01 Junio 2014

Genera Perspectiva

La protección social es una herramienta fundamental de política para abordar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza. Los programas de protección social han contribuido de manera significativa al logro de los Objetivos del Milenio y constituyen herramientas clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda 2030. En particular las metas  1.3, 5.4 y 10.4 promueven la puesta en práctica de mediadas apropiada de protección social para todos, valorizando y reconociendo los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado así como la promoción de la responsabilidad compartida.  

Las políticas de protección social se basan en un amplio abanico de instrumentos públicos y comunitarios que pueden ser tanto contributivos como no-contributivos; estos instrumentos incluyen seguros, redes de seguridad, transferencias en especie y monetarias, así como protección ligada al trabajo. Identificar las brechas de género a las que debería dar respuesta los sistemas nacionales de protección social implica proponerse superar la asignación obligatoria de las tareas de cuidado a las mujeres, estimar y tomar en cuenta los costos económicos y sociales de la reproducción y cuidado de las personas dependientes, plantearse la protección social como derecho humano universal, no sólo asociada a los aportes desde el mercado de trabajo o a los programas asistenciales.

Sin embargo, en la Región de América Latina y el Caribe, los sistemas de protección social vigentes ya no corresponden con la realidad de los mercados laborales prevaleciente en la región; un país típico produce alrededor del 40% del PIB empleando un 70% de fuerza de trabajo informal. La alta tasa de informalidad demanda por lo tanto una desvinculación de la protección social del mercado laboral, para garantizar sistemas de seguridad social más incluyentes e igualitarios. Asimismo, persisten altos índices de desigualdad en la región debido a la infrautilización que los gobiernos hacen de su política fiscal como instrumento para reducir desigualdades, ya sea por la vía directa (a través de impuestos o transferencia) como indirecta (bienes y servicios públicos). En la actualidad, los países de la región destinan en promedio un 15% de su producto interno bruto (PIB) respectivo a la seguridad social. La promoción de la asignación de recursos estables para estas políticas representa un desafío para la agenda de desarrollo post 2015.Aunque en los últimos años esta tendencia está cambiando, es importante saber en qué medida los esfuerzos de recaudación y asignación son “suficientes” para cubrir las necesidades y cumplir con los compromisos adquiridos en materia de desarrollo, de igualdad social y de género. En este sentido los ejercicios de costeo de políticas públicas son un insumo fundamental porque permiten establecer el costo de las necesidades reales y contrastarlo con los recursos que efectivamente se asignan en los presupuestos, definiendo la “brecha de financiamiento” que es necesario superar para el logro de los objetivos propuestos.

Para avanzar hacia sistemas de protección sociales más inclusivos e igualitarios es necesario por lo tanto construir una nueva concepción de protección social, a partir de la construcción de pisos nacionales de protección social para ir paulatinamente ampliando las garantías tanto de manera horizontal (es decir a más personas) como verticalmente (es decir, garantizando más beneficios).Promover por lo tanto una visión universalista e igualitaria de la protección social centrándose fundamentalmente en las garantías básicas de la seguridad social, pero con el enfoque holístico del piso de protección social tal como lo ha conceptualizado el Sistema de Naciones Unidas como punto de partida para construir escenarios más propicios para la universalización de derechos. Entre el punto de partida y el de llegada deben tener lugar sucesivas y progresivas ampliaciones de los pilares contributivo y no contributivo de la seguridad social y de las políticas sectoriales. Garantizar por lo tanto la integración de la salud materna e infantil, la protección económica básica para las mujeres en el embarazo, parto y postparto, y el cuidado de las personas dependientes y menores de edad, como aspectos indispensables de la seguridad social (OIT, PNUD, ONU Mujeres, 2012)

Para conocer los compromisos internacionales sobre protección social e igualdad de género ingresar en este Link

 

 

Compromisos:

Convenios OIT

En estos instrumentos se menciona que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que las responsabilidades familiares no constituyan causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral. Recomienda a los Estados políticas públicas que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las responsabilidades.

La región presenta una de las tasas más altas de ratificación del Convenio 156 de la OIT, el cuál provee una serie de regulaciones para proteger a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y permitir la conciliación. Son 11 los países que han ratificado este convenio: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador, último país que ratificó el convenio en febrero del 2013. Más información: Convenio 156 y Recomendación 165

Este convenio constituye la segunda revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad  No.003 del 1919, el cual precisó los principios fundamentales de esta protección, tales como: el derecho a una licencia de maternidad, a prestaciones en dinero y prestaciones médicas, y el derecho a la seguridad del empleo y a la no discriminación.

En este sentido, la 88ª Conferencia internacional del Trabajo, celebrada en junio del 2000, revisó el Convenio 103 y dio paso a la adopción del Convenio 183. Este mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad, y entre otros cambios amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; la protección no solo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a las complicaciones que puedan derivarse de estos; prevé un período de protección al empleo más largo y; que todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo. 

De acuerdo al artículo 4 del Convenio 183: “Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas”.

Nueve países de la región tienen vigente la ratificación de los Convenios sobre protección de la maternidad (C: 3, 103 y 183); Bahamas (C103), Belice (C183), Bolivia (C103), Brasil (C103), Chile (C103), Cuba (C183), Ecuador (103), Guatemala (C103)  y Uruguay (C183). Más información

Tanto en la Recomendación Nº 191 -que acompaña al Convenio Nº 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad- y en la Recomendación Nº 165 (adoptada en 1981) -que acompaña al Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares Nº 156- se sostiene que tras la licencia de maternidad la madre o el padre deberían poder disfrutar de un período de licencia parental sin perder el empleo y conservando los derechos que se derivan de él. En concreto, en el artículo 10 sobre licencias relacionadas recomienda que 3) La madre que trabaja o el padre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental durante el período siguiente a la expiración de la licencia de maternidad; (4) El período durante el cual podría otorgarse la licencia parental, así como la duración y otras modalidades de la misma, incluidos el pago de prestaciones parentales y el goce y la distribución de la licencia parental entre los progenitores empleados, deberían determinarse en la legislación nacional o de otra manera conforme con la práctica nacional. (5) Cuando la legislación y la práctica nacionales prevén la adopción, los padres adoptivos deberían tener acceso al sistema de protección definido por el Convenio, especialmente en lo relativo a las licencias, a las prestaciones y a la protección del empleo. Más información



Conferencias

Ministras y representantes de los Mecanismos de igualdad de América Latina y El Caribe se dieron cita en Brasilia entre el 13 y 16 de julio de 2010 con el objetivo de discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.  El consenso de Brasilia recoge las líneas de acción para las políticas en pro del logro de la igualdad en la Región que se han acordado en la Conferencia. En particular, con el objetivo de fortalecer la ciudadanía de las mujeres se quiere c) Propiciar que las políticas fiscales combinen criterios de eficacia con criterios de equidad, resaltando su función redistributiva y progresiva, que aseguren la ejecución de políticas que  garanticen el desarrollo de las mujeres;  g)Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza; h) Realizar estudios sobre los efectos de la crisis económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental en las mujeres, en especial en los flujos migratorios internos e internacionales y en la reconfiguración de todas las esferas; i) Avanzar en la adopción de medidas que mejoren la situación de las mujeres migrantes y sus familias, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, a fin de mejorar su situación laboral y su inclusión social, tanto en su país de origen como de destino; k) Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones específicas que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias. Más información

En 2007, 24 países representados en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, acordaron el Consenso de Quito en el cual reconocen el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar. Para ello se comprometen a: Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países, y promover su inclusión en las cuentas nacionales; xv) Implementar sistemas públicos integrales de seguridad social, con acceso y coberturas universales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres; xvi) Formular políticas de empleo de calidad y seguridad social e incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres sin ingresos propios y la igualdad de condiciones y derechos laborales; xvii) Garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, precarias e ilegales y alentar la participación de las mujeres en sectores de trabajo creativos,  innovadores y que superen la segregación laboral sexista. Más información  

La Declaración aprobada en esta Conferencia exige a los Estados,  en su artículo 58, adoptar las siguientes medidas : a) Revisar y modificar, con la participación plena e igualitaria de la mujer, las políticas macroeconómicas y sociales con miras a alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción;  b) Analizar, desde una perspectiva de género, las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, el ajuste estructural, los problemas de la deuda externa, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía, en relación con sus efectos en la pobreza, en la desigualdad y, particularmente en la mujer; evaluar las repercusiones de esas políticas y programas en el bienestar y las condiciones de vida de la familia y ajustar éstos, según convenga,  para fomentar una distribución más equitativa de los bienes de producción, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios; c) Formular y aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales racionales y estables, elaboradas y supervisadas con la participación plena e igualitaria de la mujer, que fomenten un crecimiento económico sostenido de amplia base, que aborden las causas estructurales de la  pobreza y que estén orientadas hacia la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad basada en el género, en el marco general del logro de un desarrollo sostenido centrado en la población; d) Reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a   aumentar las oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de la mujer a los recursos productivos, y atender  las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de la mujer, en particular de las que viven en la pobreza; h) Generar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo y los ingresos de las trabajadoras, tanto en el sector estructurado como en el sector no estructurado, y adoptar medidas concretas para abordar el desempleo de las mujeres, en particular su desempleo a largo plazo; i) Formular y aplicar, cuando proceda, políticas concretas económicas, sociales, agrícolas y de otra índole, en apoyo de los hogares  encabezados por mujeres; q) Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para las mujeres indígenas que permitan su plena participación y en los que se respete su diversidad cultural, de manera que tengan oportunidad y posibilidades de elección en los procesos de desarrollo a fin de erradicar la pobreza que las afecta. Más información

En esta conferencia se aprobó el Plan de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995/2001). En  el área de pobreza del plan se establece como  objetivo estratégico III 1: Revisar, modificar e integrar las políticas macroeconómicas y sociales, especialmente en aquellos países donde existan políticas de servicio de la deuda y ajuste estructural, a fin de promover el crecimiento y la equidad mediante, entre otras acciones, políticas de asignación de recursos para aumentar las oportunidades de empleo y los salarios de las mujeres. Atender de manera especial a las necesidades de los grupos en situación de pobreza y combatir la marginalización, teniendo en cuenta las características étnicas y socioculturales de los pueblos. En concreto, en la Acción estratégica III. se prevé: 1 Formular e implementar políticas de desarrollo destinadas a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los pobres, asegurando la participación equitativa de las mujeres, especialmente de las jóvenes, en su diseño y ejecución, así como la asignación de recursos suficientes para que se cumplan los objetivos de dichas políticas; y evaluar el impacto de las políticas económicas y sociales en los grupos de mujeres a los que afectan; 1.b) Promover mecanismos de participación sistemática de las instituciones gubernamentales de la mujer en la elaboración y seguimiento de un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales que garantice igualdad y equidad social; 1.c) Promover la realización de inversiones tomando en cuenta, en su asignación, las asimetrías o diferencias sociales, económicas y culturales de las distintas zonas o comunidades, privilegiando la atención de los grupos en pobreza extrema; 1.e) Promover programas de empleo y ocupación en los que se contemple prestar apoyo a las cooperativas de mujeres, las empresarias del sector informal, las asociaciones de productoras, las empresas de autogestión y otras formas de organización productiva; impulsar la expedición de disposiciones para dotar de protección legal a dichos programas, a fin de que las mujeres de los sectores formal e informal, y especialmente las jefas de hogar, logren una mejor vinculación con el mercado y eleven su productividad y sus niveles de ingreso. Más información



Actividades

 


La Protección Social en salud y pensiones en América Latina y el Caribe: Avanzando hacia la igualdad de género

Entre los días 25 y 28 de octubre se realizó en Uruguay la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). En ese marco, la OPS, UNFPA, OIT, PNUD y la CEPAL organizaron el evento paralelo "La Protección Social en salud y pensiones en América latina y el Caribe: Avanzando hacia la igualdad de género. En este panel se presentaron estudios y experiencias para la incorporación efectiva de la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en los sistemas de protección y seguridad social. 

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Mujeres continúan relegadas en el acceso a beneficios de protección social

Pese a avances, mujeres continúan relegadas en el acceso a beneficios de protección social, según cuaderno del PNUD. Pese a los avances del sistema de protección social uruguayo de los 10 días años, que lo ubica al país entre los mejores evaluados de América Latina, las mujeres uruguayas - sobre todo las más pobres- continúan siendo relegadas, según el octavo cuaderno sobre desarrollo humano del PNUD de la serie "El Futuro en Foco", a cargo de las investigadoras Cecilia Rossel, Soledad Salvador y Lucía Monteiro.

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Género y Sistemas de Protección Social, en El Salvador. Una asignatura pendiente

Con la participación de más de 40 funcionarias y funcionarios provenientes de diferentes instituciones públicas de El Salvador, se realizó en los días 4 y 5 de mayo en San Salvador el curso de capacitación presencial “Género y Sistemas de protección social”.

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Hacia la creación de un Piso de protección social e igualdad de género en República Dominicana

Se presentaron los principales hallazgos del mapeo  y el análisis de los  programas de  protección y seguridad social del para la creación de los pisos de protección social en RD.

The main findings of the mapping and analyze of social protection and security programs were presented in order to create a social protection floor in Dominican Republic.

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OIT, ONU Mujeres y PNUD presentan en El Salvador estudio que analiza desde la perspectiva de género los modelos de seguridad social en Centroamérica y República Dominicana

San Salvador, 2 de octubre de 2013. La iniciativa conjunta de la OIT, PNUD y ONU Mujeres "Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de protección social e igualdad de género", busca contribuir a la reflexión alrededor de los modelos de seguridad social en Centroamérica y República Dominicana, así como promover una mayor investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia, metodologías y aplicación práctica, siempre desde la perspectiva de la igualdad de género.

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Recursos

 

 


Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de protección social e igualdad de género

Este informe es el resultado de una iniciativa conjunta entre OIT, PNUD y ONU MUJERES y pretende contribuir al debate y a la reflexión de los modelos de seguridad social en la región así como a una mayor investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia, metodologías y aplicación práctica, desde la perspectiva de la igualdad de género. Desde este enfoque se espera que los modelos respondan a los derechos económicos, sociales y culturales que de forma individual deben tener garantizados todos los ciudadanos y ciudadanas.

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El Centro RIO +20 publica una serie de Policy Briefs

El Centro RIO +20 publica una serie de Policy Briefs, documentos de trabajo y blogs que permiten conocer las áreas clave de trabajo en Desarrollo Sostenible. Estos son producidos por las y los  investigadores y socios del Centro y son el resultado de las investigaciones y de los debates en curso.

 

Leer publicaciones

Social Protection, Entrepreneurship and Labour Market Activation

A pesar de los beneficios del desarrollo significativos en las últimas décadas, los países en desarrollo aún se enfrentan a retos considerables en lo que respecta a la lucha contra la pobreza y el hambre. Los programas de transferencias redistributivas han convertido en vital para el búsqueda de la reducción de la pobreza y la erradicación ; Sin embargo , los críticos han expresado la preocupación de que este tipo de subvenciones sociales podrían conducir a la dependencia entre los beneficiarios, disuadirlos de buscar trabajo, o reforzar los roles tradicionales de género.

 

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Protección social y género en Uruguay: avances y desafíos

En este estudio se señala que pese a los avances del sistema de protección social uruguayo de los 10 días años, que lo ubica al país entre los mejores evaluados de América Latina, las mujeres uruguayas – sobre todo las más pobres- continúan siendo relegadas. De acuerdo al estudio, estas desigualdades se deben a que los sistemas de protección social son un reflejo “bastante fiel de las desigualdades laborales” y lleva a que las políticas no solo no logren eliminar las desigualdades de género sino a reproducirlas.

 

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Curso. Género y Sistemas de Protección Social

La protección social es una herramienta fundamental de política para abordar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza. Los programas de protección social han contribuido de manera significativa al logro de los Objetivos del Milenio y tendrán un papel significativo para el logro de los ODS, y en particular  los objetivos 1.3, 5.4 y 10.4 de la nueva Agenda 2030 para favorecer un desarrollo más inclusivo e igualitario. El curso pretende por lo tanto contribuir a mejorar e incrementar la efectividad de las instituciones relacionadas con las Políticas Sociales y los Sistemas de Protección Social al integrar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en este campo de actuación.  Identificar las brechas de género a las que debería dar respuesta la protección social implica proponerse superar la asignación obligatoria de las tareas de cuidado a las mujeres, estimar y tomar en cuenta los costos económicos y sociales de la reproducción y cuidado de las personas dependientes, plantearse la seguridad social como derecho humano universal, no sólo asociada a los aportes desde el mercado de trabajo o a los programas asistenciales. Más información.



Barreras de acceso a la protección social e igualdad de género

La alta informalidad, el desempleo, la escasez de políticas de corresponsabilidad social en favor de un cuidado compartido y una baja asignación de recursos públicos son entre las principales causas de la desprotección que viven más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe. De las y los trabajadores inactivos que declaran que su inactividad es debida a las tareas de cuidado y labores domésticas: 51.6% son mujeres y 3.2% son hombres. Esta infografía reporta algunos datos importantes sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral y familiar, debido a la persistencia de sistemas de protección social que ya no se corresponden con la realidad de los mercados laborales prevalecientes en la región y de las nuevas organizaciones familiares.

 

Notas & Entrevistas

Vemos la Agenda 2015 como una nueva oportunidad para hacer frente a viejos y nuevos desafíos para la igualdad de género

Entrevista con Alejandra Scarpini - Directora de la Iniciativa de AWID “Influir los Actores y las Prácticas del Desarrollo por los Derechos de las Mujeres” (IDEA)

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¿La liberación económica mejora o empeora las situaciones de discriminación por género?

Entrevista a Alma Espino – especialista en Género y Economía

 

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La política fiscal no es neutral desde una perspectiva de género. Explíquenos esto.

Entrevista a Paloma de Villota - Doctora en política económica, e investigadora social sobre temas de género y economía

 

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Experiencias

Transversalización del enfoque de género en Sistema de Protección social Universal (SPSU)

En el Salvador, el PNUD ha apoyado técnicamente al Gobierno en la incorporación del enfoque de género en el SPSU del País, y en particular en su principal programa de protección social “Comunidades Solidarias”. Este esfuerzo ha sido respaldado por el documento sub-regional del Piso de protección social y género lanzado en el país en 2012, como resultado del trabajo conjunto entre PNUD, OIT y ONU Mujeres, seguido por diferentes reuniones bilaterales con contrapartes nacionales para promover un sistema más inclusivo e igualitario. Asimismo el PNUD ha apoyado en el desarrollo de capacidades de  formado más de 40 funcionarios/as en la incorporación del enfoque de género en los programas de protección social de El Salvador, como  parte de las acciones planificadas y del compromiso del Gobierno definido en el Plan quinquenal de Desarrollo del país (2009 -2014) para incorporar en el Sistema de Protección Social Universal (SPSU) el enfoque de género y de derechos  tanto en su diseño, ejecución, como en el seguimiento y evaluación. De acuerdo a los resultados alcanzados, esta iniciativa del Gobierno ha sido elegida entre las 12 experiencias destacadas en la convocatoria “Experiencias que marcan la diferencia: Transversalidad de la igualdad de género en las políticas públicas de América Latina y el Caribe” lanzada por el Área Práctica Género del PNUD  en 2014.

Proyecto Piso de protección social y género

Con el lanzamiento en 2013  del Informe subregional sobre el Piso de Protección social y género, y en discusiones sucesivas con El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del país, el PNUD con OIT y ONU Mujeres ha apoyado en la integración de la perspectiva de género en el sistema de protección social vigente. En 2014 las entidades involucradas realizaron un análisis exhaustivo desde una perspectiva de género de los programas tanto desde la protección social como seguridad social en el país, y en 2015 se ha dado inicio al costeo de los programas sociales para que el Gobierno, de acuerdo a los recursos disponibles y prioridades, pueda realizar los ajustes de políticas necesarios para la reducción de estas brechas y avanzar hacia la creación de un piso nacional de protección social más inclusivo e igualitario.


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