El aumento de la representación numérica de las mujeres en los parlamentos es un paso necesario para avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa, pero no es suficiente. ¿Hasta qué punto la mayor presencia de mujeres en los parlamentos se está traduciendo en cambios en la institución para que haya un mayor reparto del poder político y sea una institución más igualitaria tanto en la producción legislativa, en la estructura, procedimientos y cultura organizacional?
Los avances normativos en materia de igualdad en la región son indiscutibles, aunque diversos según las temáticas y los países. Las mujeres legisladoras han sido en gran medida las autoras de la inclusión de esta temática en la agenda parlamentaria y legislativa, en colaboración y alianza creciente con hombres legisladores.
La Unión Inter Parlamentaria (IPU) adoptó por unanimidad, en octubre 2012, un Plan de Acción para los Parlamentos sensibles al género, donde se plantea entre otras cuestiones: reforzar la legislación y las políticas relativas a la igualdad de género; integrar la igualdad de género en el conjunto del trabajo del parlamento; instaurar una infraestructura y una cultura parlamentaria sensible al género y mejorarla; asegurar que todos los parlamentarios, hombres y mujeres, comparten responsabilidades en igualdad y mejorar la sensibilidad de género y la igualdad de género en el personal Legislativo. Insta además a los parlamentos nacionales a adoptar una perspectiva de género y autoevaluarla antes de 2030.
América Latina y el Caribe es una región pionera en cuanto a desarrollar experiencias de acuerdos interpartidarios entre mujeres para promover este tipo de iniciativas y más recientemente en la puesta en marcha de procesos de institucionalización de género en los Legislativos, que intentan concretar a través de políticas de género, unidades técnicas y otras propuestas el compromiso de igualdad de este órgano del Estado. Se convierte en una prioridad fortalecer estas prácticas y extenderlas a otros países de la región.
