Estado de situación de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio/feminicidio, en la región de Latinoamérica y El Caribe

 

La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. La VCMN es un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal, obedeciendo sus causas a múltiples factores con un origen común: la existencia de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres enraizadas históricamente en un sistema patriarcal omnipresente. Los impactos sanitarios, sociales y económicos de la VCMN afectan a niños/as, familias, comunidades y a las sociedades en su conjunto, y son un obstáculo para el desarrollo nacional, regional y mundial al quedar excluidas las mujeres de su contribución al desarrollo, la reducción de la pobreza multidimensional, la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. Por lo anterior, la VCMN se ha incorporado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, más concretamente en la meta 5.2 y 5.3 del ODS 5, centrada en la igualdad de género, y es parte fundamental para la consecución del ODS 1 para poner fin a la pobreza, el ODS 3 que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar, y el ODS 16, orientado a promover sociedades pacíficas, justicia e instituciones sólidas.

Han pasado casi cinco décadas desde que la comunidad internacional asumió el compromiso de prevenir y eliminar la VCMN, el cual se ha reflejado en la adopción de marcos normativos, políticas públicas y planes de acción nacionales, los cuales están basados en los enfoques de género y derechos humanos y establecen obligaciones indelegables para los Estados. En la región, la Convención de Belem do Pará es el primer tratado en la historia que aborda específicamente el tema de la VCMN y, para garantizar su cumplimiento, se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI). Sin embrago, a pesar de estos avances, en América Latina y El Caribe, la VCMN y el femicidio/feminicidio (VCMN+FF) -su expresión más extrema y fatal- representan un grave problema para la salud pública, el desarrollo y el bienestar general, y es particularmente problemático dada su sostenida prevalencia e impunidad. Asimismo, la pandemia del COVID-19 provocó un gran aumento de las tasas de VCMN impidiendo que muchas víctimas y sobrevivientes pudieran acceder a servicios de asistencia, incrementando de este modo su vulnerabilidad.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas del mundo, con índices particularmente altos de violencia contra las mujeres y niñas, pueblos indígenas y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos un tercio de las mujeres y las niñas experimenta una progresión de conductas violentas por razones de género, expresadas en un continuum de manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado o doméstico, que pueden culminar en una muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género o femicidio/feminicidio. Para 2021, el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirmaba que las tres tasas más elevadas de feminicidios en América Latina se registran en Honduras, República Dominicana y El Salvador, a pesar de observarse una disminución respecto del 2019, particularmente en Honduras y El Salvador, y algo menos pronunciada en la República Dominicana. En El Caribe, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres de 2019 a 2020 (Granada, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago) y esta tasa disminuyó en tres países (Antigua y Barbuda, Belice y Jamaica). Sin embargo, las estadísticas son problemáticas y suelen subestimar la magnitud del problema en la región ya que los femicidios/feminicidios no siempre se denuncian, registran o clasifican debidamente y existen serios problemas de homologación para su tipificación penal al interior de los países (especialmente los federales) como así también entre ellos.

Particularmente el femicidio/feminicidio es un fenómeno complejo en la región porque responde a diferentes contextos sociopolíticos y está vinculado a otros desafíos estructurales, que exceden la violencia perpetrada por la pareja o expareja íntima o miembros de la familia en el ámbito doméstico e intrafamiliar, como la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, los conflictos armados, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de armas, las pandillas criminales como las maras, los contextos de movilidad humana en condiciones inseguras, la discriminación, exclusión y racismo estructural contra las mujeres y niñas -principalmente afrodescendientes e indígenas- las desapariciones de mujeres y niñas -muchas de las cuales podrían estar relacionadas con el femicidio/feminicidio- y la violencia política y contra defensoras de derechos humanos, uno de los factores más alarmantes en la escalada de la VCMN a medida que las mujeres amplían su liderazgo en la política y los espacios de toma de decisiones.

Para el PNUD combatir la VCMN es una pre-condición para garantizar una “gobernanza efectiva”. Para ello, el PNUD adopta un enfoque integral, interseccional, multiactoral y multidimensional, apoyando a los gobiernos a formular marcos jurídicos y de política y a desarrollar las capacidades de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno para prevenir, acabar con la impunidad de los agresores y garantizar el acceso a la justicia y la protección. Una de las preocupaciones centrales para el PNUD es el acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes y/o de sus familiares debido a que la falta de acceso oportuno a la justicia crea barreras adicionales para denunciar, investigar y juzgar, todo lo cual termina afianzando aún más la impunidad y aumentando la necesidad de protección, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad por su situación socio-económica, origen étnico-racial, edad, estatus migratorio, orientación sexual, etc. En este sentido, para PNUD es prioritario revisar cómo los sistemas de justicia cumplen con su obligación de investigar, sancionar y reparar las situaciones de violencia desde un enfoque de género, interseccional, multicultural y de derechos humanos, sin “dejar a nadie atrás”. Los sistemas de justicia juegan un rol clave para avanzar hacia la meta de la eliminación de la VCMN+FF, no solo por su papel indelegable de sancionar a los agresores, sino por su deber de garantizar los servicios sociales y económicos en la atención de las mujeres sobrevivientes y en la reparación de los derechos que les fueron vulnerados. Los niveles de impunidad en la región siguen siendo alarmantes y los sistemas de justicia continúan confirmando patrones de desigualdad y discriminación que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, creando “un contexto de creciente desconfianza en los gobiernos, de sensación de injusticia y de deterioro de la calidad de las democracias (…)”

Finalmente, el PNUD, a través de sus programas e iniciativas, apoya a los gobiernos y la sociedad civil a hacer más efectiva e inclusiva su capacidad de respuesta a la VCMN+FF integrándola a otras carteras, como las de recuperación económica y combate a la pobreza, salud, seguridad y policía, justicia, cambio climático, entre otras. Las principales líneas de trabajo del PNUD para poner fin a la VCMN+FF están orientadas al desarrollo de campañas de prevención; la prestación de servicios de atención de calidad; la movilización de fuentes de financiación públicas y privadas en alianza con mecanismos regionales e instituciones nacionales y locales, la sociedad civil, la academia, el sector privado, bancas multilaterales de crédito, entre otras; el desarrollo de metodologías y herramientas de innovación estratégica, como el uso de inteligencia artificial o la aplicación de las ciencias del comportamiento; el desarrollo de sistemas de alerta temprana; el fortalecimiento de las capacidades de incidencia de organizaciones y redes de la sociedad civil y el movimiento feminista, a través, por ejemplo, del otorgamiento de subvenciones económicas; la transformación de normas sociales, como las iniciativas de promoción de masculinidades no violentas; la producción y transferencia de conocimiento a través de investigaciones multidimensionales basadas en evidencia sobre VCMN+FF en contextos de alta vulnerabilidad social; la generación de datos rigurosos y de calidad; la aplicación de encuestas de prevalencia o percepción social de la VCMN, y el uso de la digitalización a través del desarrollo de plataformas que permitan aumentar la comprensión acerca de cómo la tecnología y las redes sociales contribuyen a aumentar la misoginia, la discriminación y la ciberviolencia, entre otras acciones.

Mg. Sebastián Essayag

Especialista en Políticas de Género para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas del Área de Género del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)