La violencia afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. Las mujeres sufren a lo largo de sus vidas múltiples formas de violencia que con frecuencia culminan en la negación del derecho a la vida: el femicidio.

América Latina es la región del mundo con el tercer mayor número de mujeres asesinadas por sus parejas íntimas o familiares, con 8.000 casos en 2018, lo que constituye una tasa de homicidios de mujeres en manos de su pareja íntima o familiar de 1.6 por cada 100.000 mujeres (UNODC, 2018). Sin embargo, los femicidios íntimos no son la única causa de muertes violentas de mujeres por razones de género. Otros factores poco explorados también entran en juego, y deben ser debidamente estudiados para aportar evidencia al desarrollo de políticas públicas focalizadas que les permitan a los Estados, en cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, avanzar en su deber de diligencia hacia la meta de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio en la región. Ahora bien, ¿cuáles son estas dimensiones desconocidas de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio?

Para responder al interrogante consideremos a los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Honduras y Guatemala) y también a México o Colombia, que experimentan formas generalizadas y extremadamente brutales de violencia contra las mujeres, en contextos dominados por la criminalidad, el conflicto armado, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata, el tráfico de mujeres y niñas y el tráfico ilegal de migrantes. En estos países, a medida que las pandillas y el crimen organizado aumentaron su control, han utilizado sistemáticamente la violencia sexual, las desapariciones y el femicidio, como tácticas para establecer y mantener el dominio sobre las comunidades y territorios en los que operan. En Guatemala, por ejemplo, en 2017, seis de cada 10 desapariciones forzadas que culminaron en femicidios fueron de mujeres y niñas (PNUD-InfoSegura, 2018). Los contextos de criminalidad y alta vulnerabilidad aumentan el riesgo de las mujeres y las niñas de ser víctimas de violencia, limitan el acceso a la justicia y crean barreras para efectuar la denuncia, la investigación judicial y el enjuiciamiento a los agresores. En efecto, la región presenta niveles de impunidad inaceptables, como en El Salvador, por ejemplo, donde entre 2013 y 2017, el 92% de los casos de femicidio judicializados no recibieron sentencia condenatoria (PNUD-InfoSegura, 2018) exigiendo mayor protección a las víctimas y sus familiares.

Pero también existen otras dimensiones poco exploradas de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio, como aquella que ocurre en contextos de exclusión social y pobreza crónica. Sabemos que la pobreza tiene cara de mujer y desde PNUD hoy contamos con evidencia suficiente para afirmar que, a pesar de que el flagelo traspasa todos los grupos socioeconómicos, las mujeres pobres se exponen a mayores riesgos por la falta de autonomía económica, que las limita a escapar del círculo vicioso de la violencia y explotación sexual y les impide acceder a servicios de salud, legales y sociales. Y la pobreza también puede ser una consecuencia de la violencia, ya que las mujeres víctimas/sobrevivientes suelen perder sus fuentes de ingresos debido al ausentismo laboral, a problemas de salud psico-física, a que no pueden encontrar un trabajo o se les dificulta estudiar un oficio o una carrera. «La relación entre la violencia que viven las mujeres y la pobreza multidimensional que las afecta recibe la atención de diferentes actores sociales, y algunas investigaciones arrojan luz sobre ella. Sin embargo, dicha relación aún no ha sido estudiada de forma sistemática, aunque se acepta en general que ambos problemas están vinculados. Hay suficientes hallazgos para afirmar que esta relación opera en ambos sentidos» (PNUD, 2017).

Finalmente, otro rostro oculto de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio refiere a su interfaz con los procesos migratorios. Las mujeres migrantes experimentan violencia en sus países de origen, durante el tránsito o en su destino, incluyendo la violencia sexual, las desapariciones de mujeres, la trata con fines de explotación sexual y el femicidio. La relevancia de generar más conocimiento sobre esta problemática, cada vez más preocupante en la región, se funda en estimaciones que indican que las mujeres migrantes originarias de América Central y El Caribe representan al menos un 51.6% (OECD/UNDESA, 2013) del total de las mujeres y son, en su gran mayoría, migrantes primarias, es decir, migran por decisión propia, asumiendo su rol de proveedoras de la familia de origen y convirtiéndose en protagonistas del hecho migratorio. Las mujeres migrantes enfrentan, en cada una de las etapas del proceso migratorio, y por el hecho de ser mujeres, una serie de vulnerabilidades en mayor medida que los hombres. En origen, por ejemplo, la discriminación y la violencia pública o privada pueden ser factores que motiven la salida de las mujeres de sus países; en tránsito, la violencia sexual afecta a más del 50% de las mujeres migrantes y en los países de destino, las mujeres suelen insertarse en el mercado laboral informal, donde existen pocos controles y seguridad laboral (OIM, 2015) y suelen ser víctimas del mismo tipo de violencia de la cual trataban de huir u otras.

Es en este contexto tan preocupante, que desde PNUD nos enfocamos en indagar sobre estas otras dimensiones poco exploradas de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio y generar datos. Este esfuerzo lo estamos realizando en el marco del Programa Regional para América Latina de la Iniciativa Spotlight junto con el apoyo de nuestros socios implementadores (OIM, UNODC y CEPAL), las contribuciones alto valor técnico de grupos de expertos y especialistas de la región y el diálogo e interconsulta con nuestros referentes y aliados de la sociedad civil. El objetivo de echar luz sobre estas dimensiones poco estudiadas del fenómeno es aportar evidencia empírica para cerrar la brecha de información, elaborar diagnósticos basados en evidencia para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana que superen el enfoque punitivo y adopten el enfoque preventivo para brindar una respuesta institucional efectiva a la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio de cara a los nuevos contextos de criminalidad que presenta la región y que sin dudas encarnan un gran reto para la paz y el desarrollo humano.

 

Por: Sebastián Essayag – Coordinador Regional de Proyectos de Violencia contra las Mujeres y las Niñas y femicidio/feminicidio y Asesor en Seguridad Ciudadana – Área de Práctica de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.