El acceso a los servicios de atención y acompañamiento a mujeres Sordas en situaciónde violencias1 debería constituir una política pública de todos los Estados que velen porgarantizar los derechos de este colectivo, ya que las mismas se encuentran en unasituación de mayor vulnerabilidad. El Estado, en tanto garante de derechos, tiene un roldecisivo a la hora de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres Sordas;no obstante, las instituciones públicas históricamente han mostrado ciertos vacíos en laatención a las particularidades de esta población.