El concepto de inclusión financiera ha evolucionado en el tiempo, desde el acceso de las personas y las empresas a los servicios que contribuyen a satisfacer sus necesidades financieras -transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro-, hacia el uso de productos innovadores y de calidad, la inclusión de prácticas responsables y la educación de los consumidores.
Así, impulsar un sistema financiero inclusivo implica brindar acceso a productos y servicios financieros a quienes carecen de ellos; mejorar y perfeccionar su uso por parte de quienes están insertos en el circuito financiero formal y promover la educación financiera de la población.
En la actualidad más personas acceden a productos financieros formales, especialmente, son titulares de cuentas. En 2017 el 55% de las personas de 15 años o más en América Latina y el Caribe tenía una cuenta abierta en una institución financiera o a través de un proveedor de dinero móvil, mientras lo hacía solo el 39% en 2011 (Global Findex – Banco Mundial, 2017).
El mayor acceso a los productos y servicios financieros fue impulsado por el avance tecnológico y las políticas de creación de cuentas básicas e intervenciones gubernamentales, como el pago de programas de transferencias monetarias condicionadas a través de una cuenta en el sistema financiero.
Pese a ese notable crecimiento, la proporción de la población en la región con una cuenta es menor al promedio de las economías en desarrollo a nivel mundial (63%) y muy inferior al promedio de las economías de altos ingresos (94%) (Global Findex – Banco Mundial, 2017). Además, persisten desigualdades entre los países y al interior de los mismos entre diferentes grupos poblacionales. En especial, las mujeres, los jóvenes, las personas con menores niveles educativos, se encuentran fuera del mercado de trabajo, viven en zonas rurales y están en situación de pobreza, tienen mayores probabilidades de estar excluidos del sistema financiero.
Comparadas con los hombres, las mujeres de la región son menos propensas a tener una cuenta (49% y 33%, respectivamente) y a usarla, así como a ahorrar y/o tener créditos del sistema financiero formal (Global Findex – Banco Mundial, 2017).
Hay dos factores principales que limitan la demanda de financiamiento formal por parte de las mujeres: la exigencia de garantías crediticias y la asimetría de la información, que puede ser fuente de exclusión voluntaria. Además, las brechas de género en el sistema financiero responden a diferentes factores, tales como la desigualdad entre hombres y mujeres en la inserción laboral, el nivel de ingresos, la tenencia de propiedad y la educación financiera, aspectos en los cuales las mujeres se encuentran en desventaja.
La falta de acceso a los productos y servicios financieros es una barrera para el progreso y el empoderamiento económico de las mujeres, ya que les dificulta gestionar el riesgo, emprender o invertir en un negocio y financiar gastos de educación. Muchas mujeres en la región son microemprendedoras y el acceso a recursos financieros es indispensable para ampliar, diversificar y mejorar la calidad de su producción y acrecentar su autonomía económica.
Los retos para la inclusión financiera no son sencillos, pero se está avanzando en el camino correcto. En particular, se ha promovido el acceso de la población a los productos y servicios financieros mediante el microcrédito, la digitalización de pagos de los gobiernos, el desarrollo de canales de distribución alternativos y/o digitales y la simplificación de requisitos, productos y procedimientos. Pese a ello, existen oportunidades de mejora, especialmente en el uso de la tecnología, las reformas regulatorias, la educación financiera y la implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera.
Avanzar efectivamente en la inclusión financiera de los grupos tradicionalmente postergados, como las mujeres, es un componente esencial para la reducción de la pobreza y la sostenibilidad del desarrollo. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible brinda una oportunidad clave para renovar los compromisos asumidos por los países en esta materia.
1. Consultora del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD en temas de género y autonomía económica de las mujeres. Este blog se elaboró sobre la base del Informe Regional: “Removiendo las barreras de la inclusión financiera de las mujeres y otros grupos poblacionales en América Latina y el Caribe”.
