El 22 de noviembre 2017 en el Parlatino en la Ciudad de Panamá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres lanzaron el informe “Del Compromiso a la Acción: Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, con la participación de más de 120 legisladores. El informe subraya que, aunque la región ha avanzado mucho en los marcos legislativos se reconoce que la violencia contra la mujer afecta a las mujeres, sus familias y comunidades, así como el desarrollo sostenible, el problema persiste, y las altas tasas de violencia contra las mujeres siguen siendo un desafío grave.

América Latina y el Caribe, registra las tasas más altas de violencia contra la mujer fuera de la pareja, afectando a una de cada 10 mujeres y la segunda tasa más alta dentro de ella, afectando a 3 de cada 10 mujeres. 98% de los casos de violencia es ejercida por un hombre hacia una mujer y el agresor es la pareja o ex pareja de la mujer o un familiar directo. En 2016 un total de 1.998 mujeres de 17 países de la región (14 de América Latina y 3 del Caribe) fueron víctimas de femicidio o feminicidio (CEPAL), mientras que en 2015 se registraron 1661. En 15 países del Caribe, sólo en el año 2014, 1678 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer (CEPAL 2015).

En materia legislativa, otro logro a celebrar es que 18 países de la región han avanzado en la aprobación de legislación que sanciona las muertes violentas de mujeres por razones de género (feminicidio/femicidio)”, expreso Lara Blanco, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres e hizo un llamado a que “las y los parlamentarios presentes contribuyan a transformar   los persistentes patrones culturales patriarcales que impiden cambios culturales y transformaciones más profundas. También invito a los Mecanismos de Avance de la Mujer a comparecer en las comisiones parlamentarias, para que se aseguren mejores leyes para erradicar la violencia contra la mujer.

Para enfrentar el problema, el informe recomienda un verdadero compromiso asegurando que la implementación de las políticas y los planes cuente con un presupuesto adecuado. Mas allá, el reporte hace énfasis en con un enfoque integral y una mayor cooperación, como puntos clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. El informe invita a generar pactos sociales entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para involucrar a todos los actores relevantes; la creación de planes nacionales a nivel local y políticas con un enfoque multidimensional; fortalecer las acciones de reparación de las víctimas, especialmente aquellas enfocadas en su empoderamiento económico; y trabajar con los hombres, especialmente los jóvenes, para sumarlos como socios en la lucha para terminar con la violencia contra las mujeres.

Como lo señaló Richard Barathe, Director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD: “Hay que expandir y fortalecer los programas de prevención y educación, y sobre todo, trabajar con hombres y niños como aliados para transformar las relaciones íntimas en relaciones de paz y las masculinidades violentas en nuevas identidades más solidarias y comprometidas con erradicar relaciones violentas. Los hombres y los jóvenes son socios principales en la lucha por acabar con la violencia contra las mujeres, tal como proponen los ODS 2016”.

Todavía son muy pocos los países que sancionaron leyes de segunda generación en la región; sólo 9 de los 33 países (27%) (México, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela, Estado Plurinacional de Bolivia y Panamá), representando un poco más de un cuarto de los países de la región.

Barathe agregó que: “Desde el PNUD, estaremos poniendo en práctica lo que predicamos. A partir del 2018, estaremos redoblando nuestros esfuerzos en Violencia contra la mujer en partería con gobiernos de la región y con el apoyo de bancos regionales y el gobierno de Corea. Trabajaremos con varios gobiernos en el diseño de estrategias integrales y acciones estratégicas y con municipalidades en la creación de pactos sociales”.

Para reducir y erradicar la violencia contra las mujeres, el Estado y los legisladores tienen un rol importante, en la elaboración y la sanción de las leyes. Como lo expresó Rolando Gonzalez, Secretario General del Parlatino: “Ustedes (diputados/as) tienen la capacidad de impulsar políticas y planes nacionales en materia de violencia contra las mujeres que tengan un enfoque integral y que cuenten con ejes centrados en la prevención, atención y reparación de la violencia. Agregó “finalizo exhortándoles a reflexionar sobre todo lo expuesto e invitándoles a aprovechar las claves que ofrece este estudio para que nuestra labor parlamentaria se traduzca en acciones, haciendo posible un marco normativo que aborde de forma integral la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los estándares regionales e internacionales de derechos humanos”.

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Jessica Suárez, Hub Regional PNUD- [email protected]