En los últimos 12 años, 60 millones de personas en América Latina y el Caribe salieron de la pobreza (según la definición de la línea de pobreza de 4 dólares al día) y cerca de 90 millones se incorporaron a las clases medias (según la línea de 10 a 50 dólares por día). Desde el año 2002, tres factores fueron determinantes en la reducción de la pobreza en la región: las mejoras en ingresos laborales, la ampliación de transferencias sociales y los cambios demográficos que han incrementado la participación de jóvenes y mujeres en los mercados laborales. A pesar de este progreso, quedan todavía muchos grupos – en especial mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afro-descendientes y personas mayores- excluidos de mercados laborales dinámicos y que no se benefician de las redes de protección social existentes. Para poder progresar, las brechas de desigualdad, exclusión y discriminación tienen que estrecharse. (RHDR, 2015) Un mayor crecimiento económico no conduce necesariamente a generar un mayor progreso social, sin embargo debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.
La mirada de género evidencia que las causas y la situación de pobreza de hombres y mujeres son en algunas ocasiones diferentes: las carencias que enfrentan unos y otras son de distinta naturaleza y las personas enfrentan obstáculos diversos para salir de ella. También nos permite observar que mujeres y hombres no son grupos homogéneos sino diversos y señala la importancia de cruzar el género con otras variables como clase, edad, etnia, raza, discapacidad y ámbito rural/ urbano, para poder comprender realmente este fenómeno y sus implicaciones.
La incorporación de la perspectiva de género al análisis de la pobreza también ha permitido ver otros tipos de pobreza más allá de la carencia de ingresos: pobreza de tiempo, de oportunidades y de trabajo, la pobreza al interior de los hogares, la falta de vínculos sociales, la limitación de libertades políticas, etc., que deben ser tomadas en cuenta en las estrategias de lucha contra la pobreza.
Sin embargo, en muchas ocasiones tanto la medición como el análisis de la pobreza siguen siendo ciegos al género. Una de las fuertes críticas que se realizan desde la perspectiva de género, es que en la medición se toma únicamente como unidad de análisis el hogar, obviando las brechas de género y de edad, así como las relaciones de poder asimétricas que existen en su interior. Así, este tipo de mediciones acaban afirmando que no hay diferencias relevantes entre la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza entre hombres y mujeres.
Asimismo la perspectiva de género suele estar todavía ausente en las políticas anti pobreza. Muchas de ellas han introducido medidas para superar la pobreza de las mujeres, pero en general estas iniciativas han tenido un marcado carácter asistencial, y las mujeres han sido identificadas principalmente como madres e intermediarias para el reparto de los beneficios en las familias, lo que supone un aumento del trabajo para ellas. Estas políticas, en general, no han sabido involucrar a los hombres ni al estado en las tareas domésticas y de cuidado, y han propuesto a las mujeres actividades de generación de ingresos desvinculadas del mercado, informales e insostenibles.
El paradigma de desarrollo humano supera la visión más economicista de la pobreza y define la pobreza humana como la carencia del nivel mínimamente aceptable de capacidades que sufren las personas, para satisfacer sus necesidades humanas y fundamentales (PNUD, 1997). De esta forma, la equidad, la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los derechos humanos son condiciones necesarias para poder reducir la pobreza. Estas mismas metas están incluidas en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) adoptados por los países en septiembre del 2015 como parte de la Agenda 2030, y en particular en el Objetivo 1 “Fin de la pobreza”, en la meta 1.2) Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales; meta 1.4) Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación; y meta 1.7) Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.