Por : PNUD
27 Junio 2019
Las personas LGBTI siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables en El Salvador por factores como la violencia (generada por el odio hacia estas personas), el poco cumplimiento de sus derechos y la falta de un sistema que les brinde acceso efectivo a la justicia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano, contabilizó en el periodo de 2009 hasta finales del 2016 un total de 56 denuncias contra posibles vulneraciones a los derechos primordiales de la población LGBTI.  

El PNUD con el objetivo de brindar mejores herramientas que ayuden en la protección de los derechos de las personas LGBTI, trabaja con la Fiscalía General de la República en el diseño de un protocolo de atención integral para población LGBTI víctima de delitos. El propósito de este protocolo es garantizar condiciones de acceso efectivo a la justicia, libres de discriminación y estigma, a través de la articulación de mecanismos de atención y protección integral.

El Protocolo de Atención Integral a victimas LGBTI, brindará al personal de la Fiscalía General de la República, a quienes están encargados de recepción de denuncias y áreas especializadas que trabajan con la violencia por razones de género, violencia sexual, trata de personas y de vida, de una herramienta institucional que les ofrecerá lineamientos concretos de cómo actuar ante estos casos. Además, al personal que presta estos servicios se les facilitará un marco conceptual y lineamientos para reducir la revictimización y discriminación contra personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales. 

La herramienta incluye elementos procedimentales que contribuirán a mejorar la atención a víctimas LGBTI en la recepción de denuncias, y la atención integral a favor de ellas y sus familiares. Asimismo, tiene mecanismos para el monitoreo y el seguimiento durante su implementación.

En el proceso de diseño y posterior validación se contó con la intervención de personal fiscal de la zona central, paracentral y oriental, y se contempla realizar el mismo proceso en la zona occidental del país. Además, se han llevado a cabo varios intercambios de experiencias con el Ministerio Público de Colombia, con el fin de conocer las experiencias y contrastar el trabajo realizado bajo esta misma temática. 

Para el segundo semestre de 2019, se espera finalizar el proceso de validación interna del protocolo e iniciar los procesos para formación del personal de la FGR y capacitarlos en el conocimiento y uso de esta herramienta para ponerla en práctica.