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El pasado día 30 de enero, República Dominicana fue sometida al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanosque cada 5 años revisa

exhaustivamente la situación de derechos de los países miembros de las Naciones Unidas. Entre muchos otros, se estudiaron y presentaron recomendaciones sobre temas tan importantes como la trata y tráfico de personas, los embarazos adolescentes, la educación sexual y reproductiva o la falta de políticas públicas inclusivas para la población LGBTI. Hablamos con Rosanna Marzan, directora de Diversidad Dominicana, sobre el papel que ha jugado su organización en la preparación de esta revisión, que incluye 10 recomendaciones relativas a los derechos de la comunidad LGBTI, y sobre el rol de las Organizaciones de Sociedad Civil dominicanas en el seguimiento de la implementación de las mismas.

 

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Rosanna Marzán, Directora de Diversidad Dominicana ©PNUD República Dominicana

 

Rosanna, tú diriges Diversidad Dominicana, una organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos LGBTI, ¿Cómo se han preparado para esta revisión?

En realidad, [email protected] habíamos participado en el Examen Periódico Universal anterior, por lo que se podría decir que ya estábamos preparados. Durante los últimos años nos dedicamos a monitorear todo lo que hacía el gobierno respecto de las 5 recomendaciones que se aceptaron en 2014 sobre derechos LGBTI. Diversidad Dominicana es una de las organizaciones en República Dominicana que lleva a cabo esta tarea de monitoreo del EPU y de incidencia a nivel internacional, ya sea trabajando con Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el proyecto “Ser LGBTI en el Caribe” se trabajó porque las Organizaciones de Sociedad Civil LGBTI no fuesen excluidas de los preparativos del EPU para este 2019, y así fue como pudimos compartir el fruto del trabajo de los últimos 4 años con todos los grupos de la Sociedad Civil.

¿Hasta qué punto las Organizaciones de Sociedad Civil tuvieron cabida en todo el proceso de preparación y cuál ha sido su rol principal?

En el último año Diversidad Dominicana trabajó codo con codo con el proyecto “Ser LGBTI en el Caribe” para ayudar a que otras Organizaciones de la Sociedad Civil también se preparasen de cara al EPU del pasado enero, con el objetivo de conseguir mayor incidencia en el tema LGBTI. Además, pude reunirme con varias representaciones diplomáticas establecidas en República Dominicana y México, así como con representantes de Naciones Unidas u otros/as diplomáticos/as en Nueva York. Cada vez que tenía alguna misión en el marco de mi trabajo con Diversidad Dominicana, aprovechaba y sacaba tiempo para hacer incidencia. Los países con leyes más avanzadas en temas LGBTI fueron con quienes más trabajé la incidencia política, véase Australia, Canadá, México, Finlandia… Aunque no pude reunirme con la Embajada Argentina, obviamente ellos también sacaron recomendaciones sobre el tema.

Tengo entendido que, además, las Organizaciones de Sociedad Civil pudieron emitir un informe previo al EPU. ¿Cuáles fueron sus grandes demandas? ¿Se tuvieron en cuenta a la hora de redactar las recomendaciones?

Efectivamente, Diversidad Dominicana, junto a FUNCEJICEB-LGBTCOLESDOMCOLEHT y GAYP presentamos un informe bastante similar al de la edición anterior de 2014, ya que en este tiempo no ha habido grandes avances en el tema LGBTI. Es verdad que, en diciembre de 2018, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero a este plan le faltan tanto un reglamento de ejecución como un presupuesto para poder llevarse a cabo. Hace ahora dos años, intentamos que existiera un anteproyecto de ley. Este documento lo tiene el gobierno, pero no lo ha enviado a ninguna legislatura.

Respecto de nuestras grandes demandas, todas aparecen en las recomendaciones emitidas en enero de 2019. Para mí, lo más importante en este momento es que exista una ley contra todas las formas de discriminación. Esto permitiría que las personas a quien se discrimina puedan tener acceso a la justicia, que es uno de los puntos que nosotros consideramos más relevantes para la comunidad LGBTI. Esta ley ayudaría a evitar la apología y los discursos del odio, que no dejan de estar vinculados, por ejemplo, con el incremento de la violencia en ciertos lugares del país y, en última instancia, con los asesinatos de mujeres trans entre otras consecuencias derivadas de esta violencia. Esta ley debe verse acompañada de programas que la publiciten, dando a conocer a la gente sus derechos a la hora de acudir a cualquier instancia judicial.

En nuestro informe hay otras recomendaciones que tienen que ver con la educación, la salud, el acceso a la justicia o el establecimiento de protocolos similares a los de Colombia, Uruguay o Chile. También se menciona la adecuación de las leyes respecto de los documentos del Estado Civil y la necesidad de una ley de identidad de género para las mujeres y hombres trans. Todas estas peticiones son realizables, pero falta voluntad política para llevarlas a cabo.

¿Qué nuevas recomendaciones se incluyeron en la EPU de 2019 que no estaban en 2014?

Pues, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública está llevando a cabo la implementación del modelo CAF con ayuda financiera de algunos países europeos. Este programa tiene un componente de educación a los funcionarios y servidores públicos, e investigando sobre ello, descubrimos que no incluye ningún tipo de formación relativa a la diversidad sexual. Por ello, una de las recomendaciones nuevas se refiere a este punto, con lo que pretendemos ayudar a atacar la homofobia desde el propio funcionariado, para que no se violenten los derechos de la Comunidad LGBTI desde las instituciones públicas.

¿Las recomendaciones ya están escritas sobre papel, pero ahora, cómo se van a llevar a cabo y en cuánto tiempo?

No hay una fecha límite para ninguna de las recomendaciones. Ahora, nos toca a las Organizaciones de la Sociedad Civil dar seguimiento a todas las cuestiones vertidas y hacer incidencia para asegurarnos de que el Gobierno tome medidas y actúe en consecuencia. Es importante destacar que también se necesitará mayor financiación para capacitarnos y llevar a cabo esta incidencia.

¿Habrá algún mecanismo de seguimiento y evaluación de las mismas, ya sea por parte del gobierno o de la Sociedad Civil dominicana?

Por nuestra parte, desde Diversidad Dominicana estamos dando seguimiento a los acuerdos que ya tenemos con algunos actores principales del gobierno. El trabajo previo a la EPU sin duda ha valido la pena, pues nos ha permitido acceder a personas de primer nivel en el Gobierno, ya fuera el Consultor del Poder Ejecutivo, una de las juezas de la Junta Central Electoral o altos cargos en el Ministerio de Trabajo. Las conversaciones fueron de lo más amables y estamos [email protected] de que vamos a poder avanzar [email protected] en la inclusión LGBTI. Entre nuestras ambiciones a corto plazo se encuentran que el Estado sea parte de la Coalición por la Igualdad de Derechos, conformada por países de los que podemos inspirarnos en materia de Derechos LGBTI como Canadá, Inglaterra, Francia, Malta… También sabemos que la Procuraduría General de la República está analizando un protocolo de atención a las personas LGBTI (algo que nosotros pedimos desde hace 4 años), pero no ha sido consultado todavía con la Sociedad Civil y debe incluir nuestras demandas.

 

Fuente: https://medium.com/being-lgbti-in-the-caribbean/incidencia-pol%C3%ADtica-para-resultados-c%C3%B3mo-diversidad-dominicana-y-la-sociedad-civil-se-prepararon-6911e6d1f6c6