El desarrollo sostenible debe ser inclusivo y para todas
En la historia, diversas crisis han permitido reenfocar las visiones que se tienen del mundo, como por ejemplo lo fueron las revoluciones industriales. De hecho, hoy se habla de una Cuarta Revolución Industrial y del Gran Reinicio que, según ha expresado Klaus Schwab Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial (2020), “la crisis del COVID-19 ha logrado acelerar al mundo hacia la adopción de nuevas tecnologías del mundo digital, biológico y físico por lo que deben centrarse en el ser humano y servir a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo”. Esta crisis ha puesto de manifiesto las implicaciones que tiene el cambio climático en los ecosistemas y es urgente generar acciones transformadoras que permitan cambios estructurales que pongan como eje central la conservación y uso racional de los recursos naturales en la agenda política, pero asegurando la participación de todos los miembros de la sociedad, sin distinción de género, etnia, edad o condición social.
En este contexto, el rol de las mujeres es fundamental para impulsar estos procesos de cambio dentro y fuera de sus comunidades, ya que han sido potentes generadoras de mecanismos de resiliencia ante las diversas crisis históricas. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 las mujeres han destacado por liderar procesos importantes para la contención de la pandemia y en el impulso para la generación de medidas económicas para paliar la crisis.
Sin embargo, un estudio reciente del PNUD y la Universidad de Pittsburgh (2021) entrega información sobre la subrepresentación de mujeres en el ámbito de la toma de decisiones de todo el mundo. De esa cuenta las mujeres solo ocupan el 38% de los cargos directivos y el 31% de los cargos de más alto liderazgo. Por ejemplo, llama la atención que la participación de las mujeres en los ministerios para la protección del medio ambiente sigue siendo baja, promediando solo un 33%. Los mismo pasa con la participación en ministerios y organismos de salud donde solo el 34% de quienes integran puestos de decisión en estas carteras en todo el mundo son mujeres.
Esto también ocurre en la participación de mujeres en las tomas de decisión y medidas de contingencia durante un desastre. Estudios muestran como las vulnerabilidades y riesgos no son homogéneos, en tanto afectan de forma diferenciada a personas vulnerables, con discapacidad o según etnias, pero las más afectadas siguen siendo las mujeres. Al no incorporar a las mujeres en la toma de decisión las intervenciones pueden llegar a profundizar las desigualdades preexistentes (Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030).
Género y desarrollo humano
Según el último Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe” señala que las múltiples crisis de la pandemia del COVID-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021. Esto ha tomado diferentes formas, que van desde impactos desiguales sobre los ingresos de los hogares, disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, hasta el incremento de violencia contra las mujeres, haciendo énfasis en la necesidad de generar políticas de cuidado y de protección social.
Pero esta conclusión no es nueva, sabemos que los impactos del cambio climático y desastres han generado condiciones de gran desventaja para las mujeres y más aún para aquellas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, y en una mayor medida para las mujeres indígenas. Estas múltiples desventajas se ven agravadas por otros factores, como la discriminación y exclusión, además de las brechas que existen para acceder a educación, trabajo remunerado, al mercado laboral, acceso a tierra o la posibilidad de organizarse bajo una figura legal o empresarial que les permita acceder a créditos y mecanismos financieros formales. El Rastreador de Respuestas con Perspectiva de Género del PNUD y ONU Mujeres mostró que, hasta septiembre de 2020, apenas uno de cada ocho países había instrumentado medidas para proteger a las mujeres contra el impacto social y económico de la pandemia. Si no hay mecanismos de protección social que beneficien directamente a las mujeres las brechas existentes se incrementarán lo que afectará la recuperación económica de los países, en especial, aquellos que están en desarrollo.
Desigualdad de género un problema estructural en Guatemala
En Guatemala, el 43% de la población es rural y según el Instituto Nacional de Estadística (INE 2021), el 51% de la población son mujeres que tienen entre 0 a 24 años, mayormente una población joven. Las mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades, por ejemplo, el derecho a la educación que está consagrado en la constitución, sin embargo, el alfabetismo en mujeres mayores de 15 años era de 72% con respecto a un 85% de los hombres (INE 2015). Así también se ven rezagadas en el acceso a un trabajo remunerado, donde solo el 40% de las mujeres participan dentro de la población económicamente activa (PEA), principalmente en comercio y actividades informales donde no cuentan con seguro social. A nivel rural se registra que el trabajo de las mujeres, en su mayoría indígenas que se dedican a actividades agrícolas, no es remunerado ya que se considera parte del ingreso de los hombres.
Los salarios percibidos por las mujeres en el mercado laboral son inferiores a los de los hombres. Desde 2010, las mujeres del área metropolitana y de áreas urbanas recibían un salario que representaba 74% y 81% del salario promedio comparado al de los hombres. Así también la tasa de desempleo afecta más a las mujeres, alcanzando una tasa del 4.6% en contraste con 2.4% para los hombres (ENEI 2013).
Lo mismo sucede con el bajo porcentaje de mujeres organizadas bajo alguna figura legal que es de solo el 8%. Las mujeres emprendedoras en su mayoría (55.3%) solo han llegado a la educación básica y no han adquirido formalmente los conocimientos mínimos necesarios para la gestión de negocios, ello limita su acceso a créditos y otros mecanismos formales de protección social.
Por ello, la mirada hacia un cambio integral debe enfocarse en reducir las brechas de género, en especial en el acceso a la educación, su participación política, de liderazgo laboral y trabajo remunerado. No podemos pensar en desarrollo sostenible si no incluimos la participación de las mujeres en espacios de decisión a nivel local y nacional. Debemos asegurarnos de que todos los miembros de la sociedad puedan participar de los beneficios de una economía verde e innovadora que genere nuevas opciones de empleo de forma equitativa.
El PNUD Guatemala y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con el compromiso de reducir las brechas de género, el PNUD Guatemala ha centrado su trabajo en generar las condiciones para que las mujeres puedan tener voz y voto en espacios de decisión, en la generación de políticas públicas que permitan acceder a las mujeres a un trabajo digno y decente, a medios de producción y a servicios económicos y sociales. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece en el Objetivo 5 la Igualdad de Género, poniendo fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, siendo no solo un derecho humano básico, sino que además crucial para el desarrollo sostenible.
El Programa de Pequeñas Donaciones desde 1997 ha impulsado el empoderamiento de la mujer indígena y rural a través de emprendimientos con grupos de mujeres en donde el desarrollo de sus capacidades ha sido el eje principal, incrementando sus ingresos y economía familiar mejorando sus medios de vida y salud. La Iniciativa de Apoyo de Emprendimientos Liderados por Mujeres Indígenas es un programa piloto que tiene por objetivo impulsar iniciativas que apoyen la expansión de emprendimientos verdes liderados por mujeres transformando sus productos, ampliando las redes de distribución y acelerando su presencia en mercados. Hasta el momento se han apoyado dos iniciativas que han permitido escalar y acelerar emprendimientos productivos y de manufacturas, liderados por mujeres cuya meta ha sido fortalecer las capacidades organizativas para la conformación de cooperativas y MIPYMES, entregando asistencia técnica para mejorar su producción desde una perspectiva de economía circular y prácticas sustentables que les permita ser más competitivas, aumentar sus ingresos, fortalecer sus capacidades empresariales, generar trazabilidad de los productos y transitar hacia la formalización de sus emprendimientos para poder acceder a mejores mercados y comercio digital. Con ello el programa busca que los emprendimientos de mujeres sean sostenibles y puedan acceder a mecanismos financieros que les permita reinvertir en su crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad al mediano y largo plazo.
Una meta hacia la igualdad de género
Impulsar una agenda de equidad de género, no sólo tendrá efectos en la reducción de la pobreza, sino también en la conservación de los ecosistemas y uso sostenible de los recursos naturales. Tanto la pobreza como la desigualdad son multidimensionales, por lo que la falta de acceso a educación, espacios de toma de decisión y liderazgo, así como la desigualdad del ingreso y la baja productividad de las mujeres tienen un impacto negativo en el crecimiento económico del país. El Convenio de Diversidad Biológica en su nuevo marco posterior al 2020 ha reconocido la importancia que tienen las mujeres en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y en la participación en los beneficios derivados de ella, reconociendo la necesidad de una participación plena y activa de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes para lograr las metas de conservación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Guatemala puede ser parte de este cambio estructural que hoy la crisis del COVID-19 nos invita a repensar, transformar y redirigir para conducir las políticas, la planificación y acciones hacia la reducción de las brechas de género que constituyen elementos imprescindibles para el desarrollo sostenible, la conservación medio ambiental y la consecución hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
