• La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD gracias al apoyo de la Embajada de Noruega, implementan más de 40 medidas para reparar a las víctimas del conflicto en Colombia.
  • Las medidas de reparaciones colectivas han sido concertadas con las comunidades y beneficiaran a más de 300.000 personas.

El convenio de cooperación internacional entre la Unidad para las Víctimas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD que fue firmado a mediados del 2020 y que estará vigente hasta mediados de 2022, contempla la realización de 45 acciones de reparación colectiva en comunidades campesinas, pueblos étnicos y organizaciones y grupos sociales que han sufrido diferentes vulneraciones a sus Derechos Humanos y que adelantan su ruta de reparación integral para subsanar los daños ocasionados en el marco del conflicto armado en Colombia.

Este convenio liderado por la Unidad para las Víctimas, implementado por el PNUD y que cuenta con el apoyo en contrapartida de la Embajada de Noruega en Colombia, tiene una inversión de 1,9 millones de dólares por parte de la Unidad y de 400.000 dólares por parte de la Embajada de Noruega para atender 35 acciones de reparación colectiva enfocadas en entrega de dotaciones y en 10 acciones de reparación para proveer energía fotovoltaica.

Las 35 acciones de reparación colectiva a sujetos de reparación étnicos y no étnicos comprenden la entrega de dotación deportiva y cultural para comunidades y organizaciones indígenas, afrocolombianas y LGBTI+ ubicadas en 14 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Quindío, Putumayo y Vichada. Por otro lado, la instalación de paneles solares para 10 comunidades, 9 étnicas y 1 no étnica (campesina) están priorizadas en 3 departamentos: Caquetá, Chocó y Valle del Cauca.

Estas medidas contribuyen a la reparación de los daños y al mejoramiento de la calidad de vida de más de 300.000 personas que habitan estos territorios, respetando sus creencias y los deseos de las comunidades de ser actores partícipes de los procesos de reparación colectiva. La implementación satisfactoria de estas acciones permite un diálogo articulado entre las comunidades, las entidades de orden nacional y local y la cooperación internacional dejando como resultado avances significativos en la transformación real, integral e incluyente de los territorios más afectados por el conflicto.