Existen diferentes legislaciones en el mundo que regulan el aborto, sujetas al ordenamiento y contexto jurídico vigente de cada país. Actualmente, más de 30 países permiten el aborto, y solamente 7 países—Sudán del Sur, Malta, Chile, El Vaticano, Nicaragua, el Salvador y República Dominicana—lo prohíben de manera absoluta.

Durante los últimos 20 años, la República Dominicana ha estado discutiendo un nuevo Código Penal (CP). Con tres observaciones presidenciales, una en 2006 por el expresidente Leonel Fernández, y dos por el actual presidente Danilo Medina en 2014 y en 2016.

Encuestas indican que el 76% de la población dominicana está de acuerdo con 1 o más de las 3 causales por aborto[1] (cuando la vida de la mujer esté en peligro, en caso de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida). Sin embargo, pese a las observaciones y la aceptación de la población, no se ha logrado avanzar en la modificación de la legislación a esta fecha.

Desde la introducción de una propuesta de reforma en el año 2000, en sustitución al Código que se encuentra vigente desde 1884, que penaliza el aborto en todas las circunstancias, el CP ha tenido pocas modificaciones, entre ellas la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar.

La observación presidencial en noviembre de 2014 planteaba que aunque el aborto siguiese penalizado, se hicieran excepciones en las tres causales. Ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las observaciones y el Presidente promulgó el Código mediante la Ley 550-14.

Sin embargo, en enero de 2015 fueron presentados tres recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando defectos de contenido y procedimiento en su aprobación, entrando en un debate legal sobre si el Código era una Ley Orgánica (ley que trata derechos fundamentales) ya que de serlo su aprobación necesitaría mayoría calificada (119 votos y no 93 como se obtuvieron). Además, hubo desacuerdo en el procedimiento sobre el reenvío de la Ley al Senado antes de ser promulgada, lo que concluyó en una sentencia del TC declarando el Código Penal inconstitucional por motivos procesales.

Mientras tanto, la República Dominicana se cuenta entre los países de la región con tasas de mortalidad materna[2], embarazo en adolescentes[3] y feminicidios[4] altas en relación a América Latina y el Caribe, lo cual constituye un grave obstáculo para el desarrollo humano[5] y para la reducción delÍndice de Desigualdad de Género[6], que se ha visto en aumento, entre otros factores, debido a la situación de la salud sexual y reproductiva del país, a pesar de mejoras en la educación[7] y el empoderamiento de las mujeres dominicanas[8].

Recientemente, el Senado decidió rechazar por segunda vez las observaciones que hiciera el Poder Ejecutivo en diciembre del 2016 al proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo referente a la despenalización del aborto en tres causales. Ahora la decisión de incluirlas nuevamente está en manos de diputados y diputadas.

Hasta que legisladores y legisladoras no tomen conciencia de que el aborto es un tema de salud pública, cuya penalización absoluta afecta a las mujeres más pobres, República Dominicana no avanzará en la lucha contra la desigualdad, ni en el cumplimiento de acuerdos internacionales. Mucho menos, en ser garante de los derechos de las mujeres, lo cual solo es posible respetando su autonomía en todos los ámbitos de sus vidas, incluyendo el acceso a la salud sexual y reproductiva.

 

Sobre la autora

RaissaCrespo

 

Raissa Crespo es oficial de programas de género y empoderamiento para la mujer para PNUD en República Dominicana.

[1] Encuesta Independiente de percepción “Pulso Dominicano”. New Link Research Company. 2013

[2] 101.8/100,000 nacidos vivos, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) Ministerio de Salud de República Dominicana 2015

[3] 21.4% mujeres entre 20 y 24 años que tuvo un hijo antes de los 18 años, datos de la CEPAL 2014

[4] 1,078 feminicidios entre 205 y 2015, se calcula unos 100 feminicidios íntimos cada año; datos de la Procuraduría General de la República y el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía.

[5] Las desigualdades de género en la República Dominicana provocan un pérdida del 44% en los niveles de desarrollo humano del país (PNUD 2016).

[6] IDG 47% de las provincias del país tienen desigualdad de género media alta o alta Mapa Interactivo IDH/IDG PNUD.  Índice de Desigualdad de Género mide tres aspectos: salud sexual y reproductiva (Mortalidad Materna y Embarazo en Adolescentes); Empoderamiento (Número de mujeres parlamentarias y niveles de educación de mujeres en el país); y Mercado Laboral (participación en la fuerza laboral)

[7] La tasa de asistencia neta de niñas que asisten a la escuela primaria es de 92.9% y para los niños es de 92.7%, en el nivel secundarios es de 63.6% para mujeres y de 50.2% para hombres. En educación superior las mujeres representan aproximadamente un 62%de la matrícula universitaria. Datos del Ministerio de la Mujer 2016.

[8] Luego de las elecciones generales de mayo de 2016 el porcentaje de mujeres Congresistas aumentó de19.8% a 25%, y el porcentaje de Alcaldesas de 7.7% a 12%.

 

The Dominican Penal Code and the legalization of termination of pregnancy under specific circumstances