Si bien se han experimentado grandes avances en la participación política de las mujeres, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una plena igualdad.

Como ocurre en el resto de América Latina, en Ecuador también persisten los bajos niveles de participación de las mujeres en los puestos de autoridades locales. Por ejemplo, en 2016 apenas un 7% de las alcaldías eran encabezadas por mujeres y en las elecciones seccionales de 2014, del total de candidaturas para las prefecturas provinciales, un 86,2% fueron hombres y apenas el 13,8 % mujeres.

Esto se debe fundamentalmente a obstáculos institucionales, legales, culturales y económicos que dificultan la participación política femenina, como ocurre en el resto de América Latina. En Ecuador en particular, las barreras más fuertes son muy parecidas a las que existen en los países latinoamericanos para la participación política de las mujeres: sus ingresos económicos, en general menores a los de los hombres; y los roles de género, que las constriñen a cargar con la mayor parte del peso del trabajo no remunerado del hogar.

A pesar de esto, gracias en parte al cambio del marco regulatorio del Ecuador, se ha registrado un crecimiento sostenido de la participación de mujeres en las candidaturas de todas las dignidades de elección popular, del 21% en 1997 a alrededor del 34% en 2014. Y del 10% de mujeres electas a una de estas dignidades en 1997 se pasó al 30,1% en 2014.

Para seguir aumentando la participación política de las mujeres se requieren medidas efectivas para revertir el escenario antes descrito.

Además de asegurar el acceso a formación política y en temas de género a las mujeres en particular, se deben promover formas organizativas que sean democráticas y horizontales, y permitan escuchar la voz de las mujeres e incorporar sus demandas.

Del mismo modo, los partidos y organizaciones políticas deben incorporar paridad tanto en sus estatutos como en sus acciones. Deben ser capaces de garantizar apoyo a sus candidatas mujeres, sabiendo que tienen doble carga de trabajo.

Por su parte, tanto el Gobierno Central como los gobiernos locales, son garantes de estos derechos y por lo tanto deben incorporar las agendas de género en sus planes de trabajo, con claras definiciones presupuestarias y recursos humanos suficientes, así como establecer mecanismos que aseguren la paridad efectiva, que monitoreen la equidad en la participación política, incentivar la mejor redistribución del trabajo de cuidados, y asegurar un marco legal adecuado.

Respecto a este último punto, se debe resaltar la adopción en 2018, por parte del Estado, de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, en la que por primera vez se tipifica en Ecuador a la violencia política como una de las formas de violencia contra las mujeres.

Difícilmente podremos lograr más espacios para la participación política de las mujeres si la violencia continúa perpetuándose en todas sus formas e impidiendo no solo el empoderamiento y el acceso de oportunidades a las mujeres y en consecuencia el desarrollo de toda una sociedad. En este sentido, apelo a los hombres, y a su responsabilidad, para que esto no ocurra, y que desde todas las instancias y lugares apoyen a las mujeres, combatan y renuncien a la violencia como mecanismo de poder, de control y de presión sobre ellas.

¿Cómo podremos construir un planeta 50/50 en el que las mujeres estén representadas en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas?

Sin duda, en gran medida evidenciando y logrando que se tome acción en la lucha por la igualdad como un asunto no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, y en definitiva de toda la humanidad.