La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente). En 2020, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.   

Una cifra tan baja de participación laboral femenina no se ve en la región desde 1999. La caída de casi 10 puntos porcentuales implica un retroceso de 30 años en participación laboral femenina. Quince meses después de la pandemia, las caídas en el empleo continuaron siendo más pronunciadas para las mujeres que para los hombres. La disminución media del empleo de las mujeres fue 3,2 veces mayor que la de los hombres. A mediados de 2021, la tasa de empleo de las mujeres estaba 23% por debajo de su nivel previo a la pandemia. (PNUD-Banco Mundial Julio 2022). 

En este contexto, los gobiernos adoptaron medidas sin precedentes para responder a la crisis sanitaria, socioeconómica y ambiental mundial causada por la pandemia, como el distanciamiento social preventivo; la restricción del movimiento de personas; los cierres fronterizos; y el cierre temporal de las actividades económicas. Durante el período de cuarentenas, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se promovió el análisis de los impactos del COVID-19 y el desarrollo de respuestas de política incorporando el enfoque de género, ya que las normas sociales de género y los patrones culturales determinan los roles que mujeres y hombres desempeñan en la sociedad y son factores clave en los impactos diferenciados que experimentan.   

Más de dos años después del inicio de la pandemia, desde PNUD seguimos trabajando para que las políticas de recuperación sean género transformadoras, condición indispensable para retomar la senda hacia un verdadero desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.

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Aprende más acerca del Tracker de Género aquí.

América Latina y el Caribe es la región donde se han aprobado más leyes de cuotas. Según ATENEA (2019)⁴, 16 países tienen legislación sobre cuotas o paridad, con porcentajes del 20 al 50%, para puestos de elección popular, si bien los resultados son divergentes, en función de la voluntad política o de la aplicación efectiva de la ley. La CEPAL (2019) ⁵ reporta que, en 2018, 11 países de la región han cumplido el objetivo del 30% para la participación de las mujeres en los órganos legislativos nacionales, y 6 de ellos han sobrepasado el 40% de los escaños, mientras 13 países no han alcanzado el 20%.

Ha habido un incremento en la presencia de parlamentarias donde, desde 1995, el promedio regional ha aumentado del 10,6% al 31,2% en el 2019. En el caso de puestos ministeriales el porcentaje ha pasado de 9% al 28,5% entre 1990 y 2018. Sin embargo, en términos de las instancias locales, las mujeres siguen subrepresentadas en toda la región, particularmente en los cargos de alcaldesas. En 1998, en LAC hubo un promedio de 5% de mujeres liderando gobiernos ejecutivos sub-nacionales, y en el 2018 el mismo aumentó solamente a 15,5%, cifra levemente superior a la de 2014 (12,1%).

Esta realidad es aún más compleja para las mujeres de poblaciones indígenas y afros, pero también para mujeres jóvenes y LGTBI, quienes sufren múltiple por ser mujeres, pero también por su etnia/raza, edad u orientación sexual.

A nivel regional, consensos inter-gubernamentales como los de Quito, Brasilia y Santo Domingo, y la estrategia de Montevideo han establecido la Democracia Paritaria como el objetivo común. Además, se sabe que los países que han regulado la paridad político electoral se están constituyendo como dinamizadores de los cambios, como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México y Nicaragua (ATENEA, 2019)⁶.

Una línea estratégica identificada por el PNUD para abordar las barreras coyunturales y estructurales que viven las mujeres consiste en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres políticas para ejercer el poder desde la posición que detentan. Por esta razón, el PNUD apoya consistentemente iniciativas que promueven la participación de las mujeres en procesos políticos, que profundizan sus capacidades para ejercer el poder y responder a los/las ciudadanas y para generar nuevos liderazgos con valores democráticos e inclusivos. Para este efecto, el PNUD ha trabajado en el desarrollo de una diversidad de programas de capacitación para mujeres a nivel nacional y local que incluye, inter alia, apoyo a los procesos de participación en las elecciones, apoyo a la gestión pública local y desarrollo de capacidades de líder para mujeres en puestos de decisión.

Conoce aquí como el PNUD está trabajando para promover la paridad política en la región.

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³PNUD (2015) Más allá de los Números: Las Mujeres Transforman el Poder Legislativo en América Latina y el Caribe.

⁴ ATENEA (2019) Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en América Latina – en elaboración

⁵ CEPAL (2019) Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional: Cámara baja o única [Online]. Disponible en https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-mujeres-organo-legislativo-nacional-camara-baja-o-unica

⁶ATENEA (2019) Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en América Latina – en elaboración

Este efecto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres está asociado con una sobre representación de estas en los sectores económicos que experimentaron las mayores tasas de recesión: empresas de servicios como la salud, la educación, los servicios de alimentación, los bienes raíces, el turismo y el comercio minorista. De igual manera, la pandemia afectó la capacidad de las mujeres para administrar un negocio y/o tener un empleo en la medida en que siguen siendo ellas las principales responsables de la economía del cuidado (cuidado de hijas/os, personas con discapacidad, adultas/os mayores). 

Por lo tanto, el PNUD está centrando sus esfuerzos en construir ecosistemas empresariales sensibles al género con perspectiva de cadena de valor que apoyen a las MIPYME propiedad de mujeres en todas las etapas de desarrollo y en todos los sectores, incluidas las áreas rurales, con el fin de facilitar mecanismos para garantizar que las mujeres se beneficien de servicios de fortalecimiento empresarial,  acceso a financiación y acceso a los mercados  donde la igualdad de género se convierta en su valor agregado. Buscamos fortalecer a MIPYMES para que puedan participar en las oportunidades emergentes resultantes de las agendas de rápido crecimiento en materia de innovación digital, economía verde-azul y sectores STEM, entre otros. Lo anterior a través del programa de ODS Cadena de Valor Genero Transformativas y del Sello de Igualdad de Género para el Sector Privado.  

[1] Global Entrepreneurship Monitor (2021), encontró que las mujeres tenían un 20 % más de probabilidades que los hombres de informar sobre el cierre de negocios debido a la pandemia y casi la mitad de todas las mujeres propietarias de negocios en países de altos ingresos informaron sobre cierres.