11 Noviembre 2015
En América Latina y el Caribe, la actividad principal de algo más de un tercio de las mujeres mayores de 15 años no es remunerada y se focaliza en las tareas domésticas y el cuidado de la familia. La contribución del trabajo productivo, doméstico y de cuidados de las mujeres a la generación de riqueza en los países, al bienestar y la disminución de la pobreza ha sido ampliamente demostrada. La valoración de los “servicios” que brinda el trabajo doméstico y de cuidados complementa el ingreso monetario, y brinda una medida “ampliada” del bienestar. Desde hace algunos años, las mediciones del uso así como la distribución del tiempo de hombres y mujeres forman parte de la agenda académica y del ámbito de las políticas públicas en varios países de América Latina con el objetivo de medir esta importante contribución.  Mediante las encuestas de uso del tiempo (EUT) y la inclusión de la pobreza de tiempo en la medición de la pobreza multidimensional se logra visualizar las actividades que integran el trabajo doméstico y de cuidado, calcular el volumen de la carga total de trabajo, remunerado y no remunerado, dar cuenta de las desigualdades de género y por ultimo demostrar las reales condiciones de pobreza de las mujeres. 
Las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social conformando un verdadero círculo vicioso. Quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad en situación de tener menos miembros del hogar que cuidar. Aquellos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el mayor peso del trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los escasos servicios públicos y la necesidad de recurrir a cuidadoras informales” (Batthyány, 2009: 3) El acceso al mundo laboral por parte de las mujeres se ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha denominado “el impuesto reproductivo”, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras. Este aporte que realizan las mujeres, permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus integrantes de la tercera edad, y se convierte en el origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y en la consecución de autonomía económica


Frente a este impasse, el PNUD colabora en la promoción de la incorporación de las políticas de cuidado en la agenda de desarrollo de los países de la región para reconocer y garantizar los derechos de las personas dependientes (niños y niñas pequeños, adultos mayores, personas enfermas, y discapacitadas), y de las y los cuidadores y actúa para que se realice una desnaturalización y desfeminización de la prestación del cuidado, instalando el mismo al centro de la agenda pública en favor de una responsabilidad social compartida.

Asimismo, en el Marco de la Nueva Agenda 2030, particularmente en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 5.4, 8 y 10, es central crear oportunidades para que los cuidados sean parte de la respuesta que den los países para la creación de empleos y la reactivación económica, a la vez que contribuyen a resolver dos derechos fundamentales de todas las personas: a cuidar y a ser cuidadas. Reconocer, valorar y redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia resulta fundamental para favorecer el empoderamiento de las mujeres y su pleno desarrollo.