No hay desarrollo humano posible si no somos capaces de poner fin a la exclusión histórica sufrida por mujeres y hombres en relación a su sexo, origen étnico-racial, identidad de género, orientación sexo-afectiva, su edad, discapacidades o entorno rural o urbano en el que habitan.

 

La pobreza, el desempleo, las dificultades en el acceso a la educación y la salud, la escasa o nula representación política o la violencia son algunos de los problemas que sufren las personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes, LGBTI, discapacitadas, rurales y urbanas. Estas desigualdades se agravan en el caso de las mujeres por razones de género lo que limita su capacidad para ampliar las opciones para hacer y ser lo que quiere en la vida.

 

Construir sociedades inclusivas y diversas que permitan la expresión identitaria plena de todas las personas y que respeten el derecho a ser, sentir y desarrollarse libremente es un reto aún pendiente. Para ello, los estados deben reconocer las diferencias en sus constituciones, leyes e instituciones y formular políticas que potencien el ejercicio de los derechos de los grupos históricamente discriminados.

 

 

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