La importancia y la implementación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como de las recomendaciones y resoluciones de mecanismos de derechos humanos, en la respuesta de las instituciones de justicia a los casos de violencia contra las mujeres, fue el tema central del tercer diálogo sobre violencia contra las mujeres.
El ciclo de diálogos nacionales y locales es organizado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, a través de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y se enmarca en la Iniciativa Spotlight, un asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas.
En el tercer foro, denominado “Control de convencionalidad y estándares de debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y las niñas”, se enfatizó que el país ha ratificado distintos convenios internacionales y regionales de derechos humanos que pueden servir para una administración de justicia más eficaz y centrada en el ser humano.
Entre estos instrumentos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Plataforma y Plan de Acción de Beijing; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Además, el país ha recibido recomendaciones, opiniones consultivas y resoluciones sobre distintos casos, cuyos parámetros pueden aportar al trato digno hacia las víctimas en la aplicación de la justicia.
“Estos instrumentos favorecen la respuesta integral e integradora que se puede requerir en los casos concretos para una defensa técnica efectiva y para quienes tienen el rol de investigación de los hechos cometidos. De igual forma, favorece una intervención judicial con rostro humano”, enfatizó la Representante del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.
La directora de la UTE, Kenia Melgar de Palacios, destacó que es importante analizar, comprender y aplicar los estándares internacionales en el sistema de justicia nacional, “mediante la utilización del marco convencional por parte de cada uno de los actores en el marco de sus competencias”.
Control de convencionalidad
La Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sra. Romina l. Sijniensky, explicó que el control de convencionalidad es un instrumento para aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en el derecho interno y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Este control permite potenciar la eficacia de estas normas a nivel interno y prevenir violaciones de derechos humanos. “Es un control que tienen que realizar todas las autoridades estatales, especialmente los jueces, entre las normas internas y la CADH, teniendo en cuenta el texto mismo y la interpretación de la CIDH, en el marco de las respectivas competencias y regulaciones procesales”, apuntó.
Para la administración de justicia e investigación de casos de violencia contra la mujer, señaló, algunos estándares internacionales tienen especial relevancia: los relacionados con el acceso a la justicia en general, y para grupos en situación de vulnerabilidad; la obligación de investigar, especialmente las graves violaciones de derechos humanos y la violencia contra la mujer; el estándar de debida diligencia reforzada en casos de violencia contra mujeres y niñas; y la no utilización de estereotipos en decisiones judiciales. Estos estándares están sistematizados en el Cuadernillo de Jurisprudencia de la CIDH número 4, disponible en su sitio web.
La Secretaria Adjunta de CIDH también compartió el análisis de una serie de casos de violencia contra la mujer en la región, donde se identificó la falta de debida diligencia de las autoridades estatales en la investigación; prácticas y violencia verbal basadas en estereotipos nocivos, entre otros. “La violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos”, enfatizó.
Agregó que el deber de debida diligencia por parte de los estados requiere la adopción de medidas integrales, es decir, de contar con un adecuado marco jurídico; aplicarlo efectivamente; tener políticas integrales de prevención; así como prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante la denuncia, incluyendo medidas de protección.
“Esto requiere el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en este tipo de casos. Estos diálogos son muy importantes para fortalecer las capacidades de los operadores de justicia”, dijo la Sra. Sijniensky.
La Directora de la UTE, Kenia Melgar de Palacios, también enfatizó que se debe seguir apostando por la profesionalización de las y los operadores, especialmente de quienes conforman las unidades de atención especializada para la mujer. Además, la prestación de los servicios debe ser continuamente evaluada, para “procurar que la atención a las mujeres víctimas de violencia sea cada vez más eficaz y armónica entre las instituciones”.
El foro también contó con la intervención del Fiscal General Adjunto de la República, Alan Hernandez; la Jueza especializada de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación de las mujeres, Amelia Velásquez, y la Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condición de Vulnerabilidad de la FGR, Marina Ortega.
