Iniciativas Destacadas

Institucionalidad 

En los últimos 25 años se han producido avances democráticos muy significativos en América Latina y el Caribe que han resultado en un cambio importante en la posición y la condición social de las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Las reivindicaciones feministas dirigidas a los Estados han impulsado históricamente el logro de mayores niveles de igualdad para las mujeres, tarea en la cual las políticas públicas constituyen una herramienta importante de construcción de nuevas relaciones de igualdad y de fortalecimiento de la democracia. 

Participación política de las mujeres y paridad 

La democracia contemporánea -en un contexto de desigualdades estructurales y agudizadas o resultantes de la pandemia COVID 19- enfrenta el desafío de acortar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva, para avanzar hacia un horizonte de democracia paritaria. Ello incluye el goce y ejercicio pleno por las mujeres en su diversidad, de los derechos políticos en igualdad, no discriminación y sin ningún tipo de violencia.  

Migración

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proporciona un marco general para abordar la relación compleja y dinámica entre las migraciones y el desarrollo, incluyendo a las personas migrantes bajo la meta 10.7: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce los desafíos actuales en materia de reintegración de las personas migrantes como una de sus preocupaciones centrales.

Respuesta a la VCMN

La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en todas sus formas es una violación a los derechos humanos, compromete la autonomía física, social y económica de las mujeres y afecta a toda la sociedad.  Este flagelo ha sido reconocido en la legislación internacional, regional y nacional y constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible de los países, dados los costos humanos, sociales y económicos que impone a las mujeres, a sus hijos e hijas, a las comunidades y al Estado. Para el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), combatir la violencia contra las mujeres, adolescentes y las niñas es una precondición para garantizar una gobernanza efectiva[1].  

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