Coincidiendo con el día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), se publica el informe «Violencia contra personas LGTBI» elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe se ha diseñado con la idea de contribuir en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Medir la inclusión para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión son tareas fundamentales para la labor del PNUD. Sin embargo, en relación a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los datos son escasos, por lo que es difícil desarrollar un análisis eficiente de apoyo eficaz a políticas y programas.
Dichos actos de violencia, también conocidos como crímenes de odio o violencia por prejuicios, atentan contra grupos sociales específicos, ya sea por motivos étnicos, de nacionalidad, discapacidad, nivel socio-económico u orientación sexual, entre otros. Son actos que tienen un impacto simbólico en la sociedad con los que se pretende enviar un mensaje para atemorizar. En el caso de la violencia contra personas LGBTI, se trata de crímenes motivados por una orientación sexual y una identidad de género fuera de lo normativo y fuera también, de lo tradicionalmente aceptado.
Las personas LGBTI en la sociedad
Las personas LGBTI son vistas como desafiantes de las normas tradicionales y de las construcciones sociales sobre el género. La sola presencia de una persona transexual en un espacio público, por ejemplo, puede ser interpretada como una exhibición obscena. Otro factor tabú en la mayoría de las sociedades es el concepto de la intersexualidad. Los cuerpos de las personas intersex difieren de los estándares corporales «femeninos» y «masculinos». La noción de lo «intermedio» no tiene cabida dentro de los estigmas de lo que es masculinamente correcto o femeninamente correcto. La mayoría de las personas intersex pasan por procesos de cirugías de asignación de sexo y operaciones de los genitales, las cuales son practicadas sin su consentimiento, en hacerse, en la mayoría de los casos, en edades muy tempranas.
Debido a los prejuicios y a la discriminación, las personas LGTBI tienen menos posibilidades de acceder a servicios de salud, vivienda, educación y al mercado laboral formal. Esto hace que sean más propensos a poder caer en un círculo de vulnerabilidad continua, y que aumente, a su vez, el riesgo de entrar en situaciones de pobreza y violencia.
Las mujeres trans que ejercen trabajo sexual, por ejemplo, son particularmente vulnerables a la violencia en su entorno comunitario, inclusive a ser víctimas de asesinatos cometidos por sus clientes o grupos y pandillas. Algunas organizaciones latinoamericanas informan que la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 30 a 35 años de edad.
Existen otro tipos de actos contra las personas LGBTI, como la violencia sexual, denominada de manera inadecuada como correctiva, utilizada para sancionar y «castigar» y dirigida particularmente contra mujeres jóvenes y adolescentes contra mujeres jóvenes y adolescentes, así como su sometimiento a tratamiento psicoterapéutico e internamiento en clínicas.
En cuanto a los datos, la Comisión determinó que durante un período de quince meses al menos 594 personas LGBTI fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados con la percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Este número incluye 283 asesinatos de hombres gay y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género femenina. No obstante, los datos recopilados sobre esta problemática son escasos.
El papel de los Estados ante la discriminación contra las personas LGBTI
Algunos Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tienen vigentes leyes que criminalizan las relaciones sexuales y otros actos sexuales consensuales realizados en privado entre adultos, e incluso, un Estado tiene una ley que criminaliza el uso de prendas tradicionalmente asociadas a otro género. Estas leyes condonan socialmente el abuso, reproducen la intolerancia, y han sido utilizadas para justificar detenciones arbitrarias, abuso policial, extorsión y tortura.
Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia.
Recomendaciones del informe
Según los resultados del informe, los Estados deberían adoptar medidas para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar dicha violencia mediante:
– La recolección de datos para estudiar y evaluar el alcance y las tendencias de la violencia por prejuicio contra las personas LGBTI.
– La adopción de leyes específicas para juzgar y sancionar los crímenes de odio, así como leyes que prohíban las cirugías o intervenciones no necesarias realizadas sin consentimiento.
– Medidas para erradicar el estigma y los estereotipos negativos contra las personas LGBTI, como por ejemplo, las declaraciones públicas positivas por parte de autoridades del Estado.
– Involucrar a organizaciones, grupos y personas LGBTI en el proceso de toma de decisiones relativo al diseño de políticas públicas y legislación que afecte a sus derechos.
La adopción de estas disposiciones legales tiene un impacto simbólico en el reconocimiento de estas formas de violencia y envía un fuerte mensaje a la sociedad de que el Estado toma con seriedad estos crímenes.
