En la región ha habido avances significativos en los marcos normativos que reconocen la Violencia Contra las Mujeres como un fenómeno social que afecta a las mujeres, sus familias y comunidades, al desarrollo sostenible y a la protección de los derechos humanos.  Así, el estudio Del Compromiso a la Acción refleja que 31 de los 33 países de la región, es decir el 94%, ya contaban en 2016  con algún tipo de plan de los cuales 15 son específicos contra la violencia de las mujeres, un aumento del 66% con referencia a 2013; el 30% de los países de la región ya han sancionado leyes integrales (de Segunda Generación) para el abordaje de la violencia contra las mujeres, y 16 países han tipificado el delito de femicidio.

 

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