La violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos histórica y actualmente agravada debido a la pandemia por COVID-19. Las medidas de aislamiento impuestas por los gobiernos como esfuerzo para prevenir la propagación del virus forzó a las víctimas a convivir con sus agresores y los mecanismos de contención y asistencia institucionales se vieron afectados. En este sentido, el cierre temporal de las escuelas puso en riesgo mayor a las niñas y niños, quienes no pudieron acceder al equipo docente para que puedan identificar y atender situaciones de violencia. En este contexto, las llamadas telefónicas y consultas a los números habilitados por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se incrementaron, lo que indica un aumento del número de casos de violencia doméstica denunciados en esta emergencia sanitaria.

 

Con el fin de contrarrestar esta situación, 9 agencias de la ONU se reunieron para proponer soluciones que puedan ayudar a fortalecer las capacidades institucionales existentes del Gobierno Nacional para contrarrestar la situación. Es asi como nace el proyecto “Paraguay protege a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, en el contexto de la emergencia por Covid-19”, el cual planteó una serie de acciones estrategicas que colaboren con la prevención y atención de casos de violencia en Paraguay; así como el desarrollo de acciones comunicacionales que permitan llegar a grupos vulnerables, incluyendo áreas rurales. Este Proyecto cuenta con alianzas importantes y un trabajo de coordinación entre institucionales estatales y las agencias de las Naciones Unidas; entre ellas el Ministerio de la Mujer (MM), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Ministerio del Interior (MI) y el Poder Judicial (PJ).

 

Entre las agencias de las Naciones Unidas involucradas se puede citar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como líder del proyecto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); contando con un presupuesto total de 250 mil dólares, con Fondos Globales del PNUD y un plazo de ejecución de 6 meses: de mediados de abril hasta septiembre del 2020.

Uno de los primeros pasos fue dotar de recursos materiales al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, al Ministerio de la Mujer y a la Corte Suprema de Justicia para que el personal pueda contar con los insumos tecnologicos necesarios para agilizar sus operaciones y ofrecer una mejor calidad en los servicios de recepcion y procesamiento de denuncias. Bajo el objetivo de potenciar las capacidades, se contrató 16 profesionales del área, entre ellos psicólogos/as, abogados/as, trabajadoras sociales y capacitadores/as para fortalecer los servicios de atención de casos en el Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Ninez y Adolescencia. Además, se realizaron capacitaciones al personal técnico de manera presencial y virtual, en capital y ciudades del interior del país. 

También, se elaboraron dos protocolos: uno de atención de casos de violencia para establecer mecanismos de diagnóstico y monitoreo permanente de situaciones para el Poder Judicial y el otro para la denuncia de hechos de Acoso Laboral, Mobbing y Acoso Sexual, en la misma institución.

Sin embargo, estas acciones solo fueron el inicio de un trabajo articulado que generó gran impacto. Por eso, con el fin de concienciar a la ciudadania sobre la importancia de romper el silencio, de reconocer casos de violencia y de realizar las denuncias correspondientes, el proyecto apoyó la campaña #TodosSomosResponsables la cual fue impulsada por el MINNA y tuvo como objetivo poner fin a la violencia entre niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de maltrato, abuso o castigo físico en el Paraguay; contando con la difusión masiva de spots radiales, televisivos y flyers en redes sociales.

Sumando a las herramientas comunicacionales como instrumento para mitigar y desnaturalizar los casos de violencia, el Ministerio de la Mujer propuso realizar una ampliación de la campaña “VIOLENCIA CERO, METÉTE” en el marco del mismo proyecto. En esta nueva fase apoyada se ampliaron los mensajes para prevenir la violencia hacia las mujeres rurales y de las comunidades indígenas en sus lenguas nativas. Asi tambien, se dispuso la elaboracion de Kits de Capacitacion sobre Crianza Positiva, para incrementar el conocimiento de los padres y madres sobre los derechos de la niñez y brindar herramientas concretas y constructivas para resolver un conflicto entre padres, madres, hijas e hijos.

Como cierre del proyecto, se entregaron obras de mejoramiento para las instituciones involucradas: un montaje de Sala de Situación para el Ministerio de la Mujer, una Sala de Situación para el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, equipamiento (cabinas y equipos telefónicos) y obras de mejora para el sistema de recepción denuncias de Fono Ayuda 147, la refacción del Centro Regional de las Mujeres y del Albergue de Mujeres en Curuguaty, al igual que la refacción del Centro Regional de las Mujeres en Filadelfia. Esto incluye una la donacion de viveres en conjunto con la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) para 250 familias de la comunidad indígena La Esperanza, en el Distrito de General José María Bruguéz, Departamento de Presidente Hayes (Chaco), con el fin de brindar aistencia a mujeres de indígenas vulnerables de la región.

Sin duda alguna, el proyecto “Paraguay protege a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, en el contexto de la emergencia por Covid-19” logro demostrar que uniendo fuerzas, se puede lograr un mayor impacto para el bienestar de los grupos mas vulnerables, por un Paraguay mas equitativo, justo, pacifico, sin dejar a nadie atrás.

 

 

 

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