La discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha estado presente en América Latina y el mundo desde hace décadas, ampliando el debate desde un enfoque netamente jurídico-ético a una visión en torno a cómo los Estados enfrentan desafíos para garantizar los derechos, la autonomía y salud de las mujeres. 

 

 

La discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha estado presente en América Latina y el mundo desde hace décadas, ampliando el debate desde un enfoque netamente jurídico-ético a una visión en torno a cómo los Estados enfrentan desafíos para garantizar los derechos, la autonomía y salud de las mujeres.

El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Pese al subregistro, se estima que entre las causas de mortalidad materna, un 13% se debe a abortos peligrosos, llegando a un 75% en países con legislaciones restrictivas. Por otra parte, la evidencia médica muestra la existencia de una fuerte correlación entre mortalidad materna y mortalidad infantil. América Latina es una de las regiones donde los abortos peligrosos son más prevalecientes y que tiene, después de África Subsahariana, la mayor tasa de maternidad adolescente. Se ha comprobado, además, que la prevalencia del aborto inducido no depende de la situación legal del procedimiento; sin embargo, el estatus legal si afecta la calidad y seguridad con que este se realiza. Por otra parte, la prohibición del aborto no previene su realización.

Chile es uno de los seis países en el mundo que prohíbe el aborto en todas sus formas. Diversos órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han señalado que impedir un aborto en casos en que ha habido violación o cuando está en riesgo la vida o salud de la madre, vulnera los derechos a la vida, a la salud e incluso el derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos e injustos. De ahí que estos órganos han establecido como un estándar mínimo que los Estados permitan la interrupción voluntaria del embarazo al menos cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, cuando existe riesgo para la vida o salud de la mujer y en casos de malformaciones fetales severas.

Al respecto, el Comité de la CEDAW ha exhortado al Estado de Chile a revisar su postura de penalizar la interrupción del embarazo en toda circunstancia. El proyecto de ley presentado por el actual gobierno  y que está en trámite en la Cámara de Diputados marca un hito histórico. Este propone la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro; cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y en los casos en que el embarazo sea producto de una violación. Con ello, se respondería a los estándares mínimos señalados por los órganos de derechos humanos y las obligaciones internacionales del país.

El camino no será fácil y ya hay distintas voces –incluidas las de legisladores- que se han levantado en contra del proyecto de manera general o en contra de algunas de las causales que señala en particular, a pesar de que más del 70% de la población chilena está de acuerdo con que se permita el aborto en las tres causales. El gobierno chileno ha impulsado la campaña informativa #3 causales 

En el marco de esta discusión, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en conjunto con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Chile (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud- Chile (OPS) y el Grupo Interagencial de Género y Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, realizaron el pasado jueves 20 y viernes 21 de agosto el Seminario “Derechos Sexuales y Reproductivos: una mirada al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por tres causales en Chile, desde los derechos humanos, la salud y la ética”, que contó con la participación de diversos especialistas de la región en materias de derechos humanos, derechos de las mujeres, salud y ética.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de los organismos internacionales para contribuir a fortalecer los conocimientos y capacidades de los distintos actores claves para avanzar en términos de derechos de las mujeres y, consecuentemente, en el desarrollo sostenible de las poblaciones. Por medio del diálogo y reflexión entre expertos y sociedad civil, se analizaron distintas experiencias en materia jurídica, legislativa, ética y social de la implementación de la IVE en la región, así como buenas prácticas y posibles estrategias para avanzar en derechos sexuales y reproductivos en Chile.

El seminario estuvo organizado en cuatro ejes de la discusión sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos: jurídico, médico, ético y social de los. El primer bloque sobre el enfoque jurídico contó con la participación de reconocidas expertas y expertos de los Derechos Humanos y derechos de las mujeres, como Line Bareiro, ex experta del CEDAW; Rosa Celorio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Jaime Araujo, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia. El segundo bloque, que abordó los temas de salud desde un enfoque médico, contó con la presencia de obstetras y médicos especialistas en salud reproductiva, como el Dr. Rodolfo Gómez,  Asesor Regional de Salud Reproductiva del Centro Latinoamericano de Perinatología y el Dr. Leonel Briozzo, Subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2011-2015).  En el tercer bloque se reflexionó desde el enfoque ético; contando con la presencia de Florencia Luna, directora del Programa de Bioética de FLACSO-Argentina; María Consuelo Mejía, Presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, México; y Sebastián Rodríguez del Centro de Derechos Reproductivos, Colombia. Finalmente, el cuarto bloque trató los temas de incidencia social e implementación de los proyectos de IVE en la región. Entre los panelistas participó el Dr. Aníbal Faundes, Gineco-obstetra de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia de Brasil, y Coordinador del Programa de Salud de la Mujer en 1970-72 en Chile; Giselle Carino, Directora regional adjunta de la Federación Internacional de Planificación de la Familia; así como representantes de la sociedad civil chilena.

El Seminario dejó en evidencia la relevancia de este debate y la necesidad de avanzar en la promoción y protección de los derechos y la salud de las mujeres y las niñas, abordada desde un enfoque multidisciplinario y pluralista, teniendo como centralidad la autonomía de las mujeres en las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. 

Fuente: Elizabeth Guerrero, PNUD Chile

Fotografías: Tres causales / Mala imagen