A partir de Belem do Pará[1] las convenciones internacionales han trazado objetivos específicos para abordar la violencia que sufren las mujeres, como una manifestación extrema de discriminación estructural y social de su entorno. Desde 2015, la Agenda 2030 coloca esta problemática como un obstáculo para el desarrollo a través de una meta en el ODS 5.
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En República Dominicana la Constitución y la END 2030[2] establecen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. También se cuenta con una ley específica, 24-97, así como otros marcos, mecanismos, planes estratégicos y comisiones para la prevención, atención y sanción de este flagelo.
A pesar de los esfuerzos nacionales y al amparo de pautas internacionales, el feminicidio -máxima expresión de la violencia de género- ha venido aumentando dramáticamente. En el 2016 hubo un total de 88 feminicidios y a octubre de este año se reportan 83[3] casos. Si la tendencia se mantiene a este ritmo, es probable que en 2017 el país supere el tercer lugar después de El Salvador y Honduras, que exhiben las tasas más altas de feminicidios en la región.[4]
El feminicidio[5] no logra un consenso en su definición debido a su alcance e implicaciones. Sin embargo, la mayoría de los países[6] lo reconocen como un delito. unes preciso utilizar un término diferente al homicidio, que permita visibilizar la gravedad de la situación de subordinación y riesgo que atraviesan las mujeres y que afecta a toda la sociedad.
A pesar de esto la mayoría de agresores no son condenados, y el 80% de casos de violencia no se denuncian. Del 2005 al 2016 fueron asesinadas 2,259 mujeres[7], con el agravante de que estas muertes no corresponden a casos aislados, sino a una larga cadena de maltratos, agresiones y en muchos casos mutilaciones que atraviesan varios tipos de violencias de género provocados en la gran mayoría por parejas o exparejas de las víctimas.[8]
Un informe del PNUD[9] indica que el acto es característico de un sufrimiento prolongado antes de provocar la muerte, mostrando tortura, y violación sexual, entre otros. No solo el camino es tortuoso sino también el acto en sí, como lo fue el reciente caso de la adolescente Emily Peguero, cuyo cadáver mutilado y con un aborto inseguro fue encontrado en una maleta provocando una gran consternación a nivel nacional que reactivó el movimiento #niunamenos.
Es hora de reconocer la raíz del problema en nuestra sociedad machista que otorga al hombre la propiedad sobre la mujer. La personalidad violenta no nace, se hace. Es preciso provocar cambios que evoquen a una transformación cultural desde el sistema educativo, las familias y sociedad en su conjunto, que desarrollen formas más igualitarias de ser mujeres y de ser hombres.
Con una mayor voluntad política, recursos y mayor fiscalización para detener la impunidad y corrupción, la violencia contra las mujeres debe ser colocada en un espacio de relevancia que impacte cómo se diseñan los espacios institucionales, se formulan políticas públicas y se definan prioridades de intervención.
