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Los sistemas políticos en nuestra región han excluido históricamente a las mujeres –y a los pueblos originarios y afrodescendientes- lo que se ha traducido en una baja participación pero también en una poca, marginal o nula inclusión de sus demandas en la política. Esta exclusión es un factor desestabilizante, debilitador y cuestionador de las democracias latinoamericanas.

Si entendemos, como plantea el PNUD (2002), que la gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, vela por la igualdad y no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, promoviendo el Estado de Derecho, nuestras sociedades deberían colocar la igualdad de género como un aspecto y un objetivo central de su proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también por el bien de sus democracias.

En los últimos años, los avances legislativos se han traducido en avances numéricos importantes en cuanto a la presencia de mujeres en los puestos de poder en algunos países, pero también en la inclusión de demandas políticas, económicas, sociales, seguridad y cuidado, sexuales, entre otras. Estos avances no están exentos de limitaciones y obstáculos, e incluso algunos retrocesos.

La aspiración, establecida en compromisos regionales como los consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo, es lograr democracias paritarias. Para ello, es preciso mejorar los marcos constitucionales y legislativos, desarrollar políticas que transformen las desigualdades de género, garantizar la implementación de estas leyes y políticas y de los mecanismos de vigilancia que aseguren su efectividad.

Conoce aquí el trabajo que está haciendo el PNUD en América Latina y el Caribe para contribuir a democracias paritarias y a la generación de políticas para eliminar las desigualdades de género.