La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han tomado medidas para proteger a las mujeres y niñas del impacto sanitario, económico y social de la crisis del COVID-19. Foto: PNUD Costa Rica
20 de noviembre, Ciudad de Panamá, Panamá. América Latina y el Caribe registra un total de 574 medidas, de las cuales 261 medidas son sensibles al género implementadas en 33 países y territorios de los 43 analizados para la región, según los datos publicados por el Rastreador Global de Respuestas de Género, una herramienta coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo sustantivo de ONU Mujeres que recopila las informaciones y las medidas adoptadas por los países, presentando regionalmente el día de hoy.
El Rastreador – que incluye más de 2.500 medidas en 206 países y territorios – analiza las acciones gubernamentales con una perspectiva de género en tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, las que ponen en perspectiva que son las mujeres las que asumen la mayor parte de la carga de los cuidados y del trabajo no remunerado, y las medidas que fortalecen la seguridad económica de las mujeres.
“Los países de la región han hecho un gran esfuerzo para mitigar el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19, sin embargo, la crisis amenaza con borrar décadas de progreso para las mujeres y niñas. Las mujeres deben estar en el centro de la respuesta y la recuperación. El Rastreador Global es una herramienta que busca apoyar a los gobiernos a tomar mejores decisiones de políticas al compartir buenas prácticas y monitorear las medidas de respuesta en todo el mundo para abordar la crisis del COVID-19 destacando aquellas que abordan los impactos en las mujeres y las brechas de género”, expresó María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
La mayoría de las medidas adoptadas en la región abordan la violencia contra las mujeres, 177 medidas en 29 países, lo que corresponde al 67.8% del total de medidas aplicadas en la región. De las medidas vinculadas a la seguridad económica, el 23,4% tiene el foco en las mujeres (61 medidas), mientras que el trabajo doméstico no remunerado se contempla en el 8.8% con 23 medidas.
“La crisis generada por el COVID-19 tiene efectos diferenciados y desproporcionados sobre las mujeres. Sin embargo, no afecta a todas las mujeres de la misma manera: las mujeres con menores recursos, las que trabajan en el sector informal, las mujeres indígenas y afrodescendientes y las mujeres jóvenes, entre muchas otras, son la que mayor afectación padecen. El PNUD ha propuesto una agenda multidimensional que asegure una gobernanza inclusiva y efectiva, protección social universal, economía verde, y digitalización para todas y todos. Este nuevo rastreador de respuestas de género al COVID-19 busca ayudar a los gobiernos a mejorar y acelerar las políticas económicas, fiscales y sociales para que incluyan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, afirmó Luis-Felipe López-Calva, Director Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han tomado medidas para proteger a las mujeres y niñas del impacto sanitario, económico y social de la crisis del COVID-19. Entre ellas se destacan algunos países.
En Antigua y Barbuda, por ejemplo, se creó el Programa de Asistencia Alimentaria ante la emergencia del COVID-19, que proporciona paquetes de alimentos y medicamentos esenciales a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, especialmente personas adultas mayores que viven solas, hogares encabezados por mujeres, personas con discapacidad y personas desempleadas con niñas y niños.
Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay han tomado medidas para apoyar emprendimientos de mujeres a través de préstamos subsidiados, capacitaciones virtuales, educación financiera, entrega a domicilio y plataformas de marketing digital.
En Costa Rica los servicios de cuidado infantil de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) han continuado funcionando durante toda la emergencia de salud para permitir que los padres y madres sigan trabajando sin tener que trasladar la carga a los abuelos y abuelas u otros grupos de alto riesgo dentro sus redes de apoyo familiar.
En Cuba, durante un mes, un subsidio cubre el salario total de los trabajadores responsables de los niños y niñas cuyas clases fueron suspendidas. Después de ese plazo, si continúa el cierre de las instalaciones educativas, los y las cuidadores tienen garantizado el 60 % del salario mínimo.
En Panamá, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial forman parte de un grupo intersectorial creado por la Ministra de Desarrollo Social para responder a la violencia contra las mujeres durante la emergencia de COVID-19
En Argentina, los refugios para sobrevivientes de violencia fueron identificados como servicios esenciales para asegurar su funcionamiento continuo. Asimismo, desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad se coordinó con los sindicatos, el sector privado y los gobiernos locales para que los hoteles pudieran ser utilizados como refugios, ampliando así la red de refugios disponibles.
Si bien los países han adoptado importantes medidas que tienen en cuenta el género, éstas sólo serán eficaces si se financian adecuadamente y se mantienen a lo largo del tiempo. Más aún, las medidas adoptadas en respuesta al COVID19 que no incorporan la perspectiva de género, tendrán impactos de género que no se están considerando en su diseño e implementación.
Es necesario que los servicios de respuesta y prevención de la violencia contra las mujeres se decreten servicios esenciales, que cuenten con un financiamiento adecuado sin reducciones presupuestales a pesar del contexto, y que formen parte integral de los planes de respuesta nacionales y locales al COVID-19. Los paquetes fiscales que se encuentran en implementación y diseño para la recuperación de la crisis deberán contribuir a garantizar que las mujeres no queden excluidas de la respuesta y la recuperación de la pandemia.
Es imperativo que los gobiernos apoyen la participación activa de las mujeres en los procesos de liderazgo y adopción de decisiones en su respuesta a la crisis provocada por el COVID-19 e invertir en datos desglosados por sexo para asegurar que se reconozcan y se aborden eficazmente los efectos de la pandemia en función del género.
Nota para los/las editores/as:
El Rastreador Global de Respuestas de Género al COVID-19 se basa en información disponible al público, incluyendo documentos oficiales, encuestas a expertos/as de ONU Mujeres y del PNUD en todo el mundo. Se utilizó insumos del Observatorio Regional de COVID-19 lanzado en mayo de 2020 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y ONU Mujeres.
Para obtener más información y entrevistas con los medios, comuníquese con:
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