EN BREVE:

En los últimos 25 años se han producido avances democráticos muy significativos  en América Latina y el Caribe que han resultado en un cambio importante en la posición y la condición social de las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Hoy en día, la mayoría de los países de la región comparten la preocupación por lograr la igualdad de género y, en este sentido, han avanzado en la incorporación de dicha perspectiva en las políticas públicas. Paradójicamente, a pesar de estos avances, persisten importantes niveles de exclusión y desigualdad que afectan a las mujeres en las tres autonomías identificadas como cruciales: económica, física y en la adopción de decisiones, y, muy especialmente las vidas de mujeres pertenecientes a algunos grupos específicos: indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres que viven con VIH, migrantes, mujeres rurales, entre otras.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible proveen  una oportunidad única para asegurar ese compromiso político real hacia nuevos modelos de desarrollo inclusivos, universales y sostenibles, que sitúen en el centro los derechos de las mujeres y la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Para lograrlo, la propuesta de este nuevo marco de desarrollo conjuga la doble estrategia de tener un objetivo específico de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODS 5) y garantizar la transversalización de la igualdad de género en los otros objetivos planteados, con metas e indicadores específicos.  Este es el momento crítico de empezar a pensar en la implementación, en las rutas necesarias para lograr una efectiva  transversalización de género en las políticas públicas y,  enmarcar este tema en la  discusión más amplia sobre el papel y el accionar del Estado y su relación con las mujeres. 

Por tanto, para lograr un desarrollo sostenible es necesario comenzar a trabajar bajo los parámetros de un Estado Inclusivo y de Derecho, cuyos pilares sean, entre otros; la paz, la inclusión, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, la justicia y la gobernabilidad. El ODS 16 reafirma que “No dejar a nadie atrás” es fundamental para promover una paz sostenida, la gobernabilidad democrática, abordar desigualdades estructurales, y significa permitir a todas las personas, comunidades y grupos, sobre todo los más vulnerables, jugar un rol activo en su propio desarrollo.

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