Paraguay, considerado el corazón de Sudamérica, ha sabido gestionar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 gracias a las tempranas y fuertes medidas adoptadas por el gobierno desde el inicio de la alarma en esta región del mundo. El nivel de contagio es moderado y manejable, con 220 contagiados, 70 recuperados y 9 fallecidos a la fecha1, para una población aproximada de 7.252.672 habitantes2.
Una de las medidas que el gobierno implementó fue el aislamiento social (cuarentena obligatoria), lo que dio excelentes resultados en el nivel de contagio del virus. Sin embargo, esta medida ha sido detonante para un preocupante y considerable aumento de denuncias de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes que están guardando la cuarentena.
Es sabido que en este momento la fuerza pública y de salud, los medios de comunicación y casi todos los servicios del gobierno están enfocados en el control del número de personas infectadas. De manera adicional, surge la prioridad de contingencia alimentaria y económica. Sin lugar a duda, estos son aspectos prioritarios que no se pueden descuidar; sin embargo, como sociedad no podemos permitir que se pierda de vista el impacto de esta pandemia en la violencia doméstica y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Urge enfocarnos y colaborar para proteger a estos sectores vulnerables e invisibilizados y velar por que sus derechos sean garantizados, protegiéndoles de la violencia y la explotación.
El aumento de llamadas telefónicas recibidas en las líneas habilitadas para denuncias son un claro indicador de esta epidemia de violencia de género que surge como efecto colateral de la pandemia del COVID-19. Los datos estadísticos corroboran esta premisa: en marzo del 2019 el Ministerio de la Mujer reportó 417 llamadas denunciando agresiones al número de atención a violencia de mujeres (137); en marzo del 2020 la cantidad de llamadas de auxilio escaló a 626, y sólo en la primera quincena de abril del 2020 se han reportado 3253.
Contextualizando la situación de violencia del que son víctimas frecuentes las mujeres, las niñas y las adolescentes, se puede mencionar que, en el 2018, 57 mujeres fueron asesinadas y se registraron 55 tentativas de feminicidio. Los hechos fueron cometidos en la vivienda de la víctima y el 80,3% de los agresores tenían algún tipo de relación con la misma (amistad, parentesco, sentimental). Más de la mitad de las víctimas eran madres que dejaron un total de 40 niños, niñas y adolescentes huérfanos. El 21,3% de las víctimas de feminicidio en Paraguay son menores de 20 años, mientras que un 37,8% corresponde a mujeres de entre 21 y 30 años.4
De igual manera, la violencia sexual adolescente e infantil presenta estadísticas poco estimulantes. Entre el 2010 y el 2016 se produjeron unos 650 nacimientos anuales cuyas madres eran niñas de entre 10 y 14 años, y unos 20.000 nacimientos anuales de madres adolescentes de entre 15 y 19 años.5 En la última década (2004-2013) se evidenció un incremento del 62,6% de nacimientos en la franja de edad que abarca de 10 a 14 años. En el cómputo de 2018, la Fiscalía anotó 2.608 casos de abusos sexuales a personas menores de edad, frente a los 2.461 del año anterior. Estos abusos conllevaron el nacimiento de 614 niños y niñas. Desde enero hasta abril del 2019 se registraron 985 denuncias de abuso sexual a menores de edad.6
Fortaleciendo la respuesta
En marzo del presente año el PNUD lanzó un llamado para presentar propuestas que puedan responder a la emergencia y/o a las situaciones generadas por la pandemia del COVID-19. Atendiendo al preocupante contexto mencionado, el equipo de las Naciones Unidas en Paraguay (UNCT), bajo el liderazgo del PNUD, y con la participación de las agencias de la ONU como socias, presentó el proyecto “Paraguay protege a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, en el contexto de la emergencia por Covid-19”.
Este proyecto fue seleccionado y tiene como objetivos:
- a) fortalecer las acciones de respuesta del país ante la problemática de la protección de mujeres y de niños, niñas y adolescentes contra la violencia, en el contexto de la emergencia por Covid-19; incluyendo servicios de atención funcionando efectiva y eficientemente en áreas urbanas y rurales, con articulación interinstitucional de esfuerzos y movilización de recursos complementarios desde la sociedad civil y el sector privado;
- b) promover la prevención de la violencia contra mujeres y niños, niñas y adolescentes, proveyendo información sobre mecanismos de atención existentes en el contexto de la emergencia por Covid-19, fácil de difundir en el sector rural, incluyendo el uso del idioma guaraní; a través de una campaña apoyada por una alianza multisectorial compuesta por agencias de la ONU, ministerios del Gabinete Social, grupos privados de medios de comunicación, compañías de telecomunicaciones y plataformas de medios sociales.
En cuanto al fortalecimiento de la respuesta, la tarea se centra en la activación del trabajo interinstitucional ampliado de prevención de violencia, que involucra a las instancias que deben responder de forma urgente a las denuncias. De esta manera se pretende asegurar la continuidad de los servicios proveídos -tanto por el Ministerio de la Mujer como por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia-, para la prevención y atención de víctimas/sobrevivientes de violencia basada en género.
Además, a nivel de la información sobre prevención y atención a la violencia, se propuso la difusión de los procedimientos, servicios y canales existentes de atención de casos de violencia contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes; como así también las medidas de prevención. Se trabajará en la concienciación a los/as ciudadanos/as sobre las labores de cuidados y sobre la distribución de las tareas del hogar con un enfoque de igualdad de género, y sobre la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas.
El proyecto durará seis meses y pretende dejar capacidades fortalecidas en las instituciones intervinientes para la atención de denuncias, de modo a que la respuesta se desarrolle en el marco de la Mesa ampliada de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes (en coordinación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y otras instituciones); y que utilicen un protocolo de respuesta eficiente y efectivo para que las personas que lo requieran puedan acceder a una rápida y eficiente atención.
Cabe mencionar que todas las acciones referidas a la estrategia de comunicación (mensajes y herramientas), serán validadas por expertos de las áreas temáticas de género, violencia, niñez, adolescencia, empleo doméstico y trabajo no remunerado. Se apuntará a lograr la distribución igualitaria de trabajo en el hogar y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas.
La cuarentena y la campaña nacional “#Quedateencasa” nos protege del COVID-19. Debemos asegurar esta misma protección para mujeres, niños, niñas y adolescentes para quienes, muchas veces “estar en casa no significa estar a salvo. La violencia doméstica y de género está en aumento. Al mismo tiempo, las mujeres corren el riesgo de quedarse atrás en la recuperación socioeconómica de los países” Achim Steiner, Administrador del PNUD.
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1 https://twitter.com/msaludpy/status/1253715492889640960?s=20
2 https://www.dgeec.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=402
4 http://observatorio.mujer.gov.py/
5http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2018/12/Embarazo-nin%CC%83as-FINAL-web-1.pdf
6https://plan-international.org/es/paraguay/nina
