Por:Karin Santi Líder Regional, VIH, Salud y Desarrollo, & Juana Cooke Especialista en Leyes y VIH de PNUD
26 Junio 2019

La reparación permite a individuos y grupos que han sido sistemáticamente discriminados, victimizados, aterrorizados y no en pocos casos asesinados, por actos u omisiones del Estado, a ser reconocidos en su historicidad. Foto: PNUD

 

 

Hace hoy 70 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración, un acuerdo pionero, esboza la derechos básicos y libertades fundamentales a que todos los seres humanos tienen derecho.

Bajo principios internacionales básicos de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la reparación forma parte de los recursos a los que las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario tienen derecho. Así, la reparación se concibe como un mecanismo para remediar el daño causado por un acto u omisión ilícito que puede atribuirse al Estado.

Sin embargo, más allá de las definiciones legales, la reparación permite a individuos y grupos que han sido sistemáticamente discriminados, victimizados, aterrorizados y no en pocos casos asesinados, por actos u omisiones del Estado, a ser reconocidos en su historicidad, y se convierte en una oportunidad para recuperar el control de sus propias vidas.

En el contexto latinoamericano, países como Argentina, Brasil, El Salvador y Uruguay han establecido mecanismos legales para facilitar el acceso a dichos procesos de restitución. Recientemente, la provincia de Santa Fe en Argentina modificó su ley provincial 13298 ---que establece la compensación monetaria para las personas detenidas durante la dictadura militar por sus ideas políticas, que formaban parte de sindicatos de trabajadores o eran estudiantes--- para incluir a aquellos que habían sido encarcelados durante ese período con motivo de su orientación sexual o identidad de género.

Carolina Boetti, una actriz y peluquera trans, se convirtió en la primera persona en recibir esta compensación económica, que le entregó el gobernador de la provincia de Santa Fe el pasado 17 de mayo de 2018, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Carolina había sufrido múltiples encarcelamientos, el primero de los cuales se produjo cuando todavía era menor de edad, y antes de buscar asilo en Europa.

Esteban Paulón, Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual dijo: “Es una reparación tardía, pero que tiene un impacto mucho más allá de lo que pase en Santa fe porque simbólicamente sube el estándar de protección de los derechos humanos de las personas trans, no sólo en Santa fe, sino a nivel nacional y en América Latina”".

El pasado 18 de octubre de 2018, Uruguay aprobó una Ley integral para personas trans que establece un fondo para pagar reparaciones a las personas trans que se enfrentaron a la persecución cuando el país vivía bajo dictadura militar, entre 1973 y 1985: "Las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o  privadas de libertad por su identidad de género, tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico. Y también si existieron prácticas discriminatorias del Estado que limitaron derechos".

Las medidas adoptadas por Uruguay y la provincia de Santa Fe en Argentina son importantes para la inclusión social, la reparación histórica y el reconocimiento de los derechos de las personas trans. Para hacer justicia, la reparación debe incluir además la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, los Estados necesitan revelar públicamente la verdad de los acontecimientos, emitir una disculpa y establecer mecanismos para asegurar el derecho de no repetición, poniendo en marcha salvaguardias contra la repetición de la violación original de los derechos humanos.

El pasado mes de noviembre, el PNUD congregó a más de 50 activistas, representantes de gobiernos y organizaciones internacionales de 12 países de América Latina y Caribe en la consulta regional “La Milla Extra: más allá de las leyes de identidad de género para promover la inclusión social y económica de las personas trans en América Latina”. En este intercambio Sur-Sur, los y las participantes compartieron información sobre estrategias, casos de éxito y lecciones aprendidas para ampliar miras de cara a asegurar los derechos de las personas trans en la región.

Estas experiencias, y las que les seguirán, proporcionan un rayo de esperanza para las personas trans en toda la región. Leyes y políticas que pueden llevar a una mejor inclusión de las personas trans y al desarrollo de sus potenciales individuales y colectivos.

El Día Internacional de los Derechos Humanos representa una oportunidad para que los Estados no sólo reconozcan las persistentes violaciones experimentadas por las personas trans, sino para que también los países reconozcan públicamente y de forma colectiva la resiliencia de las personas trans a lo largo de la historia de la región.

 

Fuente:http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2018/reparation--acknowledging-the-resilient-lives-of-trans-people-in.html