Por PNUD LAC
27 Noviembre 2018


De acuerdo a Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT), en el último año se han registrado 369 asesinatos de personas trans y género-diversas. Las mujeres trans son sistemáticamente excluidas de asistencia sanitaria básica, del mercado laboral formal y continúan enfrentando dificultades para acceder al sistema educativo. La ausencia de leyes de identidad de género que reconocen los derechos de las personas trans para cambiar su nombre e indicador de género en sus documentos de identidad deriva en situaciones de discriminación diaria, como cuando quieren abrir una cuenta bancaria, restricciones de viaje, acceder a una vivienda o un empleo, entre muchas otras.

Desde una óptica más optimista, varios gobiernos de América Latina están abriendo camino al aprobar leyes de identidad de género que permiten el cambio de nombre e indicador de género sin tener que cumplir requisitos que antes se exigían como la terapia hormonal, cirugía o una evaluación psicológica. Además, en noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una Opinión Consultiva de identidad de género, igualdad y no discriminación para parejas del mismo sexo, reconociendo explícitamente la identidad de género como un derecho protegido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Opinión, emitida a solicitud de Costa Rica, hizo un llamado a los gobiernos de la región para armonizar su jurisdicción doméstica de acuerdo a los estándares Interamericanos.

La semana pasada en Ciudad de Panamá, el PNUD congregó a más de 50 activistas, representantes de gobiernos y organizaciones internacionales de 12 países de América Latina y Caribe en la consulta regional “La Milla Extra: más allá de las leyes de identidad de género para promover la inclusión social y económica de las personas trans en América Latina”. En este intercambio Sur-Sur, los y las participantes compartieron información sobre estrategias, casos de éxito y lecciones aprendidas para ampliar miras de cara a asegurar los derechos de las personas trans en la región.

Uruguay, por ejempló, aprobó recientemente una ley estableciendo mecanismos de inclusión para las personas trans, que incluye garantizarles el acceso a cirugías de cambio de género y terapias hormonales a cargo del Estado uruguayo, así como reservando un 1% de plazas en el sector público para personas trans, y estableciendo un fondo público para el pago de reparaciones a las personas trans que fueron perseguidas cuando el país vivió bajo dictadura militar.

En 2012, Argentina se posicionaba como líder de la región, cuando el Senado aprobó de forma unánime lo que se denominó como una de las leyes de identidad de género más progresistas del mundo, que garantizaba el reconocimiento de la identidad de género autodefinida. Tras la adopción de esta ley, la provincia de Santa Fe desarrolló programas multisectoriales y ahora ofrece becas a estudiantes trans, así como acceso preferente al empleo o a programas de la seguridad social.

Desde 2015, la mayor compañía mexicana de petróleo, PEMEX, implementa una estrategia de inclusión social institucional en colaboración con el PNUD. Esta empresa crea espacios de trabajo seguros e inclusivos para personas trans, impartiendo talleres de sensibilización que ya han llegado a más de 50.000 trabajadores de todo el país. La estrategia también asegura la armonización de los procesos para que estos integren principios de igualdad y no discriminación.

Para obtener un desarrollo inclusivo, precisamos poner en primera línea de nuestros esfuerzos a los grupos más marginalizados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está dispuesto a trabajar con socios regionales para dar apoyo a los países y redoblar esfuerzos para terminar con la desigualdad y cumplir con nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás.



Todos los días 20 de noviembre desde 1999, la comunidad internacional celebra el Día de la Memoria Trans, en honor a quienes fueron asesinados por ser trans, así como para realizar un llamado de atención sobre el estigma, la discriminación y la violencia a los que la comunidad transgénero se sigue enfrentando en todo el mundo.

De acuerdo a Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT), en el último año se han registrado 369 asesinatos de personas trans y género-diversas. Las mujeres trans son sistemáticamente excluidas de asistencia sanitaria básica, del mercado laboral formal y continúan enfrentando dificultades para acceder al sistema educativo. La ausencia de leyes de identidad de género que reconocen los derechos de las personas trans para cambiar su nombre e indicador de género en sus documentos de identidad deriva en situaciones de discriminación diaria, como cuando quieren abrir una cuenta bancaria, restricciones de viaje, acceder a una vivienda o un empleo, entre muchas otras.

Desde una óptica más optimista, varios gobiernos de América Latina están abriendo camino al aprobar leyes de identidad de género que permiten el cambio de nombre e indicador de género sin tener que cumplir requisitos que antes se exigían como la terapia hormonal, cirugía o una evaluación psicológica. Además, en noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una Opinión Consultiva de identidad de género, igualdad y no discriminación para parejas del mismo sexo, reconociendo explícitamente la identidad de género como un derecho protegido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Opinión, emitida a solicitud de Costa Rica, hizo un llamado a los gobiernos de la región para armonizar su jurisdicción doméstica de acuerdo a los estándares Interamericanos.

La semana pasada en Ciudad de Panamá, el PNUD congregó a más de 50 activistas, representantes de gobiernos y organizaciones internacionales de 12 países de América Latina y Caribe en la consulta regional “La Milla Extra: más allá de las leyes de identidad de género para promover la inclusión social y económica de las personas trans en América Latina”. En este intercambio Sur-Sur, los y las participantes compartieron información sobre estrategias, casos de éxito y lecciones aprendidas para ampliar miras de cara a asegurar los derechos de las personas trans en la región.

Uruguay, por ejempló, aprobó recientemente una ley estableciendo mecanismos de inclusión para las personas trans, que incluye garantizarles el acceso a cirugías de cambio de género y terapias hormonales a cargo del Estado uruguayo, así como reservando un 1% de plazas en el sector público para personas trans, y estableciendo un fondo público para el pago de reparaciones a las personas trans que fueron perseguidas cuando el país vivió bajo dictadura militar.

En 2012, Argentina se posicionaba como líder de la región, cuando el Senado aprobó de forma unánime lo que se denominó como una de las leyes de identidad de género más progresistas del mundo, que garantizaba el reconocimiento de la identidad de género autodefinida. Tras la adopción de esta ley, la provincia de Santa Fe desarrolló programas multisectoriales y ahora ofrece becas a estudiantes trans, así como acceso preferente al empleo o a programas de la seguridad social.

Desde 2015, la mayor compañía mexicana de petróleo, PEMEX, implementa una estrategia de inclusión social institucional en colaboración con el PNUD. Esta empresa crea espacios de trabajo seguros e inclusivos para personas trans, impartiendo talleres de sensibilización que ya han llegado a más de 50.000 trabajadores de todo el país. La estrategia también asegura la armonización de los procesos para que estos integren principios de igualdad y no discriminación.

Para obtener un desarrollo inclusivo, precisamos poner en primera línea de nuestros esfuerzos a los grupos más marginalizados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está dispuesto a trabajar con socios regionales para dar apoyo a los países y redoblar esfuerzos para terminar con la desigualdad y cumplir con nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás.

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