Julie* tiene sólo 10 años. Es una de las clientas en la clínica jurídica en Muganga, en Kivu del Norte. El papel de la clínica es de dar apoyo a las víctimas de violencia sexual y darles esperanza. El padre de Julie no entendió lo que le pasó a su hija y decidió castigarla, haciéndola faltar a la escuela. «Él pensaba que ella quería jugar a ser madre juntándose con un hombre, así que dijo que si quería ser madre, no iría más a la escuela», cuenta la madre.
El violador no tiene aún 18 años y está detenido en un centro de rehabilitación para menores. La mayoría de los violadores son hombres jóvenes sin ocupación. El nivel de desempleo de la región es de aproximadamente el 85 por ciento y esta desocupación forzada y la falta de educación los lleva a cometer toda clase de crímenes. La violencia sexual es un ejemplo trágico.
Aspectos destacados
- Las clínicas jurídicas dan servicios completos a las víctimas, desde atención médica y servicios jurídicos a la reintegración en la comunidad.
- Desde que se inició el proyecto en otoño de 2014, el personal ha seguido 4.000 casos, y entre ellos, 1.388 casos de víctimas de violencia sexual. Cerca de 800 casos han pasado a juicio, con más de 500 decisiones tomadas y se han pronunciado 385 veredictos.
- Un programa a gran escala de acceso a la justicia (2006-2013) otorgó apoyo psicosocial a 40.000 víctimas, lo que resultó en la reintegración social y económica de 13.843 mujeres y niñas.
Seguimiento completo
Éste es el contexto en el que el PNUD y la ONU han creado un programa conjunto para combatir la prevalencia de la violencia sexual en la zona oriental del país. El proyecto, coordinado por el PNUD y que cuenta con un financiamiento de 18 millones de dólares canadienses del Gobierno de Canadá, propicia un seguimiento completo a las víctimas y se ocupa de los aspectos médicos, psicológicos, legales, familiares, sociales, políticos, legislativos, educacionales y económicos.
Las víctimas son llevadas en primer lugar a un hospital para recibir cuidados médicos. Los médicos preparan un informe que sirve de prueba durante el juicio. Las víctimas también reciben apoyo psicosocial y pueden decidir hacer un juicio con la ayuda de la clínica jurídica. El asunto va entonces a la corte después de haber sido investigado. La clínica hace un cuidadoso monitoreo del proceso.
Este programa se inició en el otoño de 2014. El personal en 14 clínicas han realizado un seguimiento de 4.000 casos, entre ellos 1.388 casos de víctimas de violencia sexual. Cerca de 800 casos han ido a juicio, con más de 500 decisiones formuladas, y 385 veredictos. Más de 1.000 víctimas, 300 de ellas menores de edad, también se han beneficiado de una reintegración a su comunidad con el respaldo de centros comunitarios donde las mujeres reciben formación sobre cómo alcanzar la independencia económica.
Creando conciencia en la comunidad
Desafortunadamente, las víctimas a menudo dudan a la hora de denunciar la violencia sexual porque no tienen confianza en el sistema de justicia o tienen miedo de ser estigmatizadas. Muchas prefieren un acuerdo fuera de la corte. «Prefieren recibir US$ 200 en daños y perjuicios de parte de la familia del culpable que los US$ 450 que se les otorgan en un juicio», explica John, abogado responsable de estos temas.
Esta es la razón por la que el programa también asigna recursos a la prevención y concientización, de modo de cambiar el comportamiento y de permitir a las víctimas de violencia reintegrarse a una comunidad que tradicionalmente las rechaza.
La clínica jurídica de Muganga organiza sesiones de información para las mujeres y para los líderes comunitarios y los jefes locales. Es así como la madre de Julie encontró la clínica y se enteró de que había maneras de ayudar a su hija. Gracias a la mediación de la clínica, Julie ha vuelto a la escuela después de una ausencia de cuatro meses.
Éxito duradero
El PNUD combate la violencia sexual en la República Democrática del Congo hace bastante tiempo. Coordinó un programa de amplio espectro de acceso a la justicia desde 2006 a 2013 cuyo objetivo fue restablecer la confianza en el sistema jurídico, mejorando el acceso a las cortes para las víctimas de violencia sexual, enseñar a la policía cómo llevar a cabo investigaciones y a los jueces cómo procesar a los supuestos culpables.
El programa financió 85 proyectos por un presupuesto total de más de US$ 28 millones y ayudó a establecer 140 organizaciones comunitarias para proteger a las víctimas de violencia. Más de 25.000 víctimas de violencia sexual han recibido cuidados médicos y 40.000 han recibido apoyo psicosocial que condujo a la reintegración social y económica de 13.843 mujeres y niñas.
*Nombre ficticio.
