La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha impactado todos los ámbitos de la vida pública y privada de las personas, poniendo de relieve y profundizando las brechas de género. En estos tiempos de distanciamiento físico y de coma económico son las mujeres las que ven en riesgo sus ingresos por su mayor vinculación a empleos informales o precarios. Son ellas también las que en el ámbito privado tienen una mayor carga de las labores de cuidado y enfrentan mayor riesgo de situaciones de violencia doméstica, familiar y de pareja. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refiere que las detenciones por violencia intrafamiliar crecieron 7.2% y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino registró un aumento de 24% en los reportes de violencia familiar. Pero, es en la esfera pública donde la mayor barrera se levanta para ellas, la escasez de tiempo para su participación e involucramiento político.

A pesar de que a partir de 2016 ha incrementado notoriamente la participación política de las mujeres tanto a nivel mundial como en México, donde incluso se ha alcanzado la paridad a nivel legislativo y en gabinete, siguen existiendo obstáculos estructurales y de capacidades que impiden su participación política efectiva. Muchas de estas barreras estructurales son el resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios. También están las brechas relativas a las capacidades asociadas con los bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, o por la situación de pobreza que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

Las desigualdades de género constituyen la brecha transversal más extendida en el mundo, por lo que las mujeres se encuentran, generalmente, en una condición de mayor desventaja lo largo de la escala social. La crisis por la COVID-19 y las medidas de contención asociadas han detonado una serie de afectaciones diferenciadas, por lo que se recomienda incorporar el enfoque de género transversalmente en el diseño e implementación de políticas y programas de apoyo a la población afectada por la emergencia sanitaria. Es decir, al analizar las problemáticas, es necesario identificar las manifestaciones particulares que estas tienen para las mujeres, incluyendo la participación política, con la finalidad de incorporar en el diseño alternativas de atención elementos que permitan subsanar las afectaciones diferenciadas entre mujeres y hombres.

En México, las medidas de reactivación económica y de regreso a la “nueva normalidad” han determinado que la reapertura de escuelas y la incorporación de personas adultas mayores se realizará en escenarios donde la pandemia logre una reducción significativa. Esta situación, sin duda, empeorará aún más esta brecha de género, pues debido a la carga en labores de cuidado y trabajo no remunerado de las mujeres, se volverá más difícil encontrar tiempo para su involucramiento en otras actividades públicas como las políticas. Esto se vuelve especialmente relevante pues en 2021 el país se enfrentará a la elección más grande de su historia.

Ante un escenario tan complejo, tenemos que ver a la emergencia sanitaria de la COVID-19 como una oportunidad para empoderar a las mujeres, pues ha sido en este periodo en el que han mostrado su indudable talante como líderes, agentes de cambio en sus comunidades y, por supuesto, cuando han ejercido su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. Las mujeres han demostrado este talento desde las sillas presidenciales hasta el preponderante papel en la primera línea de respuesta sanitaria y en el espacio privado, por ello, es ahora cuando la visión, ideas y necesidades de las mujeres deben ser consideradas paritariamente en los espacios de toma de decisión para hacer frente a la emergencia.

Un primer paso es integrar en los países comités de crisis paritarios. Esta acción debe acompañarse de una campaña que fortalezca y ponga en los reflectores los liderazgos femeninos, para mostrar el valor del trabajo realizado por las mujeres en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada. Respecto de las estrategias de comunicación, es preciso reconocer que, aunque ya existen acciones en ese sentido (campañas de sensibilización e información) sobre las acciones que se deben tomar de cara a promover los niveles de participación política de la mujer, se recomienda incrementar la difusión aprovechando todos los espacios de comunicación del gobierno.

En el ámbito político es fundamental impulsar acciones afirmativas hacia los próximos procesos electorales, esto implica leyes de paridad que permitan a las mujeres posicionarse y que detonen la transformación de liderazgos comunitarios en liderazgos políticos.

En México, el PNUD impulsa la participación política de las mujeres desde dos iniciativas: Atenea, el Índice de participación política de las mujeres en el país; y el proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México, donde, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), fortalecemos los proyectos de 32 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 15 estados de país.

Ante la pandemia de la COVID-19, algunas de las OSC, en colaboración con el PNUD, han redirigido las actividades de sus proyectos de participación política de las mujeres para atender la emergencia. Por ejemplo, ante la necesidad de contar con materiales de protección personal, la organización “Servicio, Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C.” impulsó el empoderamiento de 4 mujeres indígenas para la elaborar mascarillas. También, en el sur del país, en el estado de Oaxaca, los esfuerzos de la organización “Espiral por la Vida A.C.” fueron redirigidos para promover una red ciudadana de apoyo para las mujeres.

El espacio público también ha sido el marco de acción de una de las OSC apoyadas por el PNUD, pues en el estado occidental de Michoacán se identificó que en el ámbito rural circulaban noticias falsas respecto a la pandemia de la COVID-19. Fue entonces, que con el apoyo de las mujeres y grupos que la organización “Espacio Autónomo A.C.” atiende, se ha impulsó una estrategia para difundir información fidedigna y oficial y, con ello, combatir las fake news en estas zonas de por sí en situación de vulnerabilidad.

Estos son solo algunos ejemplos, pero estoy seguro de que por las barreras estructurales y de capacidades mencionadas anteriormente podríamos contar muchas más. Es por ello por lo que, desde el PNUD en México, exhorto a los gobiernos de la región, para que, en conjunto, diseñemos estrategias que permitan empoderar a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, para así, pese a la emergencia sanitaria de la COVID-19, dotar de ese valioso tiempo que permita a las mujeres fortalecer su participación política y avanzar con un trazo firme hacia la igualdad sustantiva.