los roles tradicionales de las mujeres no solamente transmiten sesgos de género entre las diferentes etapas de la decisión y la trayectoria laboral, sino que generan brechas importantes en la participación y en la calidad de la inserción laboral de las mujeres. No obstante, la magnitud de su incidencia es menor que la de factores relacionados con las condiciones propias de las trabajadoras y los trabajadores. En cuanto a las variables familiares y de la esfera reproductiva, estas van decreciendo en importancia frente las variables de mercado. Las características del mercado laboral como lo son la educación y los ingresos, tienen relación con la sectorización, la rama de actividad y la naturaleza del trabajo.

Los estudios de caso permiten reafirmar que uno de los elementos clave para las políticas públicas orientadas a mejorar el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito del trabajo, es la reorganización de la reproducción social. Es necesario incidir mediante políticas públicas que reconozcan y redistribuyan roles y responsabilidades de cuidado en el hogar, que rompan con los estereotipos de género acerca de las tareas y los tipos de empleo que corresponden a las mujeres y modifiquen el "modelo de trabajador ideal". En este sentido, las políticas públicas tienen una gama amplia de acciones para encarar, que van desde la sensibilización e información de los individuos y la familia y los actores del mercado laboral, hasta la facilitación de las "obligaciones" prácticas domésticas y de cuidados en los hogares mediante la adecuación de la oferta de servicios y la normativa laboral.Lo anterior sin olvidar que aún hay países que requieren reformas estructurales en materia de educación y protección social como primer paso en el camino de eliminación de brechas laborales.
 
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