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{slider XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Consenso de Brasilia, 2019}

Ministras y representantes de los Mecanismos de igualdad de América Latina y El Caribe se dieron cita en Brasilia entre el 13 y 16 de julio de 2010 con el objetivo de discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.  El consenso de Brasilia recoge las líneas de acción para las políticas en pro del logro de la igualdad en la Región que se han acordado en la Conferencia. En particular, con el objetivo de fortalecer la ciudadanía de las mujeres se quiere c) Propiciar que las políticas fiscales combinen criterios de eficacia con criterios de equidad, resaltando su función redistributiva y progresiva, que aseguren la ejecución de políticas que  garanticen el desarrollo de las mujeres;  g)Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza; h) Realizar estudios sobre los efectos de la crisis económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental en las mujeres, en especial en los flujos migratorios internos e internacionales y en la reconfiguración de todas las esferas; i) Avanzar en la adopción de medidas que mejoren la situación de las mujeres migrantes y sus familias, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, a fin de mejorar su situación laboral y su inclusión social, tanto en su país de origen como de destino; k) Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones específicas que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias. Más información

{slider X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Consenso de Quito, 2007}

En 2007, 24 países representados en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, acordaron el Consenso de Quito en el cual reconocen el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar. Para ello se comprometen a: Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países, y promover su inclusión en las cuentas nacionales; xv) Implementar sistemas públicos integrales de seguridad social, con acceso y coberturas universales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres; xvi) Formular políticas de empleo de calidad y seguridad social e incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres sin ingresos propios y la igualdad de condiciones y derechos laborales; xvii) Garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, precarias e ilegales y alentar la participación de las mujeres en sectores de trabajo creativos,  innovadores y que superen la segregación laboral sexista. Más información 

{slider Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, 1995}

La Declaración aprobada en esta Conferencia exige a los Estados,  en su artículo 58, adoptar las siguientes medidas : a) Revisar y modificar, con la participación plena e igualitaria de la mujer, las políticas macroeconómicas y sociales con miras a alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción;  b) Analizar, desde una perspectiva de género, las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, el ajuste estructural, los problemas de la deuda externa, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía, en relación con sus efectos en la pobreza, en la desigualdad y, particularmente en la mujer; evaluar las repercusiones de esas políticas y programas en el bienestar y las condiciones de vida de la familia y ajustar éstos, según convenga,  para fomentar una distribución más equitativa de los bienes de producción, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios; c) Formular y aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales racionales y estables, elaboradas y supervisadas con la participación plena e igualitaria de la mujer, que fomenten un crecimiento económico sostenido de amplia base, que aborden las causas estructurales de la  pobreza y que estén orientadas hacia la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad basada en el género, en el marco general del logro de un desarrollo sostenido centrado en la población; d) Reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a   aumentar las oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de la mujer a los recursos productivos, y atender  las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de la mujer, en particular de las que viven en la pobreza; h) Generar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo y los ingresos de las trabajadoras, tanto en el sector estructurado como en el sector no estructurado, y adoptar medidas concretas para abordar el desempleo de las mujeres, en particular su desempleo a largo plazo; i) Formular y aplicar, cuando proceda, políticas concretas económicas, sociales, agrícolas y de otra índole, en apoyo de los hogares  encabezados por mujeres; q) Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para las mujeres indígenas que permitan su plena participación y en los que se respete su diversidad cultural, de manera que tengan oportunidad y posibilidades de elección en los procesos de desarrollo a fin de erradicar la pobreza que las afecta. Más información

{slider Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y social de América Latina en Argentina, 1994}

En esta conferencia se aprobó el Plan de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995/2001). En  el área de pobreza del plan se establece como  objetivo estratégico III 1: Revisar, modificar e integrar las políticas macroeconómicas y sociales, especialmente en aquellos países donde existan políticas de servicio de la deuda y ajuste estructural, a fin de promover el crecimiento y la equidad mediante, entre otras acciones, políticas de asignación de recursos para aumentar las oportunidades de empleo y los salarios de las mujeres. Atender de manera especial a las necesidades de los grupos en situación de pobreza y combatir la marginalización, teniendo en cuenta las características étnicas y socioculturales de los pueblos. En concreto, en la Acción estratégica III. se prevé: 1 Formular e implementar políticas de desarrollo destinadas a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los pobres, asegurando la participación equitativa de las mujeres, especialmente de las jóvenes, en su diseño y ejecución, así como la asignación de recursos suficientes para que se cumplan los objetivos de dichas políticas; y evaluar el impacto de las políticas económicas y sociales en los grupos de mujeres a los que afectan; 1.b) Promover mecanismos de participación sistemática de las instituciones gubernamentales de la mujer en la elaboración y seguimiento de un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales que garantice igualdad y equidad social; 1.c) Promover la realización de inversiones tomando en cuenta, en su asignación, las asimetrías o diferencias sociales, económicas y culturales de las distintas zonas o comunidades, privilegiando la atención de los grupos en pobreza extrema; 1.e) Promover programas de empleo y ocupación en los que se contemple prestar apoyo a las cooperativas de mujeres, las empresarias del sector informal, las asociaciones de productoras, las empresas de autogestión y otras formas de organización productiva; impulsar la expedición de disposiciones para dotar de protección legal a dichos programas, a fin de que las mujeres de los sectores formal e informal, y especialmente las jefas de hogar, logren una mejor vinculación con el mercado y eleven su productividad y sus niveles de ingreso. Más información
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