La transición hacia una sociedad más incluyente y sostenible en América Latina y el Caribe requiere la adopción de un nuevo paradigma de desarrollo, que debe basarse en la aplicación de un enfoque integrado que permita alinear las políticas sociales, económicas y ambientales; coordinar las políticas sectoriales e intersectoriales, y maximizar las sinergias entre sectores y objetivos diversos para lograr resultados sostenibles.
La Agenda 2030 reconoce que el desarrollo debe llevarse a cabo de manera equilibrada e integral en lo que respecta al progreso económico, social y ambiental. Esta Agenda transformacional y universal tiene como objetivo acabar con la pobreza y luchar contra la desigualdad; garantizar una vida sana; construir economías prósperas, integradoras y resilientes, y proteger, al mismo tiempo, los recursos naturales —tanto su cantidad como su calidad— para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La protección social es reconocida como una herramienta integral para cumplir con los Objetivos y las metas de esta Agenda ambiciosa, universal e integradora. Al respecto cabe señalar que, si bien la protección social está implícita en un gran número de metas, está presente de manera explícita en el ODS 1, el ODS 3, el ODS 5, el ODS 8 y en el ODS 10.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los países de América Latina y el Caribe un 38,6% de la población (241 millones de personas) no cuenta con ningún tipo de protección social, mientras que un 61,2% accede a prestaciones con una protección efectiva es muy baja. En la mayoría de los casos, las personas que trabajan en el sector informal, las personas trabajadoras rurales, las personas que trabajan de forma independiente y las personas trabajadoras domésticas remuneradas están excluidas de la protección o tienen una cobertura muy baja. Además, el 33,8% de las niñas y los niños de 0 a 14 años carecen de cobertura (OIT, 2017b). El 54% de las mujeres de América Latina y el Caribe perciben prestaciones monetarias por maternidad, proporción que se sitúa por encima del promedio mundial (41%) (Naciones Unidas, 2017). Sin embargo, se identifican desigualdades importantes entre los países de la región. En Uruguay, el 100% de las mujeres que trabajan están protegidas, mientras que en Guatemala y en Paraguay un 85% de las mujeres que trabajan no perciben prestaciones.
Al analizar el estado de situación de la protección social en la región se observa también, que todavía se destina una parte baja del PIB regional a los sistemas de protección social. En el 2015, el promedio simple del gasto en protección social de la región (sin salud) representó un 4,9% del PIB, y el promedio simple del gasto en salud constituyó un 3,3% del PIB, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destina en promedio un 14,5% y un 6,2% a estas áreas respectivamente.
Las mujeres han expandido su papel como generadoras de ingresos y muchas de ellas se han convertido en las principales proveedoras de sus hogares. La división sexual del trabajo basada en el modelo del hombre proveedor y el ama de casa ha dejado de ser funcional, y se exige igualdad y una responsabilidad compartida entre los géneros, tanto en el trabajo remunerado como en los trabajos no remunerados. Entre estos últimos, cobran gran relevancia las labores relativas a los cuidados, tal como enfatiza el UNSDG. En 2014, el ingreso principal de un tercio de los hogares provenía de una mujer. En los hogares biparentales con hijas e hijos, esta proporción creció del 14% al 18% entre 2002 y 2014 (ONU Mujeres, 2017). Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la esfera del hogar todavía persisten dinámicas que limitan el empoderamiento femenino y el pleno aprovechamiento de las capacidades, las habilidades y los conocimientos de las mujeres en el mercado de trabajo. Las tendencias demográficas actuales y la ausencia de mecanismos adecuados de cuidados, en combinación con el aumento de la participación laboral femenina, ocasionan un déficit de cuidados (PNUD, 2016a, pág. 150), que a su vez se traduce en el despliegue de múltiples estrategias, por parte de las mujeres y de las familias, para hacer frente a dicho déficit.
En la región de América Latina y el Caribe, y prácticamente en todo el mundo, la necesidad de planear una nueva arquitectura de las políticas públicas que se base en un enfoque multidimensional, que rompa con los silos sectoriales y que articule el trabajo entre las diferentes dependencias de gobierno y entre los diferentes órdenes de gobierno es central para el logro de la Agenda 2030. A tal fin, es necesario llevar a cabo una reorganización de las responsabilidades y de todas las tareas que conllevan los cuidados, que deben dejar de constituir un asunto casi exclusivamente privado, familiar y femenino para convertirse en un asunto colectivo, público y universal (OIT y PNUD, 2009).