La desigualdad de género tiene que ver con las asimetrías de poder. A fines de la década de 1970, Robert Putnam reflexionó sobre el estado de las mujeres en las decisiones políticas en su estudio comparativo sobre las élites políticas. Citando a Elizabeth Vallance, concluyó que “donde está el poder, las mujeres no están”. El desafío para lograr la equidad de género mediante el reequilibrio del poder debe abordarse en diferentes ámbitos: hogar, mercado y sociedad en general. A nivel del hogar, por ejemplo, la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la asignación de recursos o la planificación familiar son dimensiones críticas del empoderamiento; en el mercado, el acceso de las mujeres a las oportunidades económicas, el progreso profesional y los salarios justos son una preocupación fundamental; a nivel de la sociedad, el enfoque principal de este#GraphforThough, es que la capacidad de las mujeres para influir en la toma de decisiones es fundamental para el progreso en términos de equidad.
Afortunadamente, en las últimas décadas, el rostro de la política ha cambiado en muchos países de América Latina y el Caribe. Las mujeres no sólo han sido elegidas muchas veces para el cargo más alto en América Latina y el Caribe desde 1990, sino que su representación también se ha expandido en múltiples ámbitos políticos desde el nivel nacional hasta el local.
Como se muestra en el Gráfico 1, entre 1997 y 2019, la proporción de mujeres en los ámbitos políticos como el parlamento, el gabinete ministerial y la corte suprema, casi se ha triplicado. Sin embargo, a pesar del progreso promedio en ALC (representado por la línea continua) todavía estamos muy por debajo del nivel de paridad (por la línea horizontal punteada) y la heterogeneidad entre los países dentro de ALC sigue siendo sustancial (por puntos individuales de cada país). Además, es importante tener en cuenta que, si bien la representación de las mujeres en general ha aumentado, aquellas pertenecientes a minorías, como las afrodescendientes y las mujeres indígenas, permanecen sistemáticamente excluidas de la arena política.
El gráfico 2 muestra que solo quince países de ALC lograron la «paridad de género» en algún momento en al menos una arena de política en las últimas dos décadas. Por ejemplo, dos países en ALC (Nicaragua y Granada) han tenido paridad de género en el Gabinete Ministerial; dos países (Surinam y Cuba) han tenido paridad de género en el Parlamento Nacional; mientras que Dominica ha tenido paridad de género en términos de alcaldes en las últimas dos décadas.
¿Por qué importa tener mujeres en el liderazgo político? El liderazgo de las mujeres tiene un valor normativo en sí mismo y debiera ser un principio guía en nuestras sociedades. Sin embargo, también tiene un valor instrumental al ayudar a que el sistema responda mejor a las demandas y aspiraciones de las mujeres. En efecto, la evidencia sugiere que mejorar la representación de las mujeres en el ámbito de las políticas puede ayudar a incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas como en transporte, el comienzo de un trabajo, la igualdad salarial, el matrimonio y el divorcio, el permiso parental, la administración de un negocio, la gestión de activos y herencia, y las pensiones. Por ejemplo, una investigación en Brasil muestra que la representación de las mujeres en el gobierno municipal lleva a la adopción de políticas más «amigables con las mujeres» en áreas como la violencia doméstica y el cuidado de niños.
Dada la importancia de la representación de las mujeres en el ámbito de las políticas tanto intrínseca como instrumentalmente, ¿qué se puede hacer para acelerar su progreso? Las cuotas de género (las leyes que estipulan una participación o número de mujeres en cargos políticos) son una solución cada vez más común, y quizás uno de los principales impulsores de por qué ha aumentado la representación política. Sin embargo, incluso cuando existen cuotas, las normas informales pueden chocar con las estructuras legales formales, lo que lleva a situaciones en las que las cuotas no se aplican o se eluden estratégicamente. Por ejemplo, en nuestra región, vimos esto en el caso de las «Juanitas» y, más recientemente, las «Manuelitas» en México, donde las mujeres se postularon para cargos públicos en cumplimiento de las cuotas de género, pero luego renunciaron a su cargo y se lo cedieron a un hombre. Casos como éste revelan las normas y creencias discriminatorias profundamente arraigadas que aún tienen muchos sobre la capacidad de las mujeres para liderar. Además, según la Encuesta Mundial de Valores, en promedio en América Latina, el 23% de las personas todavía creen que «los hombres son mejores políticos que mujeres», lo que refleja la histórica cultura machista de la región.
Si bien las mujeres continúan enfrentando barreras tanto formales como informales para ingresar a la arena política en América Latina y el Caribe, la región representa un ejemplo positivo de cambio en muchos aspectos. No sólo ha aumentado la participación de mujeres en la política, sino que ha coincidido con el mejoramiento de los resultados de desarrollo equitativos en términos de género (como el logro por parte de las mujeres en la educación superior), así como con reglas del juego más equitativas en cuanto a género (como las leyes de cuotas de género). Estos logros, a su vez, han ayudado respectivamente a redistribuir un mayor poder de facto y de jure para las mujeres, lo que fortalece aún más su voz en el campo de las políticas y, posteriormente, su capacidad para hacer que el sistema responda mejor a las demandas y aspiraciones de las mujeres.
ATENEA, una asociación interinstitucional entre el PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, destinada a generar un diálogo basado en pruebas entre los actores nacionales para lograr la paridad política en ALC. La iniciativa ya se ha aplicado en ocho países entre 2014 y 2018 (Panamá, Chile, Uruguay, Honduras, México, Argentina, Perú y Guatemala) y se está implementando actualmente en tres países más: Colombia, Brasil y Bolivia. En varios de los países en los que ya se ha aplicado, sus conclusiones se utilizaron como aportación para debates sobre el tema, propuestas y/o proyectos jurídicos de reforma política para lograr la paridad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en una región que, aunque presenta importantes avances en el acceso a ciertas posiciones de representación política que todavía se enfrentan a desafíos importantes.
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