Por Guillermina Martin, Especialista Regional en Políticas de Género
09 Enero 2019
El nuevo contexto internacional ofrece una coyuntura incierta. La existencia de múltiples tensiones en la región surge de factores variados como; el aumento de la violencia (incluida la violencia contra las mujeres), el incremento de las migraciones forzadas y voluntarias, la recesión económica en algunos países, el aumento de las desigualdades, el impacto indiscutible del cambio climático en nuestra región que genera ciclos permanentes de crisis climáticas, entre otros. A esto se le suma el ascenso de movimientos políticos extremistas-fundamentalistas y el debilitamiento del multilateralismo que posibilitan que algunos actores capitalizen de las desigualdades sociales y económicas e incrementen la polarización para crear un discurso de vulneración de derechos humanos. En este contexto, se hace imprescindible unir esfuerzos para una eficaz implementación de la Agenda 2030 y el alcance del desarrollo sostenible.

Paralelamente a esta situación, podemos decir que el 2018 fue un año signado por la salida masiva de las mujeres a la esfera pública, tomando las calles. Desde las marchas y huelgas en todo el mundo por el 8 de marzo, las manifestaciones recurrentes para poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres, con el mensaje que articuló a toda América Latina en un mismo grito para decir “ni una menos”, hasta la reciente marcha en Kendala-India donde las mujeres recrearon una cadena humana de 620 Km para demandar sobre sus derechos.

Las demandas no solo son para reivindicar nuevos derechos sino por asegurar los derechos conquistados en toda la historia de lucha de las mujeres durante el Siglo XX y en el primer decenio del Siglo XXI. El lema es también, en nuestra región y en el mundo, el de no regresión.

La llamada cuarta generación del feminismo, junto a otros movimientos como los ambientalistas, de derechos de las personas LGBTTI, los pueblos indígenas y afrodescendientes entre otros están recreando un ideario que pone en cuestión las relaciones de poder entre las personas, la relación entre el Estado y la ciudadanía, el rol de los partidos políticos tradicionales y de los mercados como decisores únicos del “bien público”. El 2018 fue un año donde las mujeres fuimos las voces más fuertes contra las exclusiones, la desigualdad en todas sus formas y contra la vulneración de derechos. Llevando la carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como bandera y demandando que los Estados deben cumplir, defender, reafirmar y consagrar cada uno de sus artículos.

En este contexto se vuelve cada vez más urgente desplegar una serie de estrategias políticas y prácticas para no perder lo ganado y no dejar a nadie atrás. La transición hacia una sociedad más incluyente, igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe requiere la adopción de un nuevo paradigma de desarrollo, que debe basarse en la aplicación de un enfoque integrado que permita alinear las políticas sociales, económicas y ambientales; coordinar las políticas sectoriales e intersectoriales, y maximizar las sinergias entre sectores y objetivos diversos para lograr resultados sostenibles. En ese marco, la Agenda 2030, conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, reconoce que el camino hacia el desarrollo sostenible es un proceso multidimensional y ha sido diseñada integralmente, de tal forma que no sea susceptible de ser subdividida.

Desplegar estas estrategias requiere una reflexión profunda sobre el Estado. En este sentido, el PNUD ha contribuido con esta reflexión regional y global por más de 30 años. Reflexionando sobre el Estado inclusivo, un estado para la igualdad, para el desarrollo humano y los derechos requiere revisar profundamente las prácticas, entramados y los nudos de poder que constituyen las formas de la toma de decisión pública (prioridades, políticas, prácticas, presupuestos). Y desde una perspectiva de género, el PNUD, ha alimentado los diálogos regionales sobre la transversalización de género, el rol de la función pública, la participación ciudadana y los mecanismos estatales para acelerar y medir los progresos realizados hacia la igualdad de género.

Recuperando las experiencias acumulada en la región de los programas e iniciativas de transversalización de género en el sector público de más 20-25 años. Los Sellos en entidades públicas y empresas privadas. Y la Comunidad de Sellos en América Latina y el Caribe (desde 2009). Y el Sello de Igualdad de Género para oficinas del PNUD una iniciativa global desarrollada desde 2010.

Del análisis de estas iniciativas, entrevistas en profundidad con actores de gobiernos de la región, Agencias del Sistema de Naciones Unidas y especialistas de diversos campos se destacaron un conjunto de lecciones aprendidas que permitan establecer una nueva generación de políticas publicas en materia de igualdad de género entre ellas se destacaron:

  • Voluntad y compromiso político es crucial para aportar mirada estratégica y mayores avances.
  • Se requieren instrumentos de gestión para ir de la teoría a la práctica de la transversalización de género.
  • Fortalecer el perfil de las responsables de género y fortalecer capacidades especializadas en el personal de las instituciones.
  • Monitorear avances y resultados de género de las políticas públicas posiciona el tema en las agendas.
  • Abordar las resistencias institucionales a la igualdad de género para romper normas y patrones.
  • Intensificar el compromiso y la apropiación de todos los niveles institucionales
Y a partir de estas reflexiones, junto a Gobiernos de la región, se desarrolló el Sello de Igualdad de Género en el Sector Público. Esta iniciativa busca apoyar y reconocer los esfuerzos realizados por las instituciones públicas para lograr una igualdad de género sustantiva y proporciona un marco integral que aborda 5 dimensiones y 32 indicadores que buscan acelerar el logro de la igualdad de género y el desarrollo sostenible y transformar la institucionalidad tanto en sus dimensiones internas como externas.

La iniciativa establece estándares y normas de desempeño basados en compromisos y acuerdos internacionales y regionales. Destaca el buen trabajo de las instituciones y fortalece la rendición de cuentas hacia la igualdad. Conecta la estructura organizacional con el impacto y resultados de la política públicas. Y proporciona una hoja de ruta y estrategias concretas para aterrizar el compromiso en instituciones públicas. Y otorga un reconocimiento en tres niveles bronce, planta y oro.

Los principios clave de la iniciativa son la flexibilidad para ser aplicable a diferentes tipos de instituciones. Tiene un enfoque sistémico basado en la evidencia de los logros institucionales y el aprendizaje para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el Estado. Interactividad y recopilación de información en línea a través de una plataforma online. Articulación entre lo nacional, regional y global: enfoques y metodología común, diversidad de países participando.

En América Latina y el Caribe se está implementando en once instituciones de 3 países; Panamá, República Dominicana y El Salvador [1] que participan del ejercicio piloto para ajustar las herramientas y los procesos asociados con la implementación del Sello de Igualdad de Género en el Sector Publico.

Durante noviembre de 2018 se realizó en Estambul una reunión global para analizar los impactos de las experiencias de implementación de los pilotos. Se destacó la utilidad estratégica de la iniciativa para alcanzar la Agenda 2030 y se alcanzó el Acuerdo de Estambul con el objetivo de lanzar la iniciativa a nivel global durante 2019 e invitar a sumarse a todos los países que quieren sumarse a este cambio, demostrar su compromiso por la igualdad de género y acelerar los cambios para no dejar a nadie atrás y no perder lo ganado.

En los próximos boletines estaremos ampliando sobre la iniciativa, y les invitamos comunicarse con el Área de Género del PNUD para compartir sus reflexiones y su interés en la iniciativa.




[1]Panamá: Canal de Panamá, MITRADEL, Alcaldía de Panamá, SENACYT

El Salvador: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Relaciones Exteriores

República Dominicana: Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS), Instituto Dominicana de Avión Civil (IDAC), Junta Central Electoral, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)